La expulsión es, para muchas personas extranjeras condenadas en España, la decisión más determinante de todo el procedimiento. Para unas es una salida que evita años de prisión. Para otras rompe una vida construida aquí durante décadas.
En Bataller Abogados trabajamos las dos caras: solicitamos la expulsión cuando conviene al cliente, y nos oponemos a ella cuando hay arraigo que defender.
Conviene distinguirlas desde el principio porque se rigen por normas distintas y se recurren ante órdenes jurisdiccionales distintos.
La expulsión judicial la acuerda un juez o tribunal penal al amparo del artículo 89 del Código Penal, sustituyendo una pena de prisión de más de un año. Se recurre por la vía penal y lleva aparejada una prohibición de regreso de cinco a diez años.
La expulsión administrativa la acuerda la Administración al amparo del artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, por haber sido condenado por una conducta dolosa que constituya delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año. Se recurre por la vía contencioso-administrativa.
Una misma condena puede abrir las dos puertas. Por eso hay que anticipar ambas y coordinar la estrategia desde el principio.
Análisis de si procede, negociación del alcance —expulsión total o parcial—, y defensa en la audiencia prevista en el artículo 89. Más detalle en sustitución de la pena por expulsión.
Cuando la persona tiene familia, hijos o residencia consolidada en España, hay argumentos sólidos de proporcionalidad, artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos e interés superior del menor. Consulta evitar la expulsión por arraigo.
El régimen es mucho más protector: se exige una amenaza real y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad, y la condena por sí sola no basta.
Clasificación, permisos y libertad condicional condicionan el momento de la expulsión. Trabajamos el expediente penitenciario en paralelo: consulta derecho penitenciario.
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