El nuevo sistema de gobernanza penitenciaria catalán

 

El sistema de gobernanza penitenciaria catalán se consolida como referente europeo en participación de personas con pasado penitenciario, incorporando su conocimiento en la mediación, la investigación y el diseño de políticas públicas.

Mariam Bataller

 

La inclusión de personas con experiencia vivida, es decir, aquellas que han estado privadas de libertad o han transitado el sistema de gobernanza penitenciaria catalán, en los procesos de gobernanza y transformación del sistema penitenciario representa una vía emergente de reforma que va más allá de la mera participación simbólica. Lo que antaño era concebido como un papel testimonial está comenzando a convertirse en una voz experta, capaz de influir en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas penitenciarias. Este reportaje explora cómo ese giro, de “sujetos de la política” a “agentes de la política”, se está produciendo en distintos ámbitos, qué barreras persisten, y qué implicaciones tiene para la legitimidad, eficacia y humanización de los regímenes de cumplimiento penal.

Durante décadas, los sistemas penitenciarios han sido organismos estructuralmente cerrados, donde las decisiones relativas a la custodia, la sanción, la reinserción o la vida en prisión se han asumido prácticamente como prerrogativa exclusiva del poder administrativo-penitenciario, los técnicos, los investigadores y los profesionales de la ejecución. En ese esquema, las personas presas o privadas de libertad tuvieron, en el mejor de los casos, un papel pasivo o testimonial. Sin embargo, en los últimos años, un cambio significativo está teniendo lugar: la llamada “experiencia vivida” (lived experience) está siendo reconocida como un capital de conocimiento estratégico para la reforma penitenciaria.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y reforma penal, como Penal Reform International (PRI), han señalado que la participación de personas con vivencia de detención puede mejorar la legitimidad de las políticas, aportar una mirada desde el interior sobre el funcionamiento diario de las prisiones, y promover gobiernos penitenciarios más centrados en la persona.

Este reportaje se propone realizar un análisis riguroso y detallado de esta transformación emergente. En primer lugar, iremos al marco conceptual: ¿qué significa pasar de usuarios o “sujetos afectados” a codiseñadores de las políticas penitenciarias? Luego exploraremos cómo se manifiesta esa vía en España y Catalunya, con sus estructuras, espacios y retos. A continuación, veremos ejemplos comparados internacionales, lecciones operativas, obstáculos éticos y una hoja de ruta práctica de política pública. Con ello esperamos contribuir a una reflexión sobre cómo los sistemas penitenciarios pueden rediseñarse para ser más democráticos, eficaces y humanos.

El giro de enfoque en el sistema de gobernanza penitenciaria catalán: de “usuario” a “codiseñador”

Desde una perspectiva contemporánea del derecho penal y la criminología, la inclusión de la experiencia vivida asume una doble dimensión: epistemológica y operativa. Epistemológicamente, desafía la lógica tradicional según la cual el conocimiento sobre el encarcelamiento se genera predominantemente desde la distancia institucional, investigadores, técnicos, administradores,  relegando las narrativas de quienes han sido privados de libertad a un lugar accesorio. Studies en el ámbito de la investigación penitenciaria subrayan que la ausencia de esta voz interior contribuye a que muchas reformas permanezcan desconectadas de la realidad concreta del cumplimiento penal.

Operativamente, el paso de “usuario” a “codiseñador” en el sistema de gobernanza penitenciaria catalán implica que la persona con vivencia no solo participe como objeto de consulta, sino que sea co-autor o incluso autor de decisiones en programas, protocolos, servicios o estructuras organizativas. En el ámbito penitenciario, se traduce en la incorporación de personas que han estado en prisión en consejos consultivos, grupos de trabajo de diseño de políticas, evaluaciones de los servicios penitenciarios o mediación interna. Por ejemplo, la experiencia de la “council participation” en prisiones inglesas ha demostrado, aunque con límites, que habilitar espacios deliberativos internos donde las personas privadas de libertad ejercen una forma de agencia puede contribuir a dotar de mayor legitimidad la acción institucional.

Este enfoque pone de manifiesto que la participación debe ir acompañada de poder real y de estructuras que garanticen voz, voto y rendición de cuentas. Dicho de otro modo: no basta con invitar a personas con vivencia penitenciaria a una mesa; es necesario configurar esa mesa con reglas de acceso, formación, remuneración, protección contra retraumatización y seguimiento de impacto. En este sentido, PRI subraya que “people who have endured punishment already carry analytical tools forged in hardship” y que el paso de “historias como espectáculo” a “experiencia como expertise” marca una diferencia sustancial.

En el contexto de los sistemas estatales de ejecución penal como el español este giro implica replantear quién participa, de qué forma, con qué recursos y con qué resultados esperados. Además, obliga a revisar el rol de los profesionales penitenciarios, las organizaciones de la sociedad civil y los propios infra­estructuras de gobernanza.

En España, la incorporación de la experiencia vivida en la gobernanza penitenciaria, a diferencia del sistema de gobernanza penitenciaria catalán,  avanza de forma tímida pero constante. Aunque no existe todavía un marco normativo específico que regule la participación formal de personas con pasado penitenciario en la toma de decisiones, sí se observan estructuras y prácticas que apuntan hacia esa dirección. El Consejo Social Penitenciario (CSP), creado por el Real Decreto 190/1996 por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, constituye el principal órgano consultivo del sistema. Su función, según el artículo 283, es asesorar a la Administración penitenciaria en materia de tratamiento, reinserción social y colaboración con entidades externas. Está integrado por representantes de la sociedad civil, expertos académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales, y se ha consolidado como un espacio de diálogo entre el Estado y el tercer sector.

Sin embargo, pese a su valor institucional, el Consejo Social Penitenciario no garantiza de manera explícita la representación de personas con experiencia directa de encarcelamiento. Su composición refleja más bien una interlocución institucional indirecta, a través de entidades que trabajan con personas ex-presas, como la Red de Organizaciones del Tercer Sector Penitenciario o las federaciones de inserción social. Este enfoque, aunque positivo, limita la voz autónoma de quienes poseen conocimiento desde la vivencia, reproduciendo la mediación técnica como filtro de legitimidad. En la práctica, la “participación” continúa siendo más testimonial que codiseñadora.

En el ámbito autonómico, Catalunya ha desarrollado el sistema de gobernanza penitenciaria catalán con experiencias más innovadoras en materia de participación interna y comunitaria. El Departament de Justícia, Drets i Memòria ha impulsado desde mediados de la década de 2010 el llamado Model de Participació i Convivència, que articula espacios de corresponsabilidad entre internos, personal técnico y sociedad civil. En varios centros, como Brians 1, Brians 2 y Lledoners, se han establecido consells de centre o comissions mixtes, donde las personas privadas de libertad pueden formular propuestas sobre convivencia, formación, salud o mediación de conflictos. Estos mecanismos, aunque centrados en la gestión cotidiana, constituyen embriones de participación institucionalizada, que han contribuido a la prevención de conflictos y a una mayor percepción de legitimidad entre los internos.

Asimismo, Catalunya ha incorporado, dentro del sistema de gobernanza penitenciaria catalán, la figura de mediadores penitenciarios con experiencia vivida, en colaboración con entidades como la Fundació Salut Alta o la Asociación Conexus. Estos mediadores, antiguos internos o participantes de programas de reinserción, actúan como puentes entre la administración y las personas privadas de libertad, contribuyendo a mejorar la comunicación y a reducir tensiones en el entorno penitenciario. El reconocimiento de su valor práctico demuestra que la experiencia vivida puede convertirse en recurso profesional y no solo en relato testimonial.

En los últimos años, algunas universidades y entidades españolas, como la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia y la Asociación de Criminólogos de Catalunya, han incorporado también programas de investigación participativa donde personas con pasado dentro del sistema de gobernanza penitenciaria catalán colaboran como coinvestigadores en estudios sobre reinserción y políticas penales. Esta línea, en consonancia con las tendencias internacionales de Participatory Action Research (PAR), abre la puerta a una integración más estructural de la voz de la experiencia en la producción de conocimiento aplicado.

No obstante, los avances siguen enfrentando barreras significativas: la ausencia de un reconocimiento legal explícito, el estigma social que aún pesa sobre las personas ex-presas y la falta de mecanismos de remuneración o compensación por su labor en órganos consultivos. Para avanzar hacia una verdadera gobernanza compartida, España debería adoptar una política penitenciaria participativa que establezca criterios claros para la selección, formación y representación de miembros con experiencia vivida, inspirándose en modelos como el Council of Lived Experience Advisers del Reino Unido o los Community Advisory Boards en Canadá.

En definitiva, aunque el país cuenta con estructuras incipientes que permiten la participación indirecta y con experiencias autonómicas prometedoras, el paso decisivo aún está pendiente: reconocer institucionalmente que la voz de quienes han pasado por prisión no solo enriquece el debate, sino que constituye un saber imprescindible para diseñar políticas penitenciarias más eficaces, humanas y legítimas.

Casos y voces: el valor de la experiencia vivida en el sistema de gobernanza penitenciaria catalán

El reconocimiento formal de la experiencia vivida como fuente legítima de conocimiento y herramienta de gobernanza penitenciaria ha avanzado de manera más significativa en el ámbito anglosajón, especialmente en el Reino Unido, Escocia y Canadá, donde la política penal se orienta crecientemente hacia modelos de co-production y participación comunitaria. Estas experiencias, analizadas en profundidad por el Global Prison Trends 2025 (Penal Reform International) y por el Institute for Government, ilustran cómo la participación de personas con pasado penitenciario puede transformar no solo las políticas, sino también la cultura institucional de las prisiones.

En el Reino Unido, los programas desarrollados por organizaciones como Revolving Doors Agency, User Voice o el Prison Reform Trust constituyen referentes internacionales. La agencia User Voice, fundada por el exrecluso Mark Johnson en 2009, implantó los Prison Councils: asambleas internas elegidas democráticamente por los internos y reconocidas por el Her Majesty’s Prison and Probation Service (HMPPS). Estos consejos permiten que las personas privadas de libertad discutan directamente con la dirección del centro cuestiones de convivencia, régimen interno y rehabilitación, generando un espacio deliberativo formal dentro del sistema. Evaluaciones independientes han mostrado que la existencia de estos consejos reduce los conflictos disciplinarios, mejora la comunicación entre internos y funcionarios y promueve una cultura de corresponsabilidad.

Por su parte, Revolving Doors Agency ha impulsado la creación del Lived Experience Advisory Panel (LEAP), integrado por personas que han pasado por prisión, libertad condicional o programas de justicia comunitaria. Este consejo asesora a organismos públicos, universidades y al propio Ministerio de Justicia británico sobre políticas de prevención del delito y reinserción. El modelo LEAP destaca por su estructura profesionalizada: los miembros reciben formación en políticas públicas, metodologías participativas y comunicación institucional, y perciben una remuneración equivalente a la de consultores externos. Esta profesionalización ha sido clave para superar el carácter meramente testimonial de la participación y otorgar a las personas con vivencia penitenciaria un rol de expertos cualificados.

En Escocia, la iniciativa Scottish Prison Service’s Prisoner Participation Framework ha institucionalizado la consulta y el co-diseño en la planificación penitenciaria. Este marco estratégico, vigente desde 2021, establece que cada establecimiento debe contar con un plan anual de participación en el que se definan objetivos, mecanismos y evaluación de resultados. Además, Escocia ha sido pionera en incorporar a exinternos como formadores en programas de reinserción y como miembros de grupos de evaluación de políticas. La Scottish Centre for Crime and Justice Research ha documentado que este modelo no solo mejora los indicadores de reintegración social, sino que aumenta la confianza de la ciudadanía en el sistema penitenciario al evidenciar transparencia y voluntad de escucha.

Fuera del ámbito europeo, Canadá ofrece otro ejemplo relevante mediante los Community Advisory Boards (CABs) dependientes del Correctional Service of Canada (CSC). Estos consejos locales incluyen ciudadanos y antiguos reclusos que participan en la supervisión y evaluación de los centros penitenciarios. Su función es doble: asesorar sobre el respeto a los derechos humanos y contribuir a la planificación de actividades de reinserción. Informes del Office of the Correctional Investigator señalan que la presencia de miembros con experiencia vivida dentro de los CABs ha favorecido un enfoque más humanizado de la gestión penitenciaria y ha mejorado la capacidad de respuesta ante casos de vulnerabilidad o discriminación estructural.

La comparación internacional demuestra que los modelos más eficaces comparten tres características fundamentales: reconocimiento institucional explícito de la experiencia vivida como categoría de saber, formación y apoyo profesional a las personas participantes y existencia de mecanismos de evaluación del impacto de su contribución. Dichos elementos son esenciales para que la participación no se limite a una práctica simbólica, sino que se traduzca en una transformación real de la gobernanza penitenciaria.

España, en cambio, se encuentra en una fase embrionaria en la adopción de estos enfoques. Sin embargo, las experiencias británicas, escocesas y canadienses ofrecen un modelo viable y adaptable: demuestran que la colaboración estructurada entre la Administración penitenciaria y las personas con experiencia vivida puede producir efectos tangibles en la eficiencia institucional, la cohesión social y la legitimidad democrática del sistema penal.

Qué funciona y por qué

El estudio de los modelos participativos penitenciarios muestra que la eficacia de la integración de personas con experiencia vivida depende menos de la retórica institucional y más de las condiciones materiales y organizativas que la acompañan. Las iniciativas que logran consolidarse no son aquellas que “invitan” ocasionalmente a exinternos a espacios de diálogo, sino las que transforman las estructuras de decisión mediante marcos estables, formación continua y reconocimiento del valor profesional de la experiencia.

Diversos informes internacionales, como el Global Prison Trends 2025 (Penal Reform International, 2025) y los análisis de Her Majesty’s Prison and Probation Service (HMPPS, 2024), subrayan que la co-producción entre la Administración y las personas con vivencia penitenciaria genera beneficios observables en tres planos: institucional, social y simbólico.

En el plano institucional, las reformas impulsadas con participación directa de personas exreclusas tienden a mejorar la gobernanza interna, especialmente en aspectos como la resolución de conflictos, la transparencia en la toma de decisiones y la adecuación de los programas de tratamiento a las necesidades reales. Un ejemplo ilustrativo se encuentra en los Prison Councils del Reino Unido, donde la introducción de canales formales de deliberación redujo en un 37 % los incidentes disciplinarios graves entre 2015 y 2019 (User Voice, 2020). Esta disminución no se explica únicamente por el aumento de la comunicación vertical, sino por el reconocimiento del valor de la agencia de los internos, lo que refuerza la percepción de justicia procedimental dentro del establecimiento.

En el plano social, las iniciativas que integran la experiencia vivida en las políticas penitenciarias generan mayores tasas de reinserción y reducen la reincidencia a medio plazo. La Revolving Doors Agency reporta que, tras implementar su Lived Experience Advisory Panel, los programas de rehabilitación en libertad condicional diseñados conjuntamente mostraron una mejora del 20 % en adherencia y continuidad. Estos resultados coinciden con estudios del Scottish Centre for Crime and Justice Research (2023), que atribuyen el éxito de su marco participativo a la creación de espacios horizontales de confianza donde las decisiones se negocian en lugar de imponerse.

En el plano simbólico, la inclusión de personas con pasado penitenciario en roles de liderazgo y asesoramiento desafía el estigma social que tradicionalmente acompaña a quienes han estado en prisión. Al convertirse en referentes positivos y portadores de conocimiento legítimo, contribuyen a transformar la narrativa pública sobre el encarcelamiento, desplazando la imagen del “delincuente reincidente” hacia la del “ciudadano experto en reinserción”. Esta transformación discursiva, aunque intangible, posee un profundo impacto cultural en la percepción social del castigo y en la legitimidad del sistema de gobernanza penitenciaria catalán.

Entre los factores que explican el éxito de estas experiencias destacan cuatro elementos clave:

1. Estructura organizativa clara y sostenida en el tiempo. La participación requiere institucionalidad: marcos legales o administrativos que definan competencias, periodicidad de las reuniones, criterios de representación y mecanismos de seguimiento. La volatilidad de los programas “piloto” o de proyectos financiados temporalmente es uno de los principales riesgos de ineficacia.
2. Formación y acompañamiento profesional. La experiencia vivida, aunque valiosa, necesita integrarse con conocimiento técnico y político. Los programas más sólidos incluyen formación en ética, comunicación, gobernanza y políticas públicas, garantizando que los participantes puedan desempeñarse como expertos y no como testigos de su pasado.
3. Remuneración y reconocimiento formal. Numerosos informes, entre ellos los del Institute for Government (2024), señalan que la participación voluntaria y no remunerada puede derivar en explotación simbólica. La profesionalización, mediante contratos o estipendios, asegura equidad y sostenibilidad.
4. Evaluación y rendición de cuentas. La participación debe producir resultados verificables. La utilización de indicadores (por ejemplo, reducción de conflictos, satisfacción institucional, continuidad en programas de reinserción) permite validar la utilidad de los consejos de experiencia vivida y justificar su continuidad ante las autoridades.

En síntesis, lo que funciona no es únicamente la buena voluntad política, sino el diseño de ecosistemas participativos donde la voz de la experiencia se articula con la técnica y con la decisión pública. La vivencia penitenciaria, convertida en conocimiento socialmente útil, deja de ser un residuo del pasado para transformarse en un activo estratégico de gobernanza democrática.

Catalunya: una ventana de oportunidad para la participación con experiencia vivida

Catalunya constituye un escenario privilegiado para el desarrollo de modelos de gobernanza penitenciaria participativa. Desde la transferencia de competencias penitenciarias en 1983, la Generalitat ha apostado por un enfoque propio, más descentralizado y orientado a la intervención social, que se diferencia del modelo estatal. En este contexto, la integración de la experiencia vivida, personas que han pasado por prisión o procesos de reinserción, se perfila como una línea de innovación coherente con los principios del Model de Participació i Convivència promovido por el Departament de Justícia, Drets i Memòria.

Este modelo, diseñado inicialmente para fomentar la convivencia y reducir los conflictos internos, ha evolucionado hacia una filosofía de corresponsabilidad institucional. En los principales centros penitenciarios catalanes como Brians 1, Brians 2, Lledoners, Puig de les Basses o Mas d’Enric funcionan Consells de Particpació y Comissions mixtes, donde internos y personal técnico debaten sobre cuestiones de régimen, educación, salud o convivencia. Aunque su alcance normativo es consultivo, su dinámica cotidiana representa una forma incipiente de cogobernanza. Los informes de la Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària destacan que la participación estable en estos órganos ha reducido incidentes disciplinarios y ha mejorado el clima de confianza entre internos y funcionarios.

Más allá de los espacios intramuros, la Generalitat ha desarrollado experiencias de mediación penitenciaria en las que exinternos actúan como agentes de apoyo en conflictos o como facilitadores de programas restaurativos. Estas iniciativas, coordinadas por entidades como la Fundació Salut Alta, Associació Conexus o Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), materializan la idea de que la experiencia vivida puede transformarse en capital profesional. Los mediadores con pasado penitenciario aportan credibilidad ante los internos y empatía en la gestión de conflictos, elementos difíciles de replicar por personal externo. Este tipo de programas no solo previene la violencia institucional, sino que promueve una cultura de reparación y diálogo que encarna los principios de la justicia restaurativa.

Asimismo, en los últimos años se han multiplicado los proyectos de investigación aplicada y formación participativa impulsados por universidades catalanas. Destaca, por ejemplo, la colaboración entre la Universitat de Barcelona y la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima para incorporar a personas con experiencia penitenciaria en equipos de investigación sobre reinserción y salud mental. Estas colaboraciones, enmarcadas en metodologías de Participatory Action Research (PAR), suponen un cambio de paradigma en la producción de conocimiento: de estudiar a las personas privadas de libertad, a investigar con ellas.

El marco catalán ofrece, además, condiciones institucionales favorables para dar un salto cualitativo. La reciente Estratègia de Justícia 2030 y el Pla de Transformació Digital de l’Administració de Justícia (2022–2026) contemplan la participación ciudadana como principio transversal, abriendo la puerta a que la voz de la experiencia vivida se institucionalice también en la planificación y evaluación de políticas penitenciarias. La Secretaria de Mesures Penals ha comenzado a explorar fórmulas de participación externa, como los Consells Socials Territorials, que podrían ampliarse para incluir de forma estable a personas con trayectoria penitenciaria, tanto en fase de reinserción como ya en libertad.

No obstante, el salto de la participación operativa a la participación decisoria requiere un marco normativo claro y un compromiso político explícito. Actualmente, la legislación catalana en materia penitenciaria, basada en el Reglamento Penitenciario estatal y en la normativa autonómica complementaria, no contempla aún la figura del “representante con experiencia vivida” como actor institucional. La posibilidad de crear un Consell Assessor d’Experiència Viscuda vinculado a la Secretaria de Mesures Penals podría constituir un paso decisivo. Este órgano, inspirado en los modelos británicos y canadienses, permitiría asesorar de forma permanente en materia de reinserción, salud mental, igualdad de género y programas formativos, con miembros seleccionados por méritos y formación específica.

El contexto social catalán también refuerza esta oportunidad. Organizaciones como Obra Social La Caixa, Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) y Justícia i Pau han manifestado en foros públicos su apoyo a políticas de participación inclusiva en el ámbito penitenciario. Del mismo modo, la sociedad civil catalana ha mostrado receptividad hacia modelos de justicia restaurativa y mediación, evidenciada en proyectos como el Programa de Suport a la Reinserció Social (PSRS) y las iniciativas de Reparació en comunitat impulsadas por el CEJFE.

Catalunya dispone, en definitiva, de las condiciones institucionales, sociales y culturales necesarias para convertirse en laboratorio de referencia europea en materia de gobernanza penitenciaria participativa. La clave radica en pasar de la experimentación dispersa a la institucionalización reglada, mediante una hoja de ruta que combine voluntad política, profesionalización de la experiencia vivida y evaluación de resultados.

El desafío inmediato consiste en garantizar que esta apertura no quede diluida entre los discursos reformistas, sino que se traduzca en estructuras sostenibles, representativas y transparentes. De lograrlo, el sistema penitenciario catalán podría no solo humanizar sus políticas, sino también redefinir el significado de justicia desde una perspectiva participativa y corresponsable: aquella en la que quienes conocieron la prisión desde dentro ayudan a reconstruirla desde fuera.