El beneficio penitenciario del indulto particular

La finalidad del indulto particular en el contexto penitenciario es fomentar la reinserción social del penado, en consonancia con el mandato constitucional del artículo 25.2 CE, que establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.

Mariam Bataller

El indulto particular en el ámbito penitenciario español es un beneficio excepcional contemplado en el artículo 206 del Reglamento Penitenciario de 1996. Aunque su concesión final corresponde al Gobierno conforme a la Ley de 1870, su tramitación puede iniciarse desde el propio centro penitenciario, lo que lo distingue como un beneficio penitenciario específico.

Según el artículo 206 RP, la Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico, puede solicitar al Juez de Vigilancia Penitenciaria la tramitación de un indulto particular para aquellos penados en los que concurran, de modo continuado durante un tiempo mínimo de dos años y en un grado que se pueda calificar de extraordinario, todas y cada una de las siguientes circunstancias: buena conducta¸ desempeño de una actividad laboral normal, ya sea en el establecimiento o en el exterior, que se considere útil para su preparación para la vida en libertad. Y, finalmente, participación en actividades de reeducación y reinserción social.

Una vez que la Junta de Tratamiento decide proponer el indulto, se remite la solicitud al Juez de Vigilancia Penitenciaria, quien, si lo estima procedente, la eleva al Ministerio de Justicia. Este último recaba los informes pertinentes del tribunal sentenciador, del Ministerio Fiscal y, en su caso, de la parte ofendida. Finalmente, el Gobierno decide sobre la concesión del indulto mediante Real Decreto, que se publica en el Boletín Oficial del Estado.

La finalidad última del indulto particular penitenciario coincide plenamente con los objetivos generales de la legislación penitenciaria: lograr la reeducación y reinserción social de los internos. El Reglamento Penitenciario de 1996 lo expresa claramente en su artículo 203, destacando que estos beneficios penitenciarios buscan individualizar la pena, atendiendo específicamente a los progresos y evolución positiva del condenado. Esta postura es respaldada también por la jurisprudencia, siendo ejemplo el Auto nº 1741/2010 de la Audiencia Provincial de Madrid, que reafirma la finalidad rehabilitadora y reintegradora del indulto como beneficio penitenciario.

Por otra parte, la sentencia del Tribunal Constitucional 104/2002, de 6 de mayo, resolvió un recurso de amparo interpuesto por un interno cuya solicitud de indulto particular había sido desestimada sin una adecuada motivación por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la Audiencia Provincial. El Constitucional concluyó que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva al no haberse proporcionado una respuesta motivada a las alegaciones del recurrente.

Aunque no se dispone de estadísticas detalladas sobre el número de indultos particulares propuestos por las Juntas de Tratamiento, se ha señalado que su aplicación es escasa. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo Andaluz inició una actuación para recabar información sobre las propuestas de indulto particular elevadas al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria desde la vigencia de la Instrucción 17/2007, con el fin de obtener datos cuantitativos y desglosados por anualidades y centros penitenciarios. Lo cierto es que las propuestas de las Juntas de Tratamiento hacen un uso residual de este poderoso instrumento de reinserción social, y esto supone un grave perjuicio para los internos merecedores del mismo.

La Instrucción 17/2007 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias establece directrices específicas para la aplicación del indulto particular como beneficio penitenciario, en el marco del artículo 206 del Reglamento Penitenciario. Su objetivo es proporcionar claridad a las Juntas de Tratamiento sobre los criterios y procedimientos para proponer este beneficio excepcional. También busca fomentar el uso adecuado del indulto particular, reconociéndolo como un incentivo para la evolución positiva de los penados y se destaca que su aplicación ha sido escasa, y se pretende facilitar su utilización mediante pautas claras y uniformes.

 

Problemas en la aplicación de este beneficio penitenciario

Doctrinalmente, se critica la figura del indulto particular penitenciario por su escasa aplicación real. Diversos estudios señalan que, pese a su potencial como instrumento para la efectiva reinserción social, su aplicación práctica es mínima y, en muchos casos, simbólica. Esta situación podría deberse, en parte, a la complejidad del procedimiento y a la incertidumbre generada por la discrecionalidad del poder ejecutivo en la última fase de su concesión.

Se ha discutido incluso la posibilidad y legalidad de que, mediante instrucciones internas, se limite el alcance de los indultos penitenciarios, proponiéndose criterios claros como otorgar un máximo de tres meses de reducción por cada año de cumplimiento efectivo, con el fin de incentivar realmente la aplicación práctica de este beneficio.

Los datos estadísticos evidencian la escasa aplicación práctica del indulto penitenciario. De acuerdo con las resoluciones judiciales recopiladas en bases jurídicas especializadas, las decisiones favorables a la concesión de este beneficio son extremadamente limitadas. En una muestra reciente de decisiones judiciales basadas en el artículo 206 del Reglamento Penitenciario, únicamente una de las pocas propuestas realizadas resultó confirmada favorablemente en segunda instancia. Asimismo, datos estadísticos generales proporcionados por fuentes del Ministerio de Justicia reflejan que la concesión efectiva de indultos es mínima, lo que refuerza la percepción crítica sobre su bajo impacto real en el ámbito penitenciario y su limitada contribución efectiva a la reinserción social. Como vemos, la intervención final del poder ejecutivo y la interpretación rígida de los requisitos por parte de la jurisprudencia reducen de manera significativa su aplicabilidad efectiva.

Además, la cultura institucional en algunos centros penitenciarios puede ser conservadora, priorizando la seguridad y el cumplimiento estricto de las penas sobre la rehabilitación y la reinserción, lo que reduce la predisposición a proponer beneficios penitenciarios.

Por consiguiente, resulta imperativo reconsiderar el procedimiento y la regulación actual, buscando mecanismos que otorguen mayor seguridad jurídica y predictibilidad en su concesión, garantizando así que este beneficio penitenciario cumpla verdaderamente su función rehabilitadora e integradora de los internos en la sociedad.En definitiva, el indulto particular como beneficio penitenciario, aunque teóricamente diseñado como un recurso poderoso para la reinserción, debe afrontar reformas significativas que lo conviertan en una herramienta realmente útil y efectiva, alineada con los principios fundamentales que inspiran el Derecho Penitenciario contemporáneo.

 

Promoción de la Justicia  individualizada con el indulto particular 

La concesión de este beneficio motiva a la población reclusa hacia comportamientos positivos, potenciando un clima de convivencia y esfuerzo común dentro de los centros penitenciarios.

Este artículo defiende la legitimidad y pertinencia del indulto penitenciario como una medida eficaz y justa, aportando ideas concretas para reforzar su aplicación y mejorar sus resultados prácticos. La justicia individualizada es un principio fundamental del Derecho penitenciario moderno, y el indulto particular refleja perfectamente esta filosofía, porque reconoce la singularidad del proceso rehabilitador de cada persona privada de libertad y permite adaptar la aplicación de la pena a la evolución personal del interno, más allá de los parámetros estandarizados del sistema penal y penitenciario tradicionales.

El indulto particular busca promover y premiar la transformación efectiva de quienes han demostrado un compromiso profundo con su propio proceso de rehabilitación, mediante un reconocimiento del esfuerzo individual donde el interno que mantiene una conducta ejemplar, participa activamente en actividades de reinserción social y desempeña actividades laborales útiles, está realizando un esfuerzo personal significativo que merece un reconocimiento tangible. La concesión de este beneficio motiva a la población reclusa hacia comportamientos positivos, potenciando un clima de convivencia y esfuerzo común dentro de los centros penitenciarios.

Por otra parte, una efectiva aplicación del indulto particular penitenciario tiene un impacto directo en la prevención de la reincidencia delictiva, ya que fomenta hábitos constructivos y mejora las perspectivas vitales del interno. Diversos estudios indican que la reducción de la pena basada en méritos reales incrementa significativamente la motivación del penado hacia su reintegración social efectiva. Favorecer la liberación anticipada en casos justificados reduce la exposición prolongada a ambientes penitenciarios negativos que pueden obstaculizar la reinserción efectiva.

Hay que señalar que, en los tiempos actuales, en los que prevalecen discursos que promueven penas más severas y menos flexibles (populismo punitivo), la promoción del indulto penitenciario es un contrapeso necesario y racional frente a la rigidez excesiva y al endurecimiento indiscriminado de las penas. Esta figura ofrece una alternativa humanista, racional y empíricamente respaldada para afrontar el problema de la delincuencia desde un enfoque restaurativo y reinsertador, frente a modelos puramente represivos.

Favorecer la liberación anticipada en casos justificados reduce la exposición prolongada a ambientes penitenciarios negativos que pueden obstaculizar la reinserción efectiva.

Finalmente, para que esta figura se consolide como una herramienta verdaderamente eficaz, deben implementarse diversas medidas:

• Establecer criterios objetivos mediante herramientas de evaluación psicológica y criminológica avanzadas, como por ejemplo RisCanvi, que permitan una mejor valoración del progreso del interno.
• Publicar estadísticas periódicas de concesión del indulto particular, detallando motivos y resultados para aumentar la transparencia y confianza pública.
• Transferir de manera completa y definitiva la competencia decisoria final desde el ámbito político (Gobierno) al ámbito judicial especializado (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria), aumentando así la seguridad jurídica.
• Agilizar el procedimiento administrativo para garantizar que la evaluación y concesión se produzcan con mayor rapidez y eficiencia.

• Desarrollar un programa específico para los beneficiarios del indulto particular que contemple un acompañamiento continuo en el proceso posterior a su concesión, evitando así el aislamiento o dificultades de adaptación a la vida en libertad.

• Reconocimiento público de los centros penitenciarios que más activamente promuevan y apoyen programas efectivos de reinserción social y beneficios penitenciarios, creando así un círculo virtuoso de buenas prácticas.

El indulto particular penitenciario no es solo una figura jurídica excepcional, sino una expresión clara y comprometida del Estado social y democrático de Derecho que pretende reinsertar efectivamente al interno en la sociedad.

Lejos de debilitar el sistema penal, fortalece sus objetivos fundamentales y responde a los más altos estándares éticos y democráticos, conjugando justicia y humanidad, retribución y reinserción. Por ello, es imperativo potenciar su aplicación y seguir explorando vías innovadoras para mejorar su efectividad.

Al fin y al cabo, apostar por la rehabilitación y reinserción efectiva mediante figuras como el indulto particular penitenciario es apostar por una sociedad más justa, segura y humana.