La responsabilidad civil derivada del delito

Hablar de responsabilidad civil derivada del delito suele llevarnos, de manera casi automática, al proceso penal y a la pieza de responsabilidad civil que lo acompaña. Allí se discute la cuantificación del daño, su extensión y los sujetos obligados a reparar. Sin embargo, desde la óptica de la defensa penal y penitenciaria, la cuestión desborda con mucho lo estrictamente procesal: se convierte en un factor que condiciona la ejecución de la pena, el acceso a beneficios y, en definitiva, el itinerario de reinserción del condenado.

Para las abogadas que ejercemos en este ámbito, la responsabilidad civil derivada del delito no es un apéndice accesorio, sino un elemento que atraviesa la vida de nuestros defendidos desde el mismo inicio del proceso hasta su estancia en prisión. La condena penal impone una deuda con el Estado en forma de privación de libertad, pero la condena civil genera otra deuda, esta vez con las víctimas, que puede convertirse en una cadena invisible, de consecuencias a menudo más prolongadas que la pena misma.

En el proceso penal, el principio de restitución y reparación a la víctima es incuestionable. Nadie pone en duda que el delito, además de su dimensión pública, deja huellas personales que merecen reparación. El problema aparece cuando el condenado carece de medios económicos reales para hacer frente a esa obligación. Lo que en un plano abstracto es un deber de justicia se transforma en la práctica en un obstáculo que bloquea la progresión penitenciaria. La legislación penitenciaria española, en sus artículos y en su interpretación judicial, ha ido consolidando la idea de que el abono —al menos parcial— de la responsabilidad civil derivada del delito es una manifestación tangible del esfuerzo de reinserción. Y, sin embargo, esta concepción genera una paradoja: los internos con mayor vulnerabilidad social y económica son los que más dificultades encuentran para acceder a permisos, a terceros grados o a la libertad condicional. 

Desde la defensa, resulta difícil aceptar que el compromiso con la reinserción se mida únicamente en la capacidad económica del individuo. Existen internos que, sin recursos, muestran una conducta penitenciaria impecable, participan en programas formativos, colaboran con los equipos de tratamiento y manifiestan una clara conciencia crítica respecto al delito cometido. Y, sin embargo, la falta de medios para resarcir a la víctima acaba erigiéndose en una barrera infranqueable. En este punto, la responsabilidad civil deja de cumplir su función reparadora para convertirse en un factor de exclusión penitenciaria.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que la responsabilidad civil no es un requisito automático para la progresión, pero la práctica demuestra que los Centros Penitenciarios, Fiscalía y los Juzgados de Vigilancia insisten en valorar la voluntad de pago como indicador casi determinante de reinserción. La pregunta que surge es inevitable: ¿qué significa “voluntad de pago” cuando hablamos de personas que apenas cuentan con ingresos, que dependen de un peculio mínimo o del trabajo en talleres penitenciarios con retribuciones simbólicas? La respuesta institucional suele ser exigir gestos simbólicos —pequeñas aportaciones mensuales—, pero incluso esas contribuciones, en ocasiones, resultan inasumibles para quienes carecen de apoyos familiares y sociales.

La defensa penal no puede dejar de señalar la desigualdad estructural que este sistema genera. El acceso a beneficios penitenciarios, que deberían depender del esfuerzo personal, del tratamiento individualizado y de la evolución conductual, se encuentra supeditado a una variable económica. En términos prácticos, el sistema premia al interno con capacidad económica y castiga al que carece de ella, incluso aunque su proceso de reinserción sea más sólido.

Desde la perspectiva del derecho penitenciario, urge una reflexión profunda sobre cómo articular mecanismos que permitan conciliar el derecho de las víctimas a ser reparadas con el derecho de los penados a la igualdad de oportunidades en la reinserción. Algunas experiencias ya apuntan en esa dirección: planes de trabajo comunitario vinculados a la reparación simbólica, convenios con entidades sociales que permiten canalizar esfuerzos en beneficio de las víctimas de manera no estrictamente económica, o programas que acrediten de forma objetiva la voluntad del interno de cumplir, aunque no pueda hacerlo de manera inmediata.

En el fondo, el debate sobre la responsabilidad civil derivada del delito en clave penitenciaria nos enfrenta a la tensión entre dos principios: el de reparación a la víctima y el de resocialización del condenado. Como abogadas de defensa, sabemos que ambos no son excluyentes, pero también que la balanza no puede inclinarse siempre del mismo lado, so pena de vaciar de contenido el mandato constitucional de reinserción. La verdadera justicia no consiste en perpetuar la exclusión mediante deudas imposibles, sino en abrir caminos que permitan al condenado reparar en lo posible, responsabilizarse de su conducta y, al mismo tiempo, avanzar en un itinerario penitenciario que no dependa únicamente de su capacidad económica.

La responsabilidad civil, bien entendida, debería ser un puente entre la víctima y el infractor, no un muro que prolonga la pena más allá de sus límites. Desde la defensa penal y penitenciaria, esa es la batalla diaria: recordar que el derecho de las víctimas a la reparación y el derecho de los internos a la reinserción son dos caras de la misma moneda, y que la justicia solo se cumple cuando ambas encuentran su equilibrio.