La competencia en la ejecución de sanciones económicas es exclusivamente judicial porque garantiza el respeto absoluto al principio de legalidad, la defensa y los derechos fundamentales del penado y de las víctimas, y evita que la administración pueda alterar, interpretar o condicionar el contenido y cumplimiento de penas impuestas únicamente por los tribunales penales.
Mariam Bataller...