La sentencia no es el final. Cuando una condena adquiere firmeza empieza una fase distinta —la ejecución— en la que se decide algo tan concreto como si la persona ingresa o no en prisión, cuánto tiempo cumple realmente y en qué condiciones.
Es una fase técnica, con plazos cortos, que muchos despachos abandonan una vez dictada la sentencia. En Bataller Abogados es justo donde concentramos el trabajo, junto con el derecho penitenciario.
La ejecución penal comprende todo lo que ocurre desde la firmeza de la sentencia: la liquidación de condena, las alternativas al ingreso en prisión, el cómputo y la acumulación de las distintas causas, las penas de multa y sus consecuencias, y las penas alternativas como los trabajos en beneficio de la comunidad.
La regula fundamentalmente el Código Penal en sus artículos 80 y siguientes, junto con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El órgano competente es, por regla general, el tribunal sentenciador.
Es la vía principal para evitar el ingreso en prisión con condenas de hasta dos años, y hasta cinco en supuestos de drogodependencia. Requiere preparación y documentación, y conviene plantearla antes de que el juzgado resuelva. Más detalle en suspensión de la pena.
Cuando no se puede pagar una multa penal, la ley prevé una responsabilidad personal subsidiaria que puede acabar en privación de libertad. Existen alternativas —fraccionamiento, trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente— que hay que solicitar a tiempo. Consulta impago de multa.
Cuando hay varias sentencias, el artículo 76 del Código Penal fija límites máximos de cumplimiento y el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal articula el procedimiento de acumulación jurídica. Una acumulación bien planteada puede reducir de forma sustancial el tiempo efectivo de cumplimiento. Amplía en acumulación de condenas.
Para personas extranjeras condenadas, el artículo 89 del Código Penal permite sustituir la prisión por la expulsión del territorio nacional. Es una decisión con consecuencias de largo alcance. Lo tratamos en sustitución de la pena por expulsión.
En ejecución penal los plazos se cuentan en días y las decisiones se encadenan: una petición de suspensión mal preparada condiciona el ingreso; un cómputo mal hecho arrastra años; una multa impagada sin alternativa solicitada acaba en privación de libertad.
Por eso insistimos en consultar antes de que la sentencia sea firme, o en cuanto lo sea. El margen de actuación es mucho mayor entonces que cuando llega el requerimiento de ingreso.
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