Cierre de prisiones en Europa

 

De las celdas domóticas al cierre de prisiones en Europa: por qué construir prisiones más “amables” no resuelve el colapso del sistema penal.

Mariam Bataller

 

Europa asiste a una transformación penitenciaria sin precedentes: mientras países como los Países Bajos proceden con el cierre de prisiones para reconvertirlas en espacios urbanos, otros como España o Francia lidian con un hacinamiento crónico inaugurando centros dotados de inteligencia artificial y diseños “curativos”. Sin embargo, tras el discurso oficial de humanización y arquitectura sostenible, subyace una realidad incómoda. Las nuevas cárceles, más luminosas y tecnológicas, siguen llenándose rápidamente ante el endurecimiento de las políticas penales y la escasez de recursos sanitarios. ¿Estamos ante una verdadera evolución hacia la reinserción o simplemente ante un sofisticado lavado de cara del castigo tradicional?

Europa está viviendo una transformación penitenciaria profunda, pero también profundamente contradictoria. En algunos países hay cierre de prisiones antiguas porque el número de presos ha bajado o porque esos edificios ya no cumplen unos estándares mínimos de habitabilidad, mientras que en otros se construyen nuevos centros a toda velocidad para intentar absorber el hacinamiento y el crecimiento de la población reclusa. Esa doble realidad ha instalado en el debate público una idea cada vez más repetida: la de que Europa estaría entrando en una era de prisiones más modernas, más humanas y más orientadas a la rehabilitación.

El problema es que esa narrativa, aunque contiene una parte de verdad, también simplifica mucho lo que está ocurriendo. Una cárcel nueva no es necesariamente una cárcel mejor, igual que el cierre de prisiones viejas no significa por sí solo una reducción del recurso al encierro. En demasiadas ocasiones, el cambio es más visible en la arquitectura que en la filosofía penal: se sustituyen muros antiguos por edificios luminosos, se incorporan tecnologías avanzadas y se renueva el lenguaje institucional, pero siguen creciendo la presión punitiva, la conflictividad interna, la falta de personal sanitario y la dificultad para convertir la prisión en un espacio real de reinserción.

Por eso, cuando se habla de modernización penitenciaria, conviene mirar más allá de la estética del edificio. Hay que observar cuántas personas entran en prisión, cuánto tiempo permanecen allí, qué atención reciben, cómo viven los trabajadores penitenciarios, qué papel desempeña la tecnología en el control diario y si el sistema está pensado para una población reclusa cada vez más compleja, más envejecida y más atravesada por problemas de salud mental.

Entre el cierre de prisiones y el retorno del hacinamiento

El panorama europeo no responde a un solo patrón. Según los datos más recientes utilizados en el reportaje base, en la Unión Europea había en torno a 499.000 personas privadas de libertad en 2023, con señales de repunte tras años de oscilación. A partir de ahí, el mapa se fragmenta: hay países con plazas vacías y capacidad ociosa, y otros con niveles de ocupación que desbordan cualquier margen razonable de gestión.

Esa fractura es esencial para entender la cuestión. No existe una sola Europa penitenciaria, sino varias Europas penitenciarias superpuestas. En una de ellas, la prisión retrocede y se discuten alternativas al encarcelamiento; en otra, la prisión vuelve a crecer y obliga a improvisar respuestas urgentes. Por eso puede ocurrir algo aparentemente absurdo: que en el mismo continente encontremos antiguas cárceles reconvertidas en hoteles o equipamientos urbanos, y al mismo tiempo prisiones desbordadas donde una celda individual se convierte de hecho en una celda para dos o tres personas.

Además, la presión penitenciaria ya no depende solo del número de condenas. También influye la duración de las penas, el endurecimiento de la reincidencia, el uso de la prisión preventiva, la escasez de recursos comunitarios para medidas alternativas y el clima político general, que en muchos países se ha desplazado hacia respuestas más duras frente a la inseguridad. En otras palabras, la arquitectura cambia, pero la pulsión de castigo puede seguir creciendo.

Países Bajos: el gran símbolo europeo del cierre de prisiones

Cuando se habla de prisiones que cierran en Europa, el primer ejemplo que aparece casi siempre es el de los Países Bajos. El motivo es conocido: el país logró reducir de manera muy notable su población penitenciaria y, como consecuencia, varias cárceles dejaron de ser necesarias. La reducción llegó a rondar el 45% en menos de una década, un dato que convirtió al modelo neerlandés en una referencia obligada dentro del debate penal europeo.

Lo importante, sin embargo, es no quedarse en la anécdota del edificio que cierra. En los Países Bajos, ese descenso no se explicó por una sola causa, sino por una combinación de decisiones de política criminal: más uso de sanciones alternativas, mayor peso de las multas y de respuestas no privativas de libertad, y una menor dependencia del encarcelamiento prolongado como solución casi automática. Dicho de otro modo, las cárceles cerraron porque antes cambió la lógica del castigo.

Ese caso sigue siendo muy útil, pero no debe convertirse en un mito simplificador. El propio modelo neerlandés ha mostrado tensiones recientes, con debates sobre capacidad disponible y sobre cómo gestionar repuntes delictivos sin desmontar el equilibrio alcanzado. Su principal enseñanza no es que las cárceles puedan cerrarse sin más, sino que solo se cierran de forma sostenible cuando la sociedad acepta que no todos los conflictos deben terminar en prisión.

El norte de Europa: entre la prisión amable y la prisión bajo presión

Los países nórdicos han sido durante años el escaparate europeo de la prisión humanizada. Dinamarca aparece como uno de los ejemplos más claros de arquitectura penitenciaria pensada desde la idea de normalización: luz natural, mejor calidad ambiental, espacios comunes dignos y una voluntad de acercar la vida en prisión, en la medida de lo posible, a condiciones compatibles con la futura reinserción. La premisa es bastante intuitiva: si una persona sale de un entorno brutalizado, degradante y hostil, será más difícil que se reincorpore a la vida social en condiciones estables.

Sin embargo, incluso dentro del norte de Europa aparecen grietas. Suecia, por ejemplo, atraviesa una presión penitenciaria mucho más intensa, y se recoge una ocupación media del 141% en sus centros, en un contexto de endurecimiento penal y aumento de la violencia vinculada al crimen organizado. Eso demuestra que la calidad del diseño no basta por sí sola. Un sistema puede tener mejores edificios y, al mismo tiempo, verse empujado hacia la saturación si crecen las condenas, se alargan las penas o disminuye la confianza en las alternativas al encierro. La prisión moderna puede ser más respirable, más funcional e incluso más respetuosa, pero sigue dependiendo de algo que no se resuelve en el plano arquitectónico: la dirección de la política penal.

Bélgica: cuando la cárcel nueva no sustituye a la vieja

Pocos casos ilustran mejor las limitaciones de la modernización penitenciaria que el de Bélgica. El gran complejo de Haren, concebido para reemplazar antiguas prisiones de Bruselas como Saint-Gilles, se presentó como una operación ejemplar de renovación. La lógica era sencilla: cerrar cárceles viejas, deterioradas y mal integradas en los estándares actuales, y sustituirlas por una infraestructura más racional y mejor equipada.

Sin embargo, la realidad mostró otro desenlace. Saint-Gilles seguía operativa en 2025 porque la nueva capacidad no bastó para absorber toda la demanda. Eso convierte a Bélgica en un caso paradigmático de una paradoja muy europea: se inaugura una prisión nueva para cerrar otra, pero al final ambas acaban siendo necesarias.

La explicación no es solo técnica, sino política y criminológica. Cuando un Estado amplía capacidad sin tocar el núcleo duro de su política penal, esa nueva capacidad tiende a llenarse. La prisión moderna deja entonces de ser sustitución y se convierte en expansión. Por eso el ejemplo belga obliga a desconfiar de una visión demasiado optimista de la infraestructura: construir mejor no es lo mismo que castigar menos.

España: el laboratorio más claro de todas las contradicciones, y cierre de prisiones

España reúne casi todos los elementos que convierten este tema en un gran reportaje europeo. Hay cierre de prisiones y reutilización de antiguas cárceles, nuevos centros presentados como más humanos, crecimiento reciente de la población reclusa, debate político sobre reincidencia, tensiones de seguridad, escasez sanitaria y una creciente incorporación de tecnología de control. Todo eso convive al mismo tiempo.

El dato más visible es el crecimiento de la población penitenciaria. El documento base sitúa el cierre de prisiones de 2025 en 62.522 personas presas en España, con un aumento de más del 5% respecto al año anterior. Ese incremento, leído en frío, ya sería relevante. Pero resulta aún más importante cuando se superpone con el deterioro de recursos internos y con la percepción, ampliamente expresada por profesionales, de que el sistema se aproxima a una fase de saturación difícil de gestionar.

A ello se añade una segunda dimensión que muchas veces queda en segundo plano: la crisis de cuidados dentro de prisión. En otros artículos hemos destacado que más del 72% de las plazas de médicos estaban vacantes y que más del 30% de la población reclusa requería atención psiquiátrica. Esto cambia por completo la fotografía tradicional de la prisión. Ya no se trata solo de custodiar, sino de atender una población con necesidades sanitarias y psicosociales cada vez mayores.

Y aquí entra uno de los contenidos novedosos que merece incorporarse con fuerza: el envejecimiento de la población reclusa. Las prisiones europeas, y también las españolas, fueron pensadas históricamente para hombres adultos relativamente jóvenes. Pero cada vez albergan más personas con dolencias crónicas, movilidad reducida, dependencia farmacológica, deterioro físico e incluso rasgos de envejecimiento prematuro vinculados a trayectorias de exclusión, adicciones o largas condenas. Esto obliga a repensar desde la celda hasta la enfermería, desde los baños hasta los recorridos interiores, porque una prisión preparada solo para vigilar no necesariamente está preparada para cuidar.

En el caso español, además, la modernización tiene un frente muy visible en la reorganización urbana. Antiguos recintos penitenciarios se han incorporado a operaciones de vivienda pública, algo que posee una enorme fuerza simbólica: transformar espacios de encierro en espacios de vida. La idea es potente, pero también ambigua. Puede representar un cambio de sensibilidad institucional, aunque también corre el riesgo de reducir el debate penitenciario a una cuestión de urbanismo y de memoria arquitectónica, dejando intactas las dinámicas que siguen llenando las cárceles activas.

Cataluña es probablemente el ejemplo más llamativo de esa nueva narrativa. La futura cárcel abierta de la Zona Franca, presentada como un centro sin muros ni rejas para personas en régimen abierto o de semilibertad, ha sido descrita como un emblema de la nueva prisión normalizadora. Su lenguaje no es el del castigo clásico, sino el de la transición, la preparación para la salida y la integración progresiva. Eso supone un cambio relevante y merece ser reconocido. Pero esa apuesta convive con otra realidad mucho menos amable: el incremento de las agresiones a funcionarios, la necesidad de ampliar plazas en otros centros y la persistencia de una tensión diaria que no desaparece porque el edificio sea más moderno.

España también es un buen ejemplo del salto hacia la prisión tecnificada. La incautación de 2.466 teléfonos móviles en 2025, convirtió la seguridad digital en un problema central. Eso explica el interés creciente por inhibidores, controles antidrones, videovigilancia avanzada y otras soluciones propias de las llamadas smart prisons. El reto es evidente: la tecnología puede ayudar a evitar redes ilícitas, pero también puede desplazar la vida penitenciaria hacia una lógica de supervisión permanente en la que cada movimiento queda sometido a una capa extra de control.

Por último, el caso español hace visible una contradicción de fondo que atraviesa toda Europa. Mientras se anuncian cárceles más humanizadas, se aprueban también reformas penales que pueden ensanchar la entrada en prisión. Esa tensión sigue siendo central: modernizar el espacio no sirve de mucho si al mismo tiempo se refuerzan los mecanismos que alimentan el encarcelamiento.

Francia, Italia y Reino Unido: la modernización nacida de la urgencia

En Francia, la palabra clave no es tanto humanización como emergencia. Hay una ocupación del 122,9% y más de 82.000 personas presas para unas 62.539 plazas oficiales. En un contexto así, la prioridad del Estado no es rediseñar con calma el sentido de la prisión, sino crear espacio cuanto antes. De ahí el recurso a infraestructuras modulares y prefabricadas: una solución rápida, funcional y políticamente vendible, pero también cargada de dudas sobre su calidad real y sobre su capacidad para convertirse en otra cosa que no sea un simple almacén de cuerpos.

Italia muestra una situación parecida, aunque con una respuesta algo distinta. Con una tasa de ocupación del 119,1% y una larga historia de críticas por sus condiciones penitenciarias, ha tenido que estudiar medidas de excarcelación y alternativas al internamiento. Eso no equivale todavía a un cambio estructural de paradigma, pero sí revela una verdad elemental: cuando la prisión rebosa, el discurso del castigo total choca contra sus propios límites materiales.

El Reino Unido, por su parte, ha tenido que afrontar la crisis con medidas de liberación anticipada y con un debate político muy áspero sobre seguridad y capacidad. Su experiencia confirma que incluso sistemas penitenciarios con larga tradición administrativa pueden acercarse al colapso cuando se mantiene durante demasiado tiempo una lógica de encarcelamiento intensivo. 

La prisión inteligente: tecnología, algoritmos y nuevos dilemas

Uno de los contenidos más novedosos que conviene integrar en este reportaje es el paso de la prisión simplemente moderna a la prisión inteligente. En distintos países europeos se está extendiendo el uso de videovigilancia avanzada, sensores, análisis automatizado de imágenes, controles biométricos y herramientas destinadas a detectar conductas anómalas o a impedir la entrada de objetos prohibidos mediante drones. La gran promesa de esta tecnología es que permite más seguridad con menos margen de error.

Pero esa promesa tiene un coste jurídico y humano. Una prisión ya es, por definición, uno de los espacios más controlados del Estado. Si además se incorpora una lógica algorítmica que clasifica, alerta, puntúa o anticipa comportamientos, el riesgo de sobrecontrol se multiplica. La cuestión ya no es solo si una cámara graba, sino si un sistema interpreta, perfila y convierte cada gesto en un dato susceptible de sospecha.

En este punto, la modernización puede volverse inquietante. Una cárcel del siglo XXI puede parecer menos brutal a simple vista que una del XIX, pero ser mucho más densa en su capacidad de observación constante. Y ahí aparece una pregunta decisiva para el derecho penitenciario contemporáneo: cuánta tecnología puede entrar en prisión antes de que la rehabilitación quede definitivamente subordinada a la vigilancia total.

Cuando la habitabilidad también es un derecho penitenciario

Otro de los grandes temas emergentes es el impacto del clima sobre la vida en prisión. Durante mucho tiempo, la sostenibilidad penitenciaria parecía un asunto periférico, casi decorativo. Ya no lo es. Las olas de calor están convirtiendo muchas cárceles antiguas del sur de Europa en espacios extremadamente difíciles de habitar, y eso tiene consecuencias directas sobre la salud, el descanso, la convivencia y la conflictividad.

Esta cuestión es especialmente importante en España. En 2025 se impulsaron propuestas para climatizar prisiones, introducir energías renovables y crear entornos más sostenibles dentro de la red penitenciaria. Puede parecer un asunto técnico, pero no lo es. Hablar de ventilación, sombra, aislamiento térmico o zonas verdes no significa conceder lujos, sino garantizar condiciones mínimas de dignidad en espacios donde las personas no pueden escapar del calor por sus propios medios.

Además, el clima conecta de forma muy clara con la discusión sobre arquitectura penitenciaria. No basta con sustituir un edificio viejo por otro visualmente moderno. Si ese nuevo centro no está preparado para olas de calor más intensas, para una gestión eficiente de la energía y para hacer soportable la vida cotidiana en contextos climáticos extremos, la modernización quedará incompleta desde el mismo momento de su inauguración.

 Género y población reclusa con el cierre de prisiones

Hay otro aspecto que durante demasiado tiempo ha quedado fuera del relato principal sobre cárceles y reformas: la perspectiva de género. Muchas prisiones europeas se diseñaron pensando en varones, y las mujeres quedaron relegadas a módulos adaptados o a centros que no respondían de verdad a sus necesidades específicas. El cierre de prisiones o reorganización de establecimientos femeninos históricos, así como la redistribución de plazas en sistemas como el catalán, vuelve a plantear una cuestión de fondo: para quién está pensada realmente la prisión moderna.

Incorporar esta perspectiva significa reconocer que las mujeres privadas de libertad suelen llegar a prisión con trayectorias distintas, a menudo atravesadas por violencia previa, cargas familiares, maternidad, precariedad y necesidades de salud muy específicas. Una modernización que no tenga en cuenta estas diferencias seguirá siendo parcial. Cambiar el edificio sin revisar el sujeto para el que se diseñó ese edificio es una forma muy sofisticada de conservar lo viejo dentro de lo nuevo.

Modernizar la cárcel no siempre significa transformar el castigo

Después de recorrer los principales casos europeos, la conclusión no puede ser ni triunfalista ni cínica. Sería injusto negar que hay avances reales. Se están cerrando centros obsoletos, se están mejorando condiciones materiales, se discute con más seriedad sobre salud mental, sostenibilidad, tecnología y reinserción, y la arquitectura penitenciaria ha dejado de pensarse únicamente como una maquinaria de disciplina.

Pero también sería ingenuo confundir esas mejoras con una reforma suficiente. Si la población reclusa sigue creciendo, si el personal sanitario escasea, si las prisiones se llenan tan pronto como se inauguran, si la tecnología intensifica la vigilancia y si la política criminal sigue empujando a más personas hacia el encierro, la modernización corre el riesgo de convertirse en una fachada.

La pregunta decisiva, por tanto, no es solo si Europa construye cárceles más nuevas. La verdadera pregunta es si Europa necesita menos cárcel, procediendo con el cierre de prisiones. Mientras esa respuesta siga siendo ambigua, seguiremos moviéndonos en esa zona gris en la que una prisión puede ser más luminosa, más digital, más eficiente e incluso más ecológica, sin dejar por ello de participar en un sistema que continúa haciendo del encierro una de sus respuestas principales.