La Situación de las mujeres en prisión

La situación de las mujeres en prisión representa una minoría en las prisiones a nivel global, pero su incremento significativo en las últimas décadas ha generado un debate urgente sobre las condiciones, derechos y necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad. El informe “Global Report on Women in Prison: Analysis from National Preventive Mechanisms”, elaborado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y publicado en diciembre de 2024, proporciona un análisis exhaustivo de estas problemáticas desde una perspectiva de derechos humanos y equidad de género. Este artículo examina los hallazgos clave del informe, con énfasis en el caso de España, donde se han identificado avances y desafíos específicos.

El informe proporciona un análisis detallado de la situación de las mujeres en prisión a nivel mundial, basado en datos recopilados por Mecanismos Nacionales de Prevención (NPMs) en 46 países de África, Asia-Pacífico, Europa y América Latina. Aunque las mujeres representan una pequeña proporción de la población carcelaria global, su número ha aumentado de manera desproporcionada en comparación con los hombres. Este incremento se atribuye a políticas punitivas que afectan especialmente a mujeres en situaciones de vulnerabilidad

Contexto global de las mujeres en prisión

A pesar de representar solo un pequeño porcentaje de la población penitenciaria, la situación de las mujeres en prisión ha crecido notablemente en los últimos años debido a políticas punitivas que afectan desproporcionadamente a mujeres en situación de pobreza y marginación. Muchas de ellas cumplen condena por delitos no violentos relacionados con el consumo o tráfico de drogas, o por actividades vinculadas a la supervivencia económica. Este aumento también está relacionado con la aplicación de legislaciones más estrictas que no consideran las circunstancias individuales, como la situación de violencia o abuso que muchas mujeres enfrentan antes de ingresar al sistema penitenciario. Sin embargo, el sistema penitenciario global está predominantemente diseñado para hombres, lo que deja a las mujeres enfrentando condiciones que no abordan sus necesidades específicas y que, en muchos casos, constituyen violaciones a sus derechos humanos.

El informe identifica varias áreas problemáticas, incluyendo el uso de medidas de aislamiento, registros corporales invasivos, falta de acceso a servicios de salud, condiciones higiénicas precarias y discriminación interseccional hacia mujeres de comunidades marginadas, como mujeres LGBTIQ+, extranjeras o de minorías étnicas. Además, subraya la importancia de implementar alternativas al encarcelamiento, como programas comunitarios y sanciones no privativas de libertad, especialmente para mujeres que son madres o principales cuidadoras. La implementación de estas medidas no solo es esencial para reducir la sobrepoblación en las prisiones, sino también para romper el ciclo de exclusión social que a menudo afecta a las mujeres encarceladas y sus familias.

La situación de las mujeres en prisión en España: avances y retos

En España, el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) ha desempeñado un papel crucial en la supervisión y análisis de las condiciones de las mujeres en prisión. Este mecanismo, que trabaja de manera independiente, ha identificado una serie de desafíos que enfrentan las mujeres encarceladas, así como áreas donde se han logrado avances significativos. Si bien se han implementado ciertas buenas prácticas, como el protocolo de igualdad en la prisión de Ceuta, persisten numerosos desafíos que afectan la dignidad y los derechos de las internas.

Prácticas de detención y aislamiento

El informe destaca que las mujeres en las prisiones españolas son sometidas a medidas de aislamiento en mayor proporción y por períodos más prolongados que los hombres. Estas prácticas pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, especialmente cuando no están justificadas o se aplican de manera desproporcionada. Este tipo de medidas también tiene un impacto significativo en la salud mental de las mujeres, exacerbando problemas preexistentes como la depresión, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático, que suelen estar relacionados con experiencias de violencia previa. Es esencial revisar estas medidas y garantizar que se respeten los principios de proporcionalidad y necesidad, promoviendo alternativas más humanitarias que tengan en cuenta las circunstancias específicas de cada caso.

La situación de las mujeres en prisión con los medios coercitivos

El uso de medios coercitivos en mujeres encarceladas también ha sido objeto de preocupación. Aunque estas mujeres suelen representar un menor riesgo de peligrosidad, se enfrentan a medidas coercitivas que, en muchos casos, no están justificadas. Esto refleja la necesidad de capacitar al personal penitenciario en el uso de estas herramientas desde una perspectiva de derechos humanos. Además, se hace necesario establecer mecanismos de supervisión independientes que aseguren que estas prácticas se utilicen únicamente cuando sean estrictamente necesarias y en el mejor interés de la seguridad.

El confinamiento solitario sigue siendo utilizado en muchos países, con efectos negativos graves en la salud mental, especialmente para mujeres con discapacidades psicosociales o en situación de vulnerabilidad.

La situación de las mujeres en prisión y la salud mental y atención médica

La alta prevalencia de trastornos mentales entre las mujeres en prisión en España es alarmante. Sin embargo, los programas de atención integral siguen siendo limitados y carecen de una perspectiva de género adecuada. Esto afecta especialmente a mujeres embarazadas o con condiciones crónicas de salud, quienes enfrentan barreras adicionales para acceder a cuidados médicos adecuados. La falta de recursos en las prisiones para abordar problemas de salud mental también repercute en la capacidad de las mujeres para participar en programas de rehabilitación, perpetuando así el ciclo de exclusión y reincidencia. Es fundamental garantizar que todas las internas reciban acceso a una atención de salud integral y especializada, incluyendo apoyo psicológico continuo y programas de prevención de suicidios.

La situación de las mujeres en prisión y la violencia de género

En 2022, la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022 sobre la garantía integral de la libertad sexual estableció la obligación de contar con protocolos para la prevención de la violencia de género en las prisiones. Sin embargo, su implementación efectiva sigue siendo un desafío, y se requieren mayores esfuerzos para garantizar que las mujeres en prisión tengan acceso a protección y apoyo frente a situaciones de violencia. Esto incluye también la capacitación del personal penitenciario para identificar y responder adecuadamente a casos de violencia, así como la creación de espacios seguros dentro de los centros penitenciarios donde las mujeres puedan reportar estos incidentes sin temor a represalias.

Recomendaciones generales del informe

El informe concluye con una serie de recomendaciones para abordar la Situación de las mujeres en prisión en cuanto a necesidades y garantizar un trato digno y equitativo. Entre estas recomendaciones se encuentran:

El informe subraya la urgencia de reformas sistémicas para proteger los derechos de las mujeres privadas de libertad. Destaca la importancia de los MNP en la identificación de deficiencias y en la promoción de cambios legislativos y de políticas públicas que garanticen un trato digno y equitativo para las mujeres en prisión.

A continuación, se amplían las conclusiones clave del informe:

 

1. Necesidad de reformas estructurales y sistémicas

Impacto desproporcionado en mujeres vulnerables: Las mujeres en prisión suelen ser víctimas de contextos sociales y económicos que las llevan a cometer delitos menores, como el tráfico de drogas o robos relacionados con la pobreza. Estas mujeres son penalizadas con medidas excesivas, cuando en realidad sus circunstancias requieren un enfoque social y no punitivo.

Alternativas al encarcelamiento: El informe insiste en que se deben implementar medidas no privativas de libertad, como sanciones comunitarias, programas de rehabilitación y mediación, especialmente en casos de delitos no violentos. Esto no solo reduce la población penitenciaria, sino que también mejora las oportunidades de reintegración de estas mujeres en la sociedad.

 

2. Respetar los derechos humanos en la prisión

Erradicación de prácticas degradantes: Se identifica que muchas mujeres son sometidas a registros corporales invasivos, confinamiento en solitario y restricciones físicas, que no solo son innecesarias en muchos casos, sino que representan violaciones graves de su dignidad y derechos humanos. Se recomienda establecer protocolos que respeten los derechos de las mujeres y estén alineados con estándares internacionales.

Atención médica y psicosocial adecuada: Las cárceles deben garantizar acceso pleno a servicios de salud física, mental y reproductiva. Muchas mujeres en prisión enfrentan problemas de salud agravados por condiciones penitenciarias deficientes, lo que perpetúa un ciclo de marginación y vulnerabilidad.

 

3. Visibilizar la discriminación interseccional

Mujeres en situación de vulnerabilidad: Las mujeres que pertenecen a comunidades marginadas, como mujeres indígenas, extranjeras, LGBTIQ+, mayores o embarazadas, enfrentan mayores riesgos de abuso y discriminación dentro del sistema penitenciario. Las políticas penitenciarias deben adoptar una perspectiva interseccional para garantizar la igualdad de trato y atención especial a estas mujeres.

Reconocimiento de diversidad: El informe enfatiza que las mujeres en prisión no son un grupo homogéneo. Sus experiencias varían enormemente en función de factores como su origen étnico, género, edad y orientación sexual. Esta diversidad debe reflejarse en los enfoques adoptados para abordar sus necesidades específicas.

 

4. Importancia de los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP)

Monitoreo independiente: Los MNP desempeñan un papel fundamental al monitorear las condiciones penitenciarias y proporcionar un análisis crítico sobre el trato que reciben las mujeres en prisión. Su trabajo es crucial para identificar deficiencias y proponer reformas efectivas.

Promoción de buenas prácticas: Los MNP también son responsables de documentar y compartir experiencias exitosas en la implementación de políticas penitenciarias sensibles al género, sirviendo como referencia para otros países.

 

5. Reducción del uso de la prisión como respuesta automática

Enfoque en prevención y rehabilitación: El informe concluye que el encarcelamiento debería ser el último recurso, particularmente para mujeres que son madres, responsables del cuidado de niños o que enfrentan otras responsabilidades familiares. El impacto del encarcelamiento en sus hijos y familias perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social.

Impacto económico y social: Reducir el uso de la prisión y promover medidas alternativas no solo beneficia a las mujeres, sino que también genera un impacto positivo en la sociedad al disminuir los costos asociados con el encarcelamiento y al fomentar la reintegración de estas mujeres en sus comunidades.

 

6. Políticas y la situación de las mujeres en prisión

Datos y estadísticas: El informe subraya la falta de datos específicos sobre mujeres en prisión, lo que limita la capacidad de desarrollar políticas basadas en evidencia. Se hace un llamado a los gobiernos y organizaciones internacionales para que recopilen y analicen datos desagregados por género, edad y otros factores relevantes.

Evaluación continua: Es fundamental que las reformas implementadas sean evaluadas regularmente para medir su eficacia y garantizar que las políticas respondan a las necesidades reales de las mujeres encarceladas.

 

7. Perspectiva de género en las políticas penitenciarias

Adaptación de espacios y normas: Las cárceles suelen ser diseñadas para hombres, lo que deja a las mujeres en instalaciones inadecuadas y con programas que no se ajustan a sus necesidades. Las políticas penitenciarias deben incorporar una perspectiva de género que reconozca estas diferencias y garantice igualdad de trato.

Sensibilización del personal penitenciario: El informe también destaca la necesidad de capacitar al personal penitenciario en temas de género, derechos humanos y trato digno hacia las mujeres privadas de libertad.

 

8. Recomendaciones para la Comunidad Internacional

Cooperación internacional: El informe llama a los actores internacionales, incluidos organismos como las Naciones Unidas, a fomentar la cooperación entre países para promover reformas penitenciarias globales con enfoque de género.

Cumplimiento de estándares internacionales: Las Reglas de Bangkok (Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Mujeres Reclusas) deben ser el estándar mínimo aplicado en todos los contextos penitenciarios, asegurando que las mujeres encarceladas sean tratadas con dignidad y respeto.

 

Conclusiones

El informe concluye que es imperativo cambiar el paradigma de la situación de las mujeres en prisión, pasando de un enfoque punitivo a uno que priorice la rehabilitación, la dignidad y los derechos humanos. Las reformas no solo mejorarán las condiciones de vida de las mujeres en prisión, sino que también contribuirán a construir sistemas de justicia más equitativos y efectivos.