Drones en prisiones y su uso

El uso de drones en prisiones para vulnerar la seguridad es un fenómeno creciente que requiere una respuesta integral y coordinada entre instituciones penitenciarias y cuerpos de seguridad. Su potencial para facilitar el tráfico ilícito, la violencia o la desestabilización interna convierte esta práctica en una prioridad de la seguridad penitenciaria.

Mariam Bataller

 

En los últimos años, la irrupción de drones en prisiones ha generado una creciente preocupación entre las autoridades de seguridad, al evidenciarse su utilización como herramienta para la introducción de objetos prohibidos en los centros de reclusión. Esta práctica, inicialmente anecdótica, ha evolucionado hacia una modalidad sofisticada de colaboración externa con redes delictivas internas, dificultando el control tradicional que ejercen las instituciones penitenciarias sobre su perímetro físico y logístico.

A nivel internacional se han documentado múltiples incidentes. En España, drones en prisiones como Soto del Real, Brians, Lledoners o Picassent han notificado intentos de introducción de objetos.

Los drones, por su capacidad de vuelo discreto y control remoto, han sido empleados para el transporte de drogas, teléfonos móviles, tarjetas SIM, cargadores, objetos punzantes e incluso armas improvisadas. Estos dispositivos son habitualmente dirigidos desde el exterior por cómplices que conocen la estructura y rutina de los centros, permitiendo planificar lanzamientos en zonas de escasa visibilidad o durante franjas horarias de menor vigilancia. En algunos casos, también han sido utilizados con fines de reconocimiento, observación de movimientos del personal o envío de señales codificadas.

El impacto sobre la seguridad institucional es significativo. La introducción no autorizada de teléfonos móviles facilita la comunicación directa entre internos y redes delictivas externas, así como la planificación de actos violentos, amenazas a testigos o coordinación de delitos desde el interior. La presencia de sustancias estupefacientes, además de atentar contra la salud de la población reclusa, potencia dinámicas de control y sometimiento entre internos, especialmente en contextos dominados por jerarquías informales. Esta situación compromete no solo el buen funcionamiento del centro, sino también los objetivos de rehabilitación y reinserción social propios del sistema penitenciario.

A nivel internacional se han documentado múltiples incidentes. En España, prisiones como Soto del Real, Brians, Lledoners o Picassent han notificado intentos de introducción de objetos mediante drones, algunos de ellos frustrados gracias a la actuación coordinada de funcionarios y fuerzas de seguridad. En países como Reino Unido, Francia o Estados Unidos, el fenómeno ha sido igualmente notorio, con incautaciones que evidencian el uso sistemático de esta tecnología por parte de organizaciones criminales. En determinados casos, se han llegado a registrar intentos de fuga o transmisión de información clasificada a través de estos medios.

Por ejemplo, la Guardia Civil con la Operación Califa-Centro-23 (2025) desarticuló una organización criminal que utilizaba drones modificados para introducir drogas y objetos prohibidos en varias cárceles españolas, incluyendo las de Córdoba, Granada, Palencia y Valladolid. Los drones operaban de noche, sin luces, y transportaban la mercancía colgada de sedales hasta las ventanas de las celdas, donde los internos la recogían. En la prisión de Lledoners (2022), en noviembre de 2022, los Mossos d’Esquadra interceptaron un dron que intentaba introducir drogas y teléfonos móviles en la prisión catalana. También en la prisión de Alhaurín de la Torre (2022-2024), se han registrado múltiples incidentes de drones sobrevolando la prisión malagueña, utilizados para introducir teléfonos móviles y drogas. Los funcionarios han expresado su preocupación por la posibilidad de que también se introduzcan armas, lo que representaría una grave amenaza para la seguridad del centro.

Pero este problema se da en muchos otros países. Desde 2018, el Ministerio de Justicia francés ha intensificado sus esfuerzos para frenar la amenaza de los drones en sus establecimientos penitenciarios. Se han implementado sistemas de detección y neutralización de drones, como los desarrollados por las empresas CERBAIR y KEAS, que han logrado evitar varios intentos de sobrevuelo en prisiones. En la prisión de Wheatfield (2025), las autoridades irlandesas interceptaron un dron que transportaba una “cantidad significativa” de contrabando, incluyendo drogas y teléfonos móviles, a la prisión de Wheatfield en Dublín. Esta operación forma parte de una ofensiva en curso contra las actividades ilícitas de contrabando dirigidas a las prisiones irlandesas. En febrero de 2024, la policía italiana desarticuló una red criminal que utilizaba drones para introducir drogas y teléfonos móviles en varias cárceles del país. La operación, coordinada por la Fiscalía de Asti, reveló actividades ilícitas en centros penitenciarios de las regiones de Piamonte, Sicilia, Las Marcas, Campania y Abruzos. Durante la investigación, se interceptaron más de 10,000 llamadas telefónicas y se incautaron drones, drogas y dispositivos móviles. Se estima que, en solo tres meses, la organización obtuvo ganancias superiores a los 100,000 euros. En Alemania, aunque no se han reportado casos públicos de introducción de contrabando mediante drones en prisiones, las autoridades han tomado medidas preventivas. La prisión de JVA Halle, ubicada en Sajonia-Anhalt y que alberga a más de 650 reclusos, implementó el sistema de seguridad aérea Dedrone para proteger su espacio aéreo. Este sistema utiliza sensores y software inteligente para detectar, rastrear e identificar drones no autorizados, proporcionando alertas en tiempo real y análisis detallados de la actividad aérea. Gracias a esta tecnología, se ha logrado prevenir la entrada no autorizada de drones en prisiones.

 

Los drones, por su capacidad de vuelo discreto y control remoto, han sido empleados para el transporte de drogas, teléfonos móviles, tarjetas SIM, cargadores, objetos punzantes e incluso armas improvisadas.

 

Ejemplos de iniciativas antidron en prisiones

 

País	Tecnología aplicada	Detalles relevantes
Francia	Detección RF, inhibidores, cámaras térmicas	Presente en 50+ prisiones desde 2020; contratos con CERBAIR y KEAS.
Reino Unido	Detección, jammers, drones interceptores	Aplicación en HMP Wandsworth y HMP Birmingham; colaboración con MET Police.
Alemania	Control de toma, radar, fusión de sensores	En uso en centros federales de alta seguridad; coordinación con la Bundespolizei.
España	Tecnología limitada, inversión en curso	Experiencias piloto en cárceles catalanas y andaluzas; necesidad de actualización.
Israel	Líder en tecnologías antidron	Desarrolladores como Sentrycs y D-Fend

Uno de los principales desafíos para la contención de esta amenaza es la insuficiencia normativa. En muchas jurisdicciones, el uso de drones sobre instalaciones penitenciarias no está expresamente tipificado como delito si no se puede probar su finalidad ilícita. Esto limita la capacidad de respuesta jurídica ante hechos que, si bien peligrosos, resultan difíciles de sancionar sin una reforma legal específica. Además, la detección y localización del operador del dron suele requerir tecnología avanzada o pruebas periciales complejas, lo cual retrasa la reacción operativa.

Frente a este escenario, diversas estrategias han comenzado a implementarse. Entre las medidas tecnológicas destacan los sistemas antidron, capaces de detectar y neutralizar señales de radiofrecuencia, desorientar el dispositivo o capturarlo mediante redes. Algunas prisiones también han reforzado la vigilancia aérea mediante sensores térmicos y radares específicos. Desde el punto de vista organizativo, se han propuesto protocolos de actuación ante sobrevuelo no autorizado, formación especializada para el personal penitenciario y colaboración directa con autoridades de aviación civil. Asimismo, se plantea la necesidad de introducir reformas legislativas que contemplen el uso de drones como agravante penal en el entorno carcelario.

Por todo ello, el uso ilícito de drones en prisiones constituye una amenaza emergente que pone en riesgo la seguridad institucional, la integridad del personal, la convivencia interna y el cumplimiento de los fines constitucionales del sistema penitenciario. Su abordaje requiere una estrategia integral que combine tecnología, legislación, prevención operativa y cooperación interinstitucional. Solo mediante un enfoque coordinado será posible contener esta nueva forma de vulnerabilidad que desafía los modelos tradicionales de seguridad en contextos de privación de libertad.

 

Una amenaza multidimensional

A continuación, se exponen los principales riesgos asociados a esta práctica, clasificados según su naturaleza y consecuencias operativas.

Uno de los peligros más inmediatos es la introducción de objetos prohibidos mediante drones, una práctica detectada en múltiples centros penitenciarios de Europa. Estos dispositivos permiten el transporte de sustancias estupefacientes (hachís, cocaína, pastillas), teléfonos móviles, tarjetas SIM, cargadores, armas improvisadas o incluso dinero en efectivo. Los objetos son lanzados o depositados en zonas estratégicas como patios, ventanas, azoteas o accesos restringidos. Esta actividad propicia la consolidación de economías delictivas internas, el fortalecimiento de estructuras de poder informales entre internos y el aumento de incidentes violentos relacionados con el control del mercado ilegal.

A su vez, el uso de drones facilita la coordinación de actividades delictivas desde el interior de los centros. La introducción de dispositivos de comunicación permite a determinados internos mantener contacto directo con el exterior, dirigir operaciones criminales, planificar atentados, extorsionar testigos o familiares, e incluso interferir en investigaciones policiales o judiciales en curso. Este tipo de comunicaciones clandestinas vulnera gravemente los principios de seguridad y custodia, y pone en entredicho la capacidad del Estado para ejercer el control sobre personas privadas de libertad.

Existe también el riesgo potencial de que los drones sean empleados como instrumentos de violencia directa, ya sea mediante el transporte de materiales inflamables, sustancias irritantes, objetos punzantes o incluso cargas explosivas de bajo impacto. Aunque estos casos son minoritarios, no pueden descartarse en contextos de alta peligrosidad o en presencia de internos con conexiones a grupos radicalizados. La posibilidad de que se utilicen drones para atentar contra funcionarios, otros internos o infraestructuras penitenciarias constituye una amenaza de primer orden para la integridad física de las personas y la estabilidad institucional.

Otro uso estratégico de los drones es el reconocimiento aéreo del centro penitenciario, mediante la grabación o transmisión en tiempo real de imágenes del perímetro, horarios de vigilancia, rutinas del personal o ubicación de puntos vulnerables. Esta información puede ser utilizada para planificar fugas, sabotajes, sobrecargas en el sistema de seguridad o actividades coordinadas desde el exterior. El espacio aéreo, anteriormente irrelevante en los protocolos penitenciarios, se ha convertido así en un vector de riesgo que requiere una revisión integral de los sistemas de protección.

En casos extremos, se ha documentado el uso de drones para facilitar fugas o rescates, a través del lanzamiento de herramientas de corte, llaves u objetos necesarios para la fuga. También se han detectado intentos de coordinación desde el exterior mediante drones autónomos, programados para actuar en sincronía con movimientos internos, lo que supone un nivel de planificación avanzado y extremadamente peligroso.

A nivel institucional, la persistencia de esta amenaza genera un impacto negativo en la percepción de seguridad y control. La incapacidad para interceptar o neutralizar los drones refuerza la sensación de vulnerabilidad entre el personal y puede provocar desconfianza en las políticas públicas de ejecución penal. Además, la ausencia de un marco jurídico claro en algunos países dificulta la persecución penal del uso de drones si no se puede acreditar con claridad su finalidad delictiva, lo que reduce la eficacia de la respuesta institucional.

Por último, deben considerarse las limitaciones tecnológicas y operativas de muchos centros penitenciarios. La mayoría de inhibidores instalados actualmente operan sobre redes 3G, ya obsoletas frente a las tecnologías 4G, 5G y los drones con navegación autónoma por GPS. Asimismo, muchos de los dispositivos utilizados son de pequeño tamaño (menos de 250 gramos), lo que dificulta su detección por radar tradicional. A esta situación se suma una carencia generalizada de formación específica del personal penitenciario en materia de amenazas aéreas.

En conclusión, el uso ilegal de drones en prisiones plantea una amenaza multidimensional que afecta a la seguridad física, la ciberseguridad, el orden interno, la legalidad del régimen de vida penitenciario y la autoridad del Estado en su función de custodia. Su abordaje requiere la adopción urgente de medidas tecnológicas, jurídicas y formativas, así como una coordinación efectiva entre los diversos operadores de seguridad. Solo a través de una respuesta integral será posible contener este fenómeno creciente y garantizar la seguridad en los espacios de privación de libertad.