El inflacionismo penitenciario

 

Un recorrido de cómo España y Europa han normalizado estancias más largas, más prisión preventiva y menos alternativas, y por qué alinear la política penal con datos, proporcionalidad y reinserción es clave para frenar el inflacionismo penitenciario y su conflictividad.

Mariam Bataller

 

El inflacionismo penitenciario puede entenderse como la convergencia de dinámicas normativas, judiciales y mediático-políticas que desplazan el centro de gravedad de la respuesta estatal hacia soluciones penitenciarias de mayor duración y alcance, incluso en contextos de criminalidad grave relativamente baja, como es el caso español en comparación occidental. En este marco, su dimensión normativa se expresa en oleadas de reformas que elevan escalas penales, crean nuevos tipos o endurecen requisitos para beneficios, consolidando un estándar de severidad que tiende a reducir las posibilidades de reinserción, mientras que la dimensión material se aprecia en el incremento del tiempo real de cumplimiento y en la mayor presencia de perfiles de larga estancia.

En la práctica significa tres cosas que se retroalimentan. Primero, se aprueban más delitos y agravantes o se endurecen los existentes, de modo que conductas antes sancionadas de otra forma pasan a castigarse con prisión o con penas más largas. Segundo, quienes entran en prisión se quedan más tiempo: cambian las reglas de acumulación y progresión, suben los mínimos, y las condenas largas pesan cada vez más en el conjunto, de modo que el “stock” de personas presas crece por duración, no solo por entradas. Tercero, la prisión preventiva se usa mucho en algunos sistemas, y eso añade presión inmediata a la ocupación de celdas, incluso antes de que haya sentencia firme.

Los datos ayudan a situarlo. España aparece en la parte alta de Europa occidental por tasa de encarcelamiento, pero con ocupación relativamente holgada, lo que muestra que tener más presos no siempre equivale a hacinamiento, sino a una preferencia estructural por la cárcel frente a alternativas en comunidad. En el conjunto europeo, el promedio ronda 105 presos por 100.000 habitantes y un tercio de sistemas opera por encima del 100% de ocupación, con países como Francia o Italia con mayor densidad; los expertos señalan que donde las estancias son más largas, la población presa tiende a ser más alta y envejece más, porque tarda más en salir.

En el plano informativo, este fenómeno de inflacionismo penitenciario se cuenta con etiquetas distintas según quién lo explique y con qué objetivo. Hay quien lo llama “endurecimiento penal” o “sistema carcelario desproporcionado”, y hay quien lo vincula al “populismo punitivo”: tras un caso mediático, se piden penas más duras y el legislador responde rápido, aunque la evidencia sobre que eso reduzca el delito sea limitada. Los reportajes comparativos resaltan también el papel de la preventiva y de la longitud de las penas como verdaderos “acumuladores” de población, y proponen soluciones conocidas: acortar condenas para delitos no violentos, extender medidas alternativas y medir mejor cuánto tiempo real se cumple por tipo de delito.

En resumen, el mapa del fenómeno del inflacionismo penitenciario muestra una rueda que se mueve por reformas severas, estancias más largas y más uso de la cárcel antes del juicio, con efectos visibles en tasas y ocupación; y dibuja otra rueda de salida: apostar por penas y medidas en comunidad cuando sea posible, revisar y acortar las condenas que hoy se alargan sin beneficio probado, y hacer públicos datos claros y periódicos para que las decisiones se tomen con evidencia y no por el impulso del último susto mediático.

En una mañana cualquiera, el módulo de un centro penitenciario abre sus puertas con una cifra que pesa más que los barrotes: entran pocas personas pero salen menos, pero quienes están dentro permanecen más tiempo. Esa imagen resume la lógica del inflacionismo carcelario. No es solo que haya más delitos castigados con prisión; es que las condenas duran más y la salida se retrasa, de modo que la población se acumula por duración, no por ritmo de entradas. La presión se nota en la planificación de cada servicio: turnos más tensos, listas de espera para tratamiento y menos margen para actividades de reinserción que requieren estabilidad y cupos.

Dos historias humanas y el inflacionismo penitenciario

La historia de M. ayuda a ponerle rostro. Fue condenado por un delito no violento con una pena que, hace una década, probablemente habría permitido un cumplimiento más corto o en régimen abierto tras un periodo inicial. Hoy, con mínimos más altos y recorridos de progresión más exigentes, su estancia efectiva se alarga. Para su familia, la condena no es solo una cifra penal: significa años de viajes, gastos y ausencias. Para el propio M., cada mes añadido fuera del mercado laboral complica la vuelta a empezar. Así, decisiones legislativas y de gestión que parecen abstractas se traducen en biografías más interrumpidas y en más población envejeciendo entre rejas.

También se ve en los juzgados de instrucción. En determinados casos, la prisión preventiva se convierte en la opción por defecto, incentivando al inflacionismo penitenciario indirectamente. No es una condena, pero ocupa celda y altera vidas. D., detenido a la espera de juicio, pasa meses sin sentencia firme. Si luego es absuelto o condenado a una pena inferior al tiempo ya cumplido, el daño personal y familiar no es recuperable, y el sistema ha soportado esa carga añadida mientras otros internos esperaban plaza en programas clave. Cuando la preventiva se usa de forma amplia, el termómetro de ocupación sube, y con él los conflictos cotidianos de una prisión que funciona al límite.

La fotografía de un país “con celdas libres” puede engañar. España no sufre un hacinamiento general como el de algunos vecinos europeos, pero el dato calmado de ocupación oculta otra tendencia: un uso más habitual de la cárcel como respuesta estándar, incluso donde las alternativas en comunidad darían el mismo o mejor resultado, y con un inflacionismo penitenciario creciente. Por eso, en la sala de juntas de una dirección penitenciaria se habla tanto de cupos para talleres como de condenas largas. Si las estancias se alargan y los itinerarios de progresión se estrechan, habrá más internos que necesitan plazas de formación, terapia o trabajo de las que el centro puede ofrecer. Y donde falta la actividad significativa, crece la frustración, y con ella los incidentes.

Otra escena ocurre lejos de los muros: en la redacción de un medio, una noticia de sucesos conmociona al país. En horas, tertulias y editoriales reclaman más castigo. Días después, llegan propuestas para elevar penas o crear nuevos delitos. Ese carril rápido entre emoción pública y reforma penal alimenta la rueda inflacionaria. A corto plazo, las medidas transmiten control; a medio, aumentan el tiempo dentro y, por tanto, el número de personas que siguen dentro. Así, titulares que nacen de un caso extremo terminan reescribiendo la normalidad de miles de historias como la de M. y la de D.

Finalmente, hay historias que apuntan a salidas. Centros que amplían medidas en comunidad para perfiles no violentos y comprueban que, con supervisión y apoyo, la reincidencia no aumenta y la vida dentro se ordena mejor. Jueces que, con información completa sobre vivienda, empleo y tratamiento, optan por alternativas bien diseñadas. Equipos que miden no solo cuántas celdas ocupan, sino cuánto tiempo real se cumple por tipo de delito y cuántos progresan sin incidentes. Cuando esos relatos toman espacio en la conversación pública, la rueda deja de girar solo hacia dentro y empieza a abrir caminos de vuelta.

La espiral penitenciaria: los engranajes ocultos

La rueda también se alimenta de incentivos y métricas mal alineadas dentro del propio sistema. Si los responsables políticos y penitenciarios son evaluados por “aparentar dureza” como número de años impuestos, tasas de ocupación controladas a corto plazo y no por resultados como reducción de reincidencia o duración efectiva de cumplimiento, las decisiones tenderán a alargar condenas y a priorizar respuestas de encierro por defecto. Cambiar la brújula exige medir de forma rutinaria la reincidencia, el tiempo real cumplido por tipo de delito y el uso de la preventiva, para que la rendición de cuentas gire hacia resultados y no hacia señales punitivas simbólicas.

Otro combustible son los “costes escondidos” de las estancias largas. A medida que se prolongan las condenas, crece la población de mayor edad y con problemas de salud mental, lo que encarece la atención sanitaria y multiplica incidentes autolesivos y suicidios, especialmente donde se recurre al aislamiento como herramienta de gestión. Este deterioro no solo agrava la presión asistencial y la conflictividad, sino que además reduce la eficacia futura de la reinserción: cuanto peor es la salud física y mental al salir, más difícil es reengancharse al empleo y a redes de apoyo, lo que empuja a nuevas entradas y mantiene elevada la población presa, con el inflacionismo penitenciario que conlleva.

La lentitud procesal es otra pieza que suele pasarse por alto. Cada retraso en la instrucción o el juicio prolonga la prisión preventiva y convierte una medida excepcional en un factor estructural de ocupación, especialmente en delitos complejos o con macrocausas. Esta sobreutilización, señalada por expertos europeos y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solo vulnera principios como la presunción de inocencia, sino que también “bloquea” camas y programas para penados, empeorando la gestión global del centro y alimentando la rueda de la saturación.

La respuesta de capacidad y del inflacionismo penitenciario, cuando se centra solo en construir más celdas o incluso en externalizar plazas a otros países, puede actuar como un “bypass” que posterga el problema sin resolverlo. Se ha documentado que acuerdos para recolocar presos en el extranjero alivian tensiones a corto plazo, pero no corrigen la fuente: condenas largas y sobreuso de la preventiva. Sin reformas en política de sentencias y en medidas alternativas, cada nueva cama tiende a ocuparse, y la espiral vuelve a su punto de partida con mayores costes y complejidad operativa.

Por último, la rueda se acelera cuando la confianza pública en las alternativas es baja. Los fallos visibles de una tobillera o un servicio comunitario mal diseñado ocupan titulares, mientras que los fracasos de la cárcel: reincidencia, deterioro de salud y coste son menos inmediatos y difíciles de “ver”. Sin campañas de alfabetización penal y transparencia en indicadores, la opinión pública seguirá respaldando soluciones de encierro “que se notan”, reforzando la demanda política de endurecimiento. Reequilibrar el debate requiere mostrar con datos y casos cómo funcionan las alternativas bien aplicadas y qué resultados logran, para que el ciclo de miedo–ley dura pierda combustible.

España en contexto

España figura en la franja alta de Europa occidental por tasa de encarcelamiento, en torno a 117 personas presas por cada 100.000 habitantes, por encima de Alemania e Italia y en niveles cercanos a Francia, según el análisis de los datos SPACE I difundido en prensa de referencia; Cataluña presenta una tasa menor (alrededor de 100), y la vasca aún no aparece desagregada en esa pieza. A la vez, la ocupación de plazas se mantiene baja en términos comparados: alrededor de 74 internos por cada 100 plazas al sumar administración estatal y catalana, lo que sitúa al país entre los que tienen menos saturación de Europa, de acuerdo con la lectura del último corte del SPACE. Esa combinación de tasa alta y densidad baja apunta a un uso preferente de la prisión frente a alternativas, pero con capacidad física suficiente, un rasgo que diferencia el caso español de vecinos con sobreocupación crónica.

Las dinámicas que explican el “stock” penitenciario en España remiten menos a picos de entradas que a cuánto tiempo se permanece dentro. Los informes comparativos del Consejo de Europa insisten en que periodos medios de detención más cortos se asocian a tasas más bajas, y que alargar condenas, especialmente en delitos no violentos, tiende a elevar la población presa de forma acumulativa; esa lógica se observa en el debate español sobre progresiones, beneficios y perfiles de larga estancia. A ello se suma el papel de la prisión preventiva: su uso amplio en ciertas jurisdicciones añade presión inmediata a la ocupación y altera la gestión de programas, una constante señalada por análisis europeos que encaja con la experiencia de módulos que funcionan con alta rotación por preventivos.

El contexto español también está marcado por reformas que, en ocasiones, han moderado la severidad y, en otras, la han reforzado. La Ley Orgánica 5/2010 redujo la horquilla máxima de prisión para supuestos de tráfico de drogas de escasa entidad, de nueve a seis años, una medida que se justificó por rigidez y uso excesivo de indultos, y que se cita como ejemplo de ajuste proporcional en un campo con mucho peso en el sistema. Ese tipo de cambios tuvo efectos en la década siguiente sobre entradas y duraciones en determinados delitos, pero el cuadro general sigue mostrando una tasa de prisión alta relativa con ocupación baja, lo que mantiene abierto el debate sobre cuánto dependen las cifras españolas de la duración efectiva y del uso de la preventiva frente a alternativas en comunidad.

En comparación europea, el promedio se sitúa en torno a 105 presos por 100.000 y un tercio de administraciones por encima del 100% de ocupación, con escenarios de superpoblación grave en varios países; España, sin ese problema de densidad, aparece como un caso de “inflación punitiva” sin hacinamiento, sostenido por decisiones de política criminal y de ejecución que privilegian la pena de prisión y estancias largas. De ahí que las propuestas más repetidas en foros especializados apunten a medir y ajustar la duración efectiva por delito, racionalizar la preventiva y ampliar alternativas, para alinear la tasa con estándares de proporcionalidad sin trasladar el problema a la sobreocupación.

Europa bajo presión

Europa registra en torno a 105-122 personas presas por cada 100.000 habitantes según cortes y fuentes, con incrementos recientes tras el fin de medidas pospandemia y cambios políticos que endurecen la respuesta penal. Un tercio de las administraciones opera por encima del 100% de ocupación, y varios sistemas reportan “superpoblación grave”, lo que centra la conversación en capacidad, derechos y gestión, conllevando un inflacionismo penitenciario.

Francia, Italia, Bélgica, Rumanía, Chipre y Eslovenia figuran de forma recurrente en las alertas por densidad, con ejemplos como Francia superando 130 internos por cada 100 plazas y picos locales aún mayores. Estas presiones deterioran condiciones de vida y dificultan programas de reinserción, con llamados explícitos a revisar duración de penas y uso de la preventiva.

En la UE destacan tasas altas en Polonia, Hungría y Chequia, con patrones de endurecimiento y baja disponibilidad de alternativas comunitarias, mientras países nórdicos y los Países Bajos mantienen tasas bajas con más medidas en comunidad. Fuera del núcleo occidental, Turquía y parte del sudeste europeo concentran los máximos, lo que eleva la media continental y tensiona estándares comunes.

Expertos vinculan la escalada al alargamiento de condenas, la mayor proporción de preventivos y reformas reactivas tras casos mediáticos que buscan “mano dura”, reforzando el stock penitenciario por duración más que por entradas. Este patrón coexiste con respuestas de capacidad, nuevas plazas o incluso recolocar presos en el extranjero, que alivian a corto plazo pero no corrigen la fuente del crecimiento y del consecuente inflacionismo penitenciario.

Las propuestas repetidas en foros europeos incluyen acortar penas para perfiles no violentos, limitar la preventiva y expandir alternativas con supervisión, además de medir mejor tiempo efectivo y reincidencia para orientar decisiones. Sin ajustar estas palancas, la tendencia a más años y más prisión preventiva seguirá empujando las cifras al alza y ampliando la brecha entre capacidad y necesidades reales, así como el creciente inflacionismo penitenciario.

Rutas de cambio para evitar el inflacionismo penitenciario

Entre jueces y abogacía penal gana terreno la crítica al “populismo punitivo”: se denuncia la deriva de reformas guiadas por el impacto mediático más que por evidencia, y se pide recentrar el sistema en proporcionalidad, legalidad y eficacia real, no simbólica. Estas voces reclaman memorias de impacto y evaluación ex ante de cualquier aumento de penas, y recuerdan el mandato constitucional de reinserción como criterio para calibrar la duración efectiva y el uso de la prisión preventiva, luchando así contra el inflacionismo penitenciario.

Los sindicatos penitenciarios subrayan el deterioro de la seguridad laboral y piden más personal, formación y medios, así como el reconocimiento como agentes de autoridad; vinculan el aumento de agresiones a decisiones de gestión y a la concentración de internos conflictivos sin recursos suficientes. En sus manifiestos, introducen una perspectiva operativa: sin condiciones de trabajo seguras, cualquier agenda de reinserción o de alternativas se resiente, lo que alimenta a su vez la conflictividad y la presión de ocupación. Y tienen razón.

Las organizaciones de derechos humanos advierten contra la expansión de penas muy largas o figuras como la prisión permanente revisable si no están justificadas con criterios de necesidad y proporcionalidad, y piden reforzar garantías en prisión preventiva y condiciones dignas de internamiento. En sus recomendaciones, reclaman evaluaciones independientes de reformas penales y transparencia en datos de duración efectiva y reincidencia, con atención a grupos vulnerables.

El análisis académico conecta el incremento de población presa con una “inflación legislativa” y con ciclos de punitivismo, proponiendo desplazar el foco hacia resultados: prevención, reducción de reincidencia y coste-eficiencia de las respuestas penales. Estas líneas de investigación insisten en medir y publicar la duración real de cumplimiento y en fortalecer las alternativas en comunidad para perfiles no violentos, siguiendo la evidencia comparada europea.

A escala europea, informes y coberturas señalan que la sobreocupación se concentra en varios países y se relaciona con estancias más largas y mayor prisión preventiva, mientras se discute la tentación de “solucionar” con más plazas, incluso alquilando celdas en el extranjero. La lección recurrente de expertos es que sin ajustar la política de sentencias y la preventiva, la construcción de capacidad sólo retrasa el problema y eleva los costes.

Las perspectivas convergen en un punto: el inflacionismo carcelario es, sobre todo, una cuestión de duración efectiva y de incentivos institucionales, no sólo de entradas o de “falta de celdas”. Avanzar exige alinear la toma de decisiones con métricas de resultado: reincidencia, tiempo efectivo, costes y condiciones y no con señales punitivas que rinden en titulares pero no mejoran la seguridad.

La evidencia comparada sugiere, de forma consistente, que reducir la longitud de condenas para delitos no violentos, racionalizar la prisión preventiva y expandir alternativas en comunidad son palancas eficaces para disminuir el “stock” penitenciario sin sacrificar seguridad. Del lado contrario, las respuestas centradas en ampliar capacidad —nuevas plazas, alquiler de celdas— alivian presiones a corto plazo pero no corrigen el origen del problema, y suelen ir seguidas de una nueva ocupación plena. Por eso, las recomendaciones más solventes apuntan a intervenir sobre la fuente: reglas de imposición y ejecución de penas, y uso de la preventiva.

La esfera pública y los incentivos institucionales influyen de manera decisiva. Cuando el éxito político-penal se mide en años impuestos y no en reducción de reincidencia o en inserción efectiva, las reformas tienden a elevar marcos penales y a restringir salidas, alimentando la espiral punitiva. La cobertura mediática de casos extremos refuerza estos incentivos, facilitando reformas reactivas cuya eficacia disuasoria rara vez se somete a evaluación robusta. Desplazar el foco a resultados exige datos abiertos, periódicos y comparables sobre duración efectiva por tipo delictivo, uso de la preventiva, reincidencia y costes.

España ofrece un contraste útil en el espejo europeo: tasa alta de prisión con baja saturación. Ese perfil indica margen para políticas que contengan la inflación punitiva sin provocar hacinamiento, siempre que se fortalezcan alternativas, se revisen longitudes de pena en ámbitos con alto peso estadístico y se gobierne la preventiva con criterios estrictos. En Europa, donde la densidad es el cuello de botella, la prioridad es doble: reducir duraciones medias y acelerar la justicia para que la preventiva vuelva a ser excepcional, no estructural.

Un primer paso es fijar objetivos claros y medibles para la política penal y penitenciaria. La publicación periódica de indicadores comparables como duración efectiva de cumplimiento por tipo delictivo, uso de la prisión preventiva, tasas de reincidencia y costes por plaza, permite evaluar si las decisiones adoptadas mejoran la seguridad y la reinserción, o si solo incrementan el tiempo de encierro sin beneficios tangibles. Con esa información, ministerios, parlamentos y órganos judiciales pueden calibrar reformas y prácticas de ejecución sobre evidencia y no sobre intuiciones o presiones coyunturales.

En paralelo, conviene ajustar la longitud de las penas allí donde el coste social y fiscal supera su utilidad marginal. Revisar las escalas para delitos no violentos, fortalecer mecanismos de progresión basados en riesgo y mérito, y reexaminar reglas de acumulación que prolongan estancias de forma automática ayuda a reducir el stock penitenciario sin menoscabar la protección de bienes jurídicos. El objetivo no es “ablandar” el sistema, sino hacerlo proporcional y eficiente: menos meses donde no aportan seguridad y más intervención de calidad donde sí la aportan.

La prisión preventiva debe volver a ser la excepción y por el tiempo más breve posible. Para ello, es clave elevar los estándares de motivación, ampliar el uso de medidas cautelares en libertad con supervisión y acelerar los tiempos procesales, especialmente en causas complejas. Reducir el recurso estructural a la preventiva alivia de inmediato la ocupación, disminuye daños colaterales sobre personas absueltas o con condenas leves y devuelve coherencia a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad. Aún así, también va de la mano del inflacionismo penitenciario.

Ninguna política de contención será sostenible sin una red robusta de alternativas en comunidad. Escalar penas y medidas no privativas como trabajo en beneficio de la comunidad, programas de tratamiento, justicia restaurativa, vigilancia electrónica con apoyo social requieren inversión, calidad de diseño y evaluación independiente de resultados. Cuando estas alternativas se aplican con criterios de riesgo y necesidades, reducen reincidencia, sostienen proyectos de vida y descargan a los centros penitenciarios de perfiles que no necesitan una celda para ser gestionados con seguridad, aliviando así al inflacionismo penitenciario.

Por último, cuidar las condiciones intramuros y al personal penitenciario no es un extra: es la base de cualquier política seria. Plantillas suficientes, formación continua, atención en salud mental y un entorno de trabajo seguro reducen incidentes, facilitan los itinerarios de tratamiento y crean el clima necesario para que las progresiones y libertades vigiladas funcionen. A la vez, una comunicación pública alineada con datos explicando qué funciona, cuánto cuesta y qué resultados produce ayuda a salir del ciclo de pánicos y respuestas reactivas. Cambiar las métricas y el relato desplaza los incentivos: de aparentar dureza a producir seguridad y reinserción verificables.