El informe del CPT 2024 y sus puntos

El COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCION DE LA TORURA (CPT) se configura como un actor europeo clave en la protección de los derechos de las personas privadas de libertad en el informe del CPT 2024.

Mariam Bataller

 

El 24 de abril de 2025, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa publicó su informe anual correspondiente a 2024, en el cual expresa una profunda preocupación por el aumento significativo del hacinamiento en las prisiones europeas, especialmente en algunos países de Europa Occidental. El CPT insta a los gobiernos europeos a adoptar medidas decididas para abordar esta problemática.

El prólogo del presidente del CPT, Alan Mitchell, destaca las actividades clave del Comité en 2024, incluyendo 20 visitas de monitoreo en 19 países. Subraya dos temas prioritarios: el hacinamiento penitenciario y la jerarquía informal entre presos. El primero es señalado como una amenaza persistente que degrada las condiciones de vida, eleva los niveles de violencia e interfiere en la rehabilitación de los reclusos. Aunque existen buenas prácticas en algunos Estados miembros, se insiste en que se requieren reformas estructurales y voluntad política para abordarlo. El segundo punto resalta el fenómeno de jerarquías informales carcelarias, especialmente en países de la antigua URSS, donde los reclusos dominantes ejercen poder sobre otros, generando violencia, intimidación y una estructura criminal paralela. Se denuncia que muchas prisiones siguen delegando el control a estas estructuras por falta de personal y espacios adecuados.

Durante 2024, el CPT realizó 20 visitas: ocho periódicas y doce ad hoc, cubriendo una amplia gama de centros de privación de libertad: cárceles, comisarías, centros psiquiátricos y de migración. Entre los países visitados periódicamente figuran Francia, Dinamarca, Irlanda o Georgia, donde se evaluaron condiciones de detención, cumplimiento de garantías procesales, y el impacto del hacinamiento penitenciario. Las visitas ad hoc se dirigieron a países con situaciones críticas, como Italia, Bulgaria o España (todas ellas en Cataluña) para revisar la implementación de recomendaciones anteriores. Además, se mantuvieron reuniones de alto nivel con autoridades de Albania, Italia, Reino Unido y otros países, para fortalecer el diálogo institucional.

El CPT también celebró tres reuniones plenarias, durante las cuales adoptó 16 informes de visita. Asimismo, se impulsaron actividades de formación interna y se crearon nuevos grupos de trabajo permanentes, como el de Impacto, para evaluar la eficacia de sus recomendaciones. La cooperación con otros organismos europeos, como la Comisión Europea, Frontex y la Red Europea de Litigio Penitenciario, también se intensificó. Estas acciones consolidan al CPT como un actor clave en la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.

En el caso de Italia, se documentaron casos de uso excesivo de la fuerza en centros de detención de migrantes y administración sistemática de psicotrópicos sin prescripción adecuada. En Lituania, el informe denunció la violencia entre presos, la jerarquía informal y la falta de intervención del personal penitenciario, lo cual fue calificado como potencial violación continuada del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En Ucrania, pese al contexto de guerra, se reconocieron esfuerzos estatales, pero se criticó la persistencia del hacinamiento y de jerarquías carcelarias degradantes.

Las visitas ad hoc se dirigieron a países con situaciones críticas, como Italia, Bulgaria o España (todas ellas en Cataluña) para revisar la implementación de recomendaciones anteriores.

Cada informe incluye recomendaciones específicas y el análisis de las respuestas de los Estados, destacando buenas prácticas, pero también señalando deficiencias estructurales como la ausencia de atención médica adecuada, deficiencias en los mecanismos de denuncia y falta de actividades significativas para los internos. El CPT valora especialmente la publicación voluntaria de informes por parte de los Estados, lo que mejora la transparencia y refuerza el diálogo con las autoridades nacionales.

Este capítulo también analiza los efectos positivos de la cobertura mediática y el uso de estas publicaciones como herramienta de presión diplomática y legal para impulsar reformas. Además, se destaca el enfoque en proteger a personas vulnerables como mujeres, menores, personas con discapacidad y población LGBTI+ en contextos de encierro.

Recomendaciones europeas del CPT

A partir de los hallazgos de 2024, el CPT lanza una serie de recomendaciones urgentespara los Estados miembros del Consejo de Europa, que deben ser prioritarias en 2025:

• Hacinamiento penitenciario: Urge implementar reformas estructurales para reducir la población reclusa. Esto incluye fomentar penas alternativas a la prisión, revisar códigos penales que imponen largas condenas automáticamente y eliminar la prisión preventiva como norma.
• Jerarquías informales en prisión: En especial en antiguos Estados soviéticos, el CPT insta a eliminar dormitorios de gran capacidad y reforzar el personal de vigilancia. No hacerlo expone a los presos vulnerables a violencia, extorsión y explotación sexual.
• Salud mental y psiquiatría forense: Se solicita revisar el uso del aislamiento y de sujeciones físicas o químicas. También se pide sustituir el modelo centrado en la medicación por uno que incluya terapia psicosocial efectiva, garantizando el consentimiento informado.
• Protección de grupos vulnerables: Llamado urgente a mejorar las condiciones para mujeres, niños y personas LGBTI+ privadas de libertad. En muchos contextos, enfrentan un alto riesgo de malos tratos, invisibilización o reclusión en condiciones inhumanas.
• Condiciones materiales básicas: En numerosas visitas se detectaron instalaciones insalubres, falta de agua caliente, ventilación insuficiente y ausencia de actividades significativas. Esto constituye una violación sistemática del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
• Garantías legales mínimas: Exige a los Estados garantizar acceso efectivo a abogado, médico y notificación familiar desde el inicio de la detención.

Estas prioridades reflejan un enfoque transversal en derechos humanos, salud pública, seguridad institucional y prevención de la tortura.

Conclusiones de la visita del informe del CPT 2024 a España (Cataluña) 

Entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre de 2024, el CPT realizó una visita ad hoc a España, centrada exclusivamente en la Cataluña, bajo la competencia de la Generalitat de Catalunya. Esta visita tuvo como objetivo evaluar el trato a personas privadas de libertad en comisarías, centros penitenciarios y centros de menores.

Establecimientos policiales: Comisarías de los Mossos d’Esquadra en Les Corts y Ciutat Vella (Barcelona); L’Hospitalet de Llobregat y Vilanova i la Geltrú. Calabozos de la Ciutat de la Justícia (Barcelona). Sede de la Policía Nacional en Barcelona y Cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia (Barcelona)

Establecimientos penitenciarios (todos bajo la competencia de la Generalitat): Brians I y II, Lledoners, Quatre Camins, Joves, Hospital Penitenciario de Terrassa y Centro Educativo Els Til·lers (menores)

El principal objetivo fue examinar el trato a personas detenidas en estos centros, con especial atención a las condiciones de detención en los departamentos de régimen cerrado donde se observan medidas de aislamiento y sujeción. El uso de la fuerza y de medios coercitivos por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente los Mossos d’Esquadra. Y el trato a menores y jóvenes en el centro de reclusión Els Til·lers, en cuanto a garantías legales, régimen educativo y aplicación de medidas restrictivas.

El informe también incluye a España dentro de los países donde el CPT evaluó el uso del aislamiento, sujeciones físicas o químicas, y el consentimiento informado en contextos de atención psiquiátrica involuntaria. Esta dimensión fue particularmente relevante en el análisis de personas con trastornos mentales recluidas en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

Según los datos agregados del informe: España ha recibido 8 visitas periódicas y 11 visitas ad hoc desde la creación del CPT. También se han elaborado 18 informes, todos los cuales han sido publicados, lo que sitúa a España entre los países con plena transparencia en la política de publicación de informes del Comité.

España ha mantenido una cooperación constante con el CPT y ha permitido sistemáticamente la publicación de sus informes. Además, ha acogido seminarios de formación del CPT para jueces, funcionarios, abogados y personal médico, lo que indica una voluntad institucional de mejorar prácticas en contextos de privación de libertad.

El informe también incluye a España dentro de los países donde el CPT evaluó el uso del aislamiento, sujeciones físicas o químicas, y el consentimiento informado en contextos de atención psiquiátrica involuntaria.

Las jerarquías informales entre presos

El CPT también publicó un severo anexo titulado “Informal Prisoner Hierarchy” (CPT/Inf(2025)12 que detalla el fenómeno de las jerarquías informales entre presos, su origen, consecuencias y propuestas para su erradicación centrado en las exrepúblicas soviéticas.

Hemos de destacar que las jerarquías informales entre personas privadas de libertad existen en todos los países, aunque su estructura, intensidad y efectos varían considerablemente según el contexto cultural, político y penitenciario.

El informe del CPT 2024 se centra en los países exsoviéticos porque en ellos la jerarquía informal ha alcanzado un grado de institucionalización y control paralelo excepcional, con elementos casi feudales o mafiosos, como los smotriaschie (vigilantes) y los vor v zakone(ladrones en ley), que actúan como autoridades no oficiales con poder coercitivo dentro de las prisiones.

El informe del CPT 2024 describe el fenómeno de la jerarquía informal entre presos como un legado del sistema penitenciario soviético, aún presente en nueve países de Europa Oriental y el Cáucaso. Este sistema, heredado del sistema GULAG, basado en el “colectivismo carcelario”, permitía la autogestión por parte de los internos, fomentando estructuras de poder informales debido al hacinamiento en dormitorios masivos y la escasa supervisión del personal. La jerarquía se regula a través de un código no escrito conocido como poniatija, y divide a los presos en castas: líderes informales, presos comunes y “intocables” (opushchennye).

Los líderes informales (blatnyje o patsany) controlan la vida interna de las prisiones y hacen cumplir el código, sancionando su incumplimiento con violencia. Los presos comunes (muzhiki) siguen tanto las reglas oficiales como las informales, mientras que los intocables sufren una discriminación extrema: son aislados socialmente, asignados a tareas humillantes y a menudo víctimas de violencia y abuso. Esta división puede constituir una violación continuada del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El informe del CPT 2024 analiza sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (casos S.P. y otros v. Rusia y D. v. Letonia) que consideran esta jerarquización y segregación como trato inhumano y degradante, incluso en ausencia de violencia directa del Estado. Se afirma que las autoridades tienen el deber de prevenir este tipo de trato, incluso si proviene de otros presos.

La jerarquía informal incrementa el riesgo de violencia, intimidación, extorsión y aislamiento social. Los presos de las castas bajas viven en constante temor, con limitaciones severas en el acceso a instalaciones y actividades. Muchos se ven obligados a realizar trabajos forzados o a asumir delitos cometidos por líderes para proteger su integridad. La impunidad es común, ya que las víctimas rara vez denuncian por miedo a represalias.

En muchas prisiones, el personal colabora tácitamente con los líderes informales para mantener el “orden”. Esto ha llevado a una delegación de autoridad inaceptable. La asignación de presos a celdas se realiza en función de su casta, no de criterios criminológicos o de rehabilitación. Esto impide la reintegración efectiva, fomenta la criminalidad interna, sabotea programas como la rehabilitación de drogas y distorsiona la función misma del sistema penitenciario.

Aunque el poder de las jerarquías informales parece estar disminuyendo, su influencia aún persiste. El informe del CPT 2024 insta a los Estados a aprovechar este momento para erradicarlas definitivamente. La reforma debe ser estructural y sostenida, alineada con los valores y normas del Consejo de Europa, y orientada a la dignidad, seguridad y rehabilitación de toda persona privada de libertad. El análisis del informe del CPT 2024 sobre los países exsoviéticos es relevante, pero no exclusivo: el problema tiene dimensiones globales.