Prisión provisional y la compleja aritmética del abono penal

 

No toda privación de libertad empieza con una sentencia, ni toda medida cautelar termina cuando concluye la instrucción. En el derecho penal español, los días pasados en detención policial, en prisión provisional o sometido a comparecencias periódicas ante el juzgado pueden y deben proyectarse sobre la condena definitiva, pero esa compensación dista mucho de ser una operación automática: exige interpretar los artículos 58 y 59 del Código Penal, atender a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y resolver una cuestión de fondo tan técnica como decisiva, la de cuánto vale jurídicamente la libertad restringida antes del juicio. 

Mariam Bataller

 

El abono de la prisión provisional sigue siendo uno de los puntos más delicados de la ejecución penal porque conecta dos planos que en teoría deberían permanecer separados: las medidas cautelares, que no son pena, y la condena firme, que sí lo es. El problema aparece cuando el sistema debe responder a una pregunta aparentemente simple; qué tiempo “descuenta” realmente y esa respuesta se complica por la diversidad de situaciones cautelares, la existencia de varias causas penales o la imposición final de una pena distinta de la sufrida provisionalmente.

Desde una perspectiva garantista, el abono cumple una función esencial: impedir que una persona soporte dos veces el mismo sacrificio de libertad por unos mismos hechos o dentro de un mismo itinerario procesal. Pero, al mismo tiempo, la jurisprudencia ha insistido en que ese mecanismo no puede convertirse en un “crédito” disponible para neutralizar futuras condenas, porque ello desnaturalizaría la finalidad cautelar y erosionaría la lógica preventiva del sistema penal.

Por eso el debate no se limita a la prisión provisional en sentido estricto. También se extiende a la detención policial, a las comparecencias periódicas ante el juzgado y a otras restricciones cautelares cuya intensidad no equivale exactamente a la prisión, pero que sí producen una afectación real de derechos y obligan al tribunal a ponderar si procede algún tipo de compensación.

 

Qué significa “abonar” una medida cautelar

En lenguaje jurídico, abonar significa descontar del cumplimiento de la pena el tiempo o la restricción ya sufridos por el investigado o acusado durante el proceso penal. No se trata de una concesión graciable, sino de una exigencia derivada de la proporcionalidad y de la necesidad de evitar un exceso punitivo material cuando la respuesta penal definitiva llega después de una limitación cautelar previa.

Cuando la medida cautelar y la pena son homogéneas, el esquema es relativamente claro: el tiempo de privación de libertad padecido preventivamente se descuenta del tiempo de prisión a cumplir. La dificultad surge cuando la medida y la pena son heterogéneas, porque entonces el tribunal ya no puede aplicar una equivalencia automática y debe valorar la naturaleza, la intensidad y la aflictividad real de la medida sufrida.

Dicho de forma divulgativa, el abono funciona como un mecanismo de justicia material. El sistema reconoce que el proceso penal puede imponer sacrificios muy intensos antes de la sentencia y, precisamente por eso, exige que esos sacrificios no desaparezcan del cómputo final como si nunca hubieran existido.

 

Marco legal básico: artículos 58 y 59 del Código Penal

El núcleo normativo del abono está en los artículos 58 y 59 del Código Penal español. El artículo 58 regula el supuesto clásico: el tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente, incluida la detención y la prisión provisional, debe abonarse para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa correspondiente.

El artículo 59, en cambio, está pensado para los casos en que la medida cautelar padecida y la pena finalmente impuesta no son de la misma naturaleza. En esos supuestos, la ley no fija una conversión rígida, sino que ordena compensar la medida atendiendo a su contenido y al grado de afectación que haya provocado sobre la libertad o sobre otros derechos del penado.

Este doble anclaje legal explica buena parte de los debates prácticos. El artículo 58 ofrece una regla de equivalencia más directa, mientras que el artículo 59 abre un espacio interpretativo mucho más amplio, donde la doctrina jurisprudencial ha tenido que concretar cómo se compensa, por ejemplo, una obligación de comparecer periódicamente o una medida cautelar que no supone encierro pero sí una restricción continuada.

 

La lógica del sistema y la prisión provisional

La lógica del abono descansa en una idea básica: el Estado no puede ignorar el sacrificio cautelar ya impuesto cuando llega el momento de ejecutar la pena. Si la detención o la prisión provisional no se descontaran, la consecuencia práctica sería una duplicación del castigo incompatible con una concepción proporcionada de la respuesta penal.

Ahora bien, esa misma lógica tiene un límite muy claro. El Tribunal Supremo ha rechazado que el tiempo de prisión preventiva pueda operar como una suerte de saldo favorable acumulable para extinguir condenas por hechos delictivos posteriores, porque eso convertiría la medida cautelar en un incentivo perverso y rompería el vínculo entre el sacrificio sufrido y el hecho al que se refiere.

Por eso, cuando se habla de abono en causa distinta o de compensaciones cruzadas, la clave no es solo si hubo una restricción real de libertad, sino también cuál es la relación temporal y material entre esa medida cautelar y los hechos por los que finalmente se cumple condena. En términos de política criminal, el sistema busca un equilibrio delicado: evitar el exceso punitivo, pero sin abrir la puerta a una utilización estratégica del tiempo de preventiva como “moneda de cambio” frente a responsabilidades penales futuras.

 

La detención policial: si computa, cómo computa y desde cuándo

La privación de libertad no comienza cuando se cierran las puertas de un centro penitenciario, sino en el mismo instante en que las fuerzas de seguridad restringen la deambulación del investigado. Por ello, el artículo 58 del Código Penal es taxativo al ordenar que el tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente sea abonado en su totalidad. En la práctica procesal, esto significa que el tiempo que una persona pasa en los calabozos de una comisaría o a la espera de pasar a disposición judicial se considera a todos los efectos como cumplimiento anticipado de la condena final.

Para que esta compensación se haga efectiva, los abogados defensores deben asegurarse de que en la liquidación de condena consten las fechas y horas exactas del atestado policial. Es irrelevante si la detención agotó el plazo máximo legal de 72 horas o si se limitó a una retención de unas pocas horas; el ordenamiento jurídico reconoce ese impacto en el derecho fundamental a la libertad y obliga al tribunal a descontarlo de la pena definitiva.

 

La prisión provisional: regla general de abono íntegro

Cuando un juez de instrucción dicta un auto de ingreso en prisión preventiva, el reloj de la futura condena se pone en marcha de forma automática. Al tratarse de una privación de libertad idéntica a la que se sufre al cumplir una pena de cárcel, el sistema aplica la regla del abono íntegro: un día de prisión provisional equivale de forma exacta a un día de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia.

Esta equivalencia directa, derivada de la homogeneidad entre la medida cautelar y la sanción definitiva, no deja margen de discrecionalidad al tribunal sentenciador. El órgano judicial tiene la obligación de realizar una simple operación aritmética de resta, garantizando así que el preso no cumpla materialmente ni un solo día más de los fijados en el fallo de la sentencia.

 

Cómputo práctico: días completos, fracciones y fechas límite

El cálculo matemático del abono de preventiva se rige por el principio favor libertatis o de interpretación más favorable al reo. La jurisprudencia y la práctica de los juzgados de ejecución penal han consolidado el criterio de que las fracciones de día se computan como días completos a favor de la persona penada. Si una persona es detenida o ingresa en prisión a las 23:30 horas, ese día natural contabiliza como un día completo de cumplimiento.

Del mismo modo, la fecha en la que se dicta el auto de libertad provisional o se produce el licenciamiento definitivo también suma como un día íntegro de privación de libertad en el expediente. Este sistema de redondeo al alza busca evitar que las demoras administrativas, los traslados en furgones policiales o los tiempos de espera burocráticos en los juzgados de guardia terminen perjudicando los derechos del condenado.

 

Abono en la misma causa y abono en causa distinta

El escenario más fluido en la ejecución penal es el “abono propio”, que se produce cuando el tiempo de encierro preventivo se descuenta directamente de la condena impuesta en ese mismo procedimiento. Sin embargo, el sistema también prevé el “abono impropio”, una figura que permite rescatar los días de prisión preventiva sufridos en una causa que terminó en absolución o sobreseimiento, para descontarlos de una condena dictada en un procedimiento totalmente distinto.

Para que este trasvase de días sea legalmente viable, el Tribunal Supremo impone una línea roja cronológica ineludible: el delito por el que se cumple la condena actual tuvo que haberse cometido con anterioridad al ingreso en prisión preventiva de la causa absuelta. Esta restricción busca evitar que la prisión preventiva opere como una especie de “salvoconducto” o cuenta de ahorro de impunidad para cometer nuevos delitos en el futuro sabiendo que se dispone de días de prisión a favor.

 

Límites del abono impropio

El límite fundamental del abono impropio es el requisito cronológico fijado por la jurisprudencia para evitar escenarios de impunidad encubierta. Para que los días de prisión preventiva sufridos en una causa absuelta puedan descontarse de otra condena, el delito de esta última debió cometerse estrictamente antes del ingreso preventivo.

Si se permitiera abonar penas por delitos posteriores, se crearía un peligroso crédito a favor del delincuente que vaciaría de contenido la función preventiva de la sanción penal. Esta restricción exige a los abogados penalistas revisar minuciosamente las fechas de comisión de los delitos al solicitar acumulaciones procesales.

 

Libertad, prisión provisional y comparecencias periódicas

La libertad provisional dictada durante una instrucción procesal rara vez es absoluta, ya que suele ir acompañada de la obligación de firmar regularmente. Esta medida cautelar obliga al investigado a presentarse físicamente ante el tribunal en fechas prefijadas, limitando severamente su capacidad de desplazamiento.

Al suponer una injerencia evidente en el derecho a la libertad personal padecida antes del juicio, la ley exige que esta carga sea evaluada. En la práctica profesional, esto supone que las restricciones impuestas para garantizar la presencia del imputado no caen en saco roto al dictarse la sentencia firme.

 

Doctrina sobre presentaciones judiciales

Durante años existió un intenso debate en los tribunales españoles sobre si el simple hecho de acudir a firmar permitía descontar días de cárcel. Esta controversia fue definitivamente resuelta por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo mediante la histórica sentencia 1045/2013.

Aplicando el mandato del artículo 59 del Código Penal, el Alto Tribunal determinó que esta obligación genera una aflicción real compensable. Esta jurisprudencia consolidó el derecho de los penados a ver atenuada su condena final en proporción a las molestias padecidas durante la instrucción.

 

Criterio de equivalencia judicial y la prisión provisional

Para evitar disparidades entre las distintas audiencias provinciales, el Tribunal Supremo fijó un módulo de conversión estandarizado, objetivo y previsible. La regla jurisprudencial consolidada establece que diez comparecencias debidamente acreditadas equivalen exactamente a un día de privación de libertad.

Esta fórmula aritmética permite a las defensas solicitar al letrado de la Administración de Justicia un recuento certificado de las firmas realizadas. Posteriormente, este certificado se aporta al tribunal sentenciador para restar los días correspondientes de la liquidación definitiva, acortando el tiempo de internamiento.

 

Otras restricciones cautelares comparables: alejamiento, prohibiciones y control judicial

El debate sobre el abono no se agota en la detención, la prisión provisional o las comparecencias apud acta. El artículo 59 del Código Penal está precisamente pensado para los supuestos en que la medida cautelar padecida y la pena finalmente impuesta no son homogéneas, lo que obliga al tribunal a valorar la naturaleza de la restricción y su intensidad real antes de decidir si procede una compensación y en qué proporción. En ese marco encajan otras medidas cautelares que, sin suponer encierro carcelario, sí limitan de forma relevante la libertad deambulatoria, la vida cotidiana o la autonomía personal del investigado.

Desde una perspectiva divulgativa, conviene explicar que no toda restricción judicial produce automáticamente un descuento aritmético de condena. La clave está en demostrar que la medida tuvo un contenido aflictivo real, sostenido y jurídicamente relevante, de forma que el tribunal pueda apreciar que existió un sacrificio anticipado que no debe quedar invisibilizado cuando se practique la liquidación de condena. Por eso, en este apartado resulta útil subrayar que el sistema no funciona con equivalencias cerradas para todos los casos, sino con una lógica de ponderación que exige atender al caso concreto.

 

Compensación entre medidas y penas de distinta naturaleza

La verdadera complejidad del sistema aparece cuando la medida cautelar sufrida y la pena finalmente impuesta pertenecen a categorías distintas. Mientras que el artículo 58 del Código Penal permite una operación casi automática cuando hay identidad entre prisión provisional y pena de prisión, el artículo 59 obliga a una compensación cualitativa, construida sobre la base del contenido material de la medida y del grado de afectación producido sobre los derechos del penado. Esa diferencia explica por qué algunos supuestos se resuelven con una simple resta de días y otros exigen una labor judicial mucho más argumentada.

En términos de política jurídica, este modelo intenta evitar dos riesgos opuestos. Por un lado, impide que el Estado ignore restricciones cautelares relevantes solo porque no sean idénticas a la pena definitiva; por otro, evita que cualquier incomodidad procesal se convierta automáticamente en un descuento penitenciario sin criterio de proporcionalidad. Para un reportaje bien construido, este punto debe presentarse como una bisagra entre la lógica del abono “día por día” y las compensaciones más discutidas, porque ahí se aprecia mejor que el abono no es solo una cuestión de calendario, sino también de valoración jurídica del sacrificio sufrido.

 

Cuando la prisión provisional se descuenta de una multa

Uno de los desarrollos más llamativos de la jurisprudencia reciente es la posibilidad de compensar tiempo de prisión provisional con una pena de multa en determinados supuestos. El Tribunal Supremo ha admitido esa compensación cuando el condenado no tiene pendiente el cumplimiento de otra pena privativa de libertad, lo que permite proyectar el tiempo de encierro cautelar sobre una sanción que, en principio, es de naturaleza distinta. La solución se apoya en una lectura sistemática de los artículos 58 y 59 del Código Penal, en conexión con el artículo 53, para evitar que una privación de libertad ya sufrida quede sin efecto compensatorio cuando la respuesta penal final adopta forma pecuniaria.

La equivalencia aplicada en ese contexto parte del criterio usado para la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa: un día de privación de libertad puede compensar dos cuotas diarias de multa. Dicho con lenguaje más periodístico, el sistema admite que el encierro cautelar no desaparezca jurídicamente por el mero hecho de que la condena firme no sea de prisión, siempre que concurran los requisitos fijados por la jurisprudencia. Este apartado da mucho juego porque rompe la intuición más extendida, la de que solo se abona prisión con prisión, y muestra hasta qué punto la fase de ejecución penal exige una lectura flexible, pero técnicamente muy afinada, del principio de proporcionalidad.

 

Quién decide el abono: tribunal sentenciador, ejecutoria y vigilancia penitenciaria

Las controversias sobre abono no son solo sustantivas; también son profundamente procesales. La compensación de medidas cautelares cobra verdadera eficacia en la fase de ejecución, que es donde debe concretarse su reflejo en la liquidación de condena, especialmente cuando no existe una equivalencia automática entre la medida sufrida y la pena impuesta. Por eso, en un reportaje jurídico riguroso conviene explicar que el problema no se reduce a reconocer un derecho en abstracto, sino a determinar cómo se documenta, cómo se discute y cómo se incorpora finalmente al cómputo de cumplimiento.

Este apartado concentra muchos de los conflictos prácticos del sistema penal: certificación de comparecencias, acreditación de fechas de detención, valoración de la intensidad de la cautela padecida y discusión sobre la equivalencia aplicable en supuestos heterogéneos. En otras palabras, la cuestión competencial importa porque de ella depende que el abono deje de ser una proclamación teórica y se transforme en una reducción efectiva de condena. Es un buen punto para introducir después, ya en los problemas habituales de liquidación, las impugnaciones más frecuentes y el margen real de actuación de la defensa en la ejecutoria penal.

 

Problemas frecuentes en la práctica forense

El tránsito de la teoría del Código Penal a la liquidación efectiva de condena suele estar lleno de obstáculos burocráticos y discrepancias interpretativas. Uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan los abogados es la fragmentación de la información: los días de detención policial no siempre constan de forma clara en el expediente judicial, o las fechas de inicio y fin de una prisión provisional en otra causa resultan difíciles de certificar. Esta falta de trazabilidad obliga a las defensas a realizar una labor casi detectivesca para recopilar mandamientos de libertad, atestados y certificados de los centros penitenciarios.

Otra fuente inagotable de conflictos surge cuando coexisten múltiples condenas y periodos de preventiva superpuestos. En estos casos de concurrencia, los juzgados de ejecutoria a veces aplican criterios restrictivos que terminan solapando días de cumplimiento, vulnerando el principio de que un mismo día de privación de libertad no puede abonarse dos veces, pero tampoco puede ser ignorado. Esta complejidad técnica convierte la fase de ejecución en un terreno donde la pericia del abogado es determinante para evitar que el penado cumpla más tiempo del estrictamente necesario.

 

Errores habituales de liquidación y cómo impugnarlos

La liquidación de condena es el documento matemático más importante en la vida de una persona privada de libertad, pero está lejos de ser infalible. Un error clásico de las secretarías judiciales es omitir los días que el investigado pasó en los calabozos policiales o en los juzgados de guardia antes de que se dictara el auto de prisión o de libertad. Al tratarse de períodos cortos (de 24 a 72 horas), a menudo pasan desapercibidos en el cómputo global, pero su exclusión vulnera frontalmente el mandato del artículo 58 del Código Penal.

Para corregir estas deficiencias, el ordenamiento jurídico prevé un trámite específico de audiencia a las partes antes de aprobar la liquidación definitiva. Es en este momento procesal, mediante un escrito de alegaciones o un recurso de reforma subsidiario de apelación, cuando la defensa debe aportar los certificados de comparecencias apud acta o los oficios policiales que acreditan la privación de libertad no contabilizada. Si el juzgado de ejecución rechaza la compensación, la batalla legal se traslada a las audiencias provinciales, que son las encargadas de unificar el criterio interpretativo.

 

Jurisprudencia clave del Tribunal Supremo

La evolución del abono de medidas cautelares en España no se entiende sin el papel corrector y unificador de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Más allá de la histórica sentencia 1045/2013 que fijó la equivalencia de las comparecencias apud acta (diez firmas igual a un día de prisión), el Supremo ha tenido que intervenir reiteradamente para delimitar las fronteras del llamado “abono impropio”. Su jurisprudencia ha consolidado el principio de que la preventiva sufrida en una causa absuelta solo puede descontarse de otra condena si el delito de esta última se cometió antes de la medida cautelar.

Recientemente, el Alto Tribunal también ha abierto vías innovadoras de compensación, como la posibilidad de descontar tiempo de prisión provisional del pago de una pena de multa, aplicando analógicamente la ratio de dos cuotas diarias por cada día de privación de libertad. Esta doctrina jurisprudencial demuestra que el sistema penal español, lejos de aplicar una matemática ciega, busca constantemente equilibrar la protección de la sociedad con el derecho fundamental a no sufrir excesos punitivos injustificados por retrasos o disfunciones procesales.

 

Impacto penitenciario: clasificación, licenciamiento y cumplimiento efectivo

El abono de la prisión preventiva no solo adelanta la fecha de licenciamiento definitivo (el día en que se extingue la condena), sino que tiene un impacto directo y multiplicador en toda la vida penitenciaria del recluso. Al integrarse los días abonados en el cómputo total de cumplimiento, el interno alcanza mucho antes los hitos temporales que marca la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario para acceder a beneficios clave.

Por ejemplo, un abono sustancial puede suponer que el recluso cumpla instantáneamente la cuarta parte de la condena, abriéndole la puerta a los permisos de salida ordinarios. Del mismo modo, adelanta el cumplimiento del tercio o de la mitad de la pena, umbrales que las Juntas de Tratamiento evalúan para proponer progresiones al tercer grado (semilibertad) o, en última instancia, para que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria conceda la libertad condicional. Por tanto, luchar por el abono de cada día cautelar no es una cuestión menor, sino la llave que acelera la reinserción sociolaboral del penado.

 

Perspectiva garantista: libertad personal, prisión provisionalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica

El abono de la prisión preventiva y otras medidas cautelares no es un mero trámite administrativo, sino una exigencia directa del derecho a la libertad personal consagrado en la Constitución. Desde una perspectiva puramente garantista, el principio de proporcionalidad prohíbe taxativamente que el Estado imponga una doble carga punitiva por unos mismos hechos. Si el sistema penal se ve obligado a adelantar el sufrimiento del investigado para asegurar el proceso, el mandato de los artículos 58 y 59 del Código Penal garantiza que ese sacrificio se reste de la factura final para restablecer el equilibrio jurídico.

Al mismo tiempo, la consolidación de estos criterios jurisprudenciales refuerza la seguridad jurídica. Antes de que el Tribunal Supremo unificara las reglas, como la equivalencia de las comparecencias apud acta o los límites del abono en causa distinta, existía el riesgo de que la duración efectiva de una condena dependiera de la audiencia provincial que practicara la liquidación. Hoy, el establecimiento de baremos objetivos y transparentes asegura que todos los ciudadanos se enfrenten a la misma “matemática penal”, protegiendo el sistema frente a decisiones arbitrarias.

 

Casos prácticos explicados paso a paso

Para entender cómo operan estas reglas en la realidad de los juzgados, imaginemos a un investigado que pasa 48 horas detenido en dependencias policiales, ingresa en prisión provisional durante 6 meses (180 días) y, tras ser puesto en libertad, cumple con la obligación de firmar en el juzgado cada quince días durante dos años (48 comparecencias). Si finalmente es condenado a 3 años de cárcel, la liquidación sumará: 2 días por la detención policial (redondeando las fracciones a favor del reo), 180 días por la prisión preventiva, y 5 días por las comparecencias (aplicando la regla de 10 firmas equivalen a un día y redondeando al alza). En total, a su condena se le restarán 187 días de cumplimiento efectivo.

El escenario cambia sustancialmente si esa misma persona resulta condenada, no a prisión, sino a una pena de multa de 12 meses (360 cuotas diarias), y no tiene otras responsabilidades privativas de libertad pendientes. En este caso, entra en juego la jurisprudencia más reciente sobre compensación heterogénea. Aplicando el criterio de que un día de prisión preventiva equivale a dos cuotas de multa, los 180 días de encierro cautelar bastarían para dar por pagada y extinguida en su totalidad la pena pecuniaria de 360 cuotas, liberando al penado de cualquier carga económica o responsabilidad personal subsidiaria.

La principal recomendación para los abogados defensores es mantener una actitud proactiva y no esperar al trámite de ejecución para documentar los sacrificios cautelares de sus clientes. Es fundamental solicitar al letrado de la Administración de Justicia (antiguo secretario judicial) un certificado íntegro de todas las comparecencias apud acta en cuanto finalice la fase de instrucción. Igualmente, la defensa debe revisar escrupulosamente los atestados policiales y los autos de puesta en libertad para asegurar que no se “pierda” ni una sola hora de detención en el expediente, ya que esos periodos cortos son los que con más frecuencia omite la oficina judicial.

Para las personas penadas, el consejo clave es no dar nunca por buena la primera liquidación de condena sin que un abogado la revise a fondo. Deben entender que reclamar estos días no es pedir un favor al tribunal, sino ejercer un derecho fundamental. Además, si cuentan en su historial con un periodo de prisión preventiva sufrido en una causa en la que fueron absueltos, deben informar inmediatamente a su defensa para que esta analice si las fechas de comisión de los delitos permiten solicitar un abono impropio que recorte su internamiento actual.

 

Hacia un criterio de abono más coherente y transparente

La evolución del sistema de abonos demuestra que el derecho penal español ha transitado desde una aplicación rígida y aritmética hacia una doctrina mucho más sofisticada y sensible a la realidad de las medidas cautelares. Los artículos 58 y 59 del Código Penal, interpretados a la luz de las resoluciones del Tribunal Supremo, han logrado articular un mecanismo que compensa el sufrimiento anticipado del investigado sin regalar “créditos de impunidad” que pongan en riesgo a la sociedad.

Sin embargo, el reto de cara al futuro es procedimental y tecnológico. El sistema de justicia necesita una mayor integración digital que automatice la trazabilidad de estas medidas, creando un registro único de privaciones de libertad y restricciones cautelares que impida que los días se extravíen entre juzgados de instrucción, tribunales sentenciadores y centros penitenciarios. Solo con un sistema de liquidación verdaderamente transparente y sin fisuras burocráticas se logrará que la ejecución penal cumpla plenamente con su función resocializadora y de respeto a los derechos humanos.