Incremento de medidas coercitivas en prisión

 

El análisis corregido de los datos teniendo en cuenta el incremento de la población interna muestra que el incremento de medidas coercitivas está prácticamente alineado con el aumento de internos, mientras que las medidas regimentales disminuyen de forma clara y significativa, incluso corrigiendo por población.

Mariam Bataller

 

El incremento del número de medidas coercitivas aplicadas en las prisiones catalanas durante el último año ha suscitado un intenso debate público. La difusión de cifras agregadas, que muestran un aumento significativo respecto a ejercicios anteriores, ha sido interpretada en algunos discursos mediáticos como un posible síntoma de mayor conflictividad interna o de un endurecimiento de las prácticas penitenciarias. Sin embargo, una lectura jurídica y metodológicamente rigurosa de estos datos obliga a introducir matices esenciales.

Las estadísticas penitenciarias, especialmente cuando se refieren a categorías amplias y heterogéneas como las denominadas “medidas coercitivas”, no permiten inferencias automáticas sobre la violencia, el clima institucional o el respeto a los derechos fundamentales. Comprender su verdadero alcance exige situarlas en su marco normativo, analizar su tipología, atender a los mecanismos de control y contrastarlas con otros indicadores relevantes.

Este artículo propone una aproximación equilibrada y garantista al fenómeno, alejada tanto del alarmismo como de la complacencia, con el objetivo de clarificar qué pueden decir, y qué no, las cifras actualmente disponibles.

El debate público sobre las “medidas coercitivas” en prisión

En las últimas semanas, diversos medios de comunicación se han hecho eco de una nota de prensa que informa del incremento del número de medidas coercitivas aplicadas en las prisiones catalanas durante el año 2024, con una cifra agregada que supera las ocho mil intervenciones y un aumento porcentual significativo respecto del año anterior. Este dato ha sido presentado en algunos titulares como un posible indicador de mayor conflictividad interna en los centros penitenciarios, alimentando un debate público sensible que conecta directamente con la seguridad, los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y las condiciones de trabajo del personal penitenciario.

Sin embargo, una aproximación jurídicamente rigurosa exige cautela interpretativa. El concepto de “medidas coercitivas” constituye una categoría amplia y heterogénea, que engloba actuaciones de muy distinta naturaleza, intensidad, duración y finalidad. La mera referencia a un aumento cuantitativo agregado, sin desglose tipológico ni contextual, no permite inferir automáticamente ni un incremento de la violencia penitenciaria ni un deterioro del clima institucional.

Este artículo parte de una premisa fundamental: los datos, por sí solos, no hablan, y mucho menos cuando se presentan de forma agregada. Para comprender el alcance real de estas cifras es imprescindible analizar el marco jurídico que regula los medios coercitivos, su finalidad constitucional, sus límites legales y el papel que desempeñan dentro de un sistema penitenciario que, conforme al mandato constitucional, debe orientarse a la reeducación y reinserción social, y no a la lógica puramente punitiva.

Desde esta perspectiva, el objetivo no es negar la relevancia de los datos publicados, sino reconducir su interpretación hacia parámetros jurídicos y técnicos que permitan distinguir entre conflictividad real, gestión preventiva del orden, y mayor formalización garantista de las intervenciones. Solo a partir de este enfoque es posible evaluar si el incremento de medidas registradas responde a un problema estructural de seguridad o, por el contrario, a un reforzamiento de los mecanismos de control, trazabilidad y garantía de derechos.

Concepto y función de los medios coercitivos en el sistema penitenciario

En el ordenamiento jurídico español, los denominados medios o medidas coercitivas forman parte del derecho penitenciario de ejecución, y se configuran como instrumentos excepcionales destinados a restablecer el orden, garantizar la seguridad y prevenir daños a las personas o a las instalaciones, cuando no existe otra alternativa menos gravosa. Su regulación se encuentra principalmente en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario, que establecen un marco tasado, finalista y sometido a estrictos controles.

Desde un punto de vista jurídico, los medios coercitivos no tienen naturaleza sancionadora. No constituyen una pena ni una sanción disciplinaria, sino una respuesta operativa inmediata ante situaciones de riesgo concreto, como alteraciones graves del orden, resistencias activas o pasivas, intentos de autolesión o agresiones a terceros. Esta distinción es esencial, ya que confundir coerción con castigo conduce a interpretaciones erróneas tanto desde el plano jurídico como desde el debate público.

El marco normativo reconoce como medios coercitivos, entre otros, el aislamiento provisional, la fuerza física personal, el uso de defensas reglamentarias, aerosoles autorizados y esposas o manillas. Cada uno de estos instrumentos responde a supuestos distintos y presenta niveles muy dispares de intensidad y afectación de derechos, lo que refuerza la necesidad de analizarlos de forma diferenciada. El aislamiento provisional, por ejemplo, puede consistir en una separación temporal y breve del interno tras un incidente, con retorno posterior a la vida ordinaria, mientras que otras medidas implican una intervención física directa.

El uso de estos medios está sometido a principios jurídicos estrictos, entre los que destacan la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad, la temporalidad y la subsidiariedad. Además, su aplicación debe ser debidamente motivada, documentada y comunicada a la autoridad judicial, en particular al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que ejerce un control externo sobre la actuación administrativa. Esta exigencia de control no es un mero formalismo, sino una garantía esencial frente a posibles abusos.

Desde la perspectiva constitucional, cualquier medida coercitiva debe interpretarse a la luz del artículo 25.2 de la Constitución, que establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social. En consecuencia, la coerción solo es legítima en la medida en que sea instrumental, limitada y orientada a prevenir daños mayores, nunca como mecanismo de castigo encubierto o de gestión rutinaria del conflicto.

Este marco jurídico permite una conclusión preliminar de gran relevancia para el análisis de las cifras difundidas: un mayor número de medidas coercitivas registradas no equivale necesariamente a un sistema más represivo. Puede ser, por el contrario, el reflejo de procedimientos más garantistas, en los que intervenciones breves, proporcionadas y tempranas se formalizan, se documentan y se someten a control judicial, en lugar de resolverse de manera informal o invisible para el sistema de garantías.

Una categoría jurídicamente heterogénea

Uno de los principales déficits del debate público en torno a las denominadas “medidas coercitivas” reside en la falta de diferenciación entre los distintos instrumentos que integran esta categoría jurídica. Desde el punto de vista del derecho penitenciario, no todas las medidas coercitivas tienen el mismo alcance, intensidad ni impacto sobre los derechos fundamentales de la persona interna, por lo que su análisis exige una desagregación tipológica.

El Reglamento Penitenciario configura los medios coercitivos como un numerus clausus, es decir, una lista cerrada de instrumentos cuya utilización solo es legítima en los supuestos expresamente previstos. Entre ellos se incluyen, fundamentalmente:

 a) el aislamiento provisional,

b) la fuerza física personal,

c) el uso de defensas reglamentarias,

d) la utilización de aerosoles autorizados (que no se utilizan desde hace más de 30 años), y

e) el empleo de esposas o manillas.

Cada una de estas medidas responde a finalidades y contextos operativos distintos. El aislamiento provisional, por ejemplo, suele aplicarse como una medida inmediata y temporal ante alteraciones del orden o situaciones de tensión colectiva, con el objetivo de desactivar el conflicto y permitir su evaluación posterior. En muchos casos, esta intervención concluye con el retorno del interno a su régimen ordinario, sin derivar en expediente disciplinario alguno, lo que evidencia su carácter preventivo y no sancionador.

Por el contrario, la fuerza física y las defensas suponen una intervención corporal directa, reservada a supuestos de resistencia activa, agresión o riesgo inmediato para la integridad de personas o bienes. Su aplicación comporta mayores exigencias de proporcionalidad, formación específica del personal y control posterior, incluidos partes médicos y revisión judicial. El uso de esposas, por su parte, puede tener una finalidad estrictamente instrumental, evitar una agresión o una huida, sin implicar necesariamente violencia física añadida.

Desde un punto de vista jurídico, el elemento decisivo no es la mera utilización del medio, sino el cumplimiento de los principios que rigen su aplicación. Entre estos destacan, de forma reiterada en la normativa y la jurisprudencia, los principios de necesidad, proporcionalidad, intervención mínima y temporalidad estricta. Toda medida coercitiva debe cesar en el mismo momento en que desaparezca la causa que la motivó, y su mantenimiento más allá de ese punto carecería de cobertura legal.

Asimismo, la normativa exige que la aplicación de estos medios sea debidamente documentada, con indicación expresa de los motivos, duración, personal interviniente y medios utilizados, y que se comunique a la autoridad judicial competente. Este requisito cumple una doble función: por un lado, proteger los derechos de la persona interna frente a usos arbitrarios; por otro, proteger jurídicamente al personal penitenciario, dotando de trazabilidad y respaldo legal a actuaciones realizadas en contextos de elevada tensión.

La falta de desglose estadístico entre estas distintas tipologías impide, por tanto, una lectura rigurosa de los datos agregados. No es lo mismo un incremento de aislamientos provisionales breves y controlados que un aumento del uso de fuerza física o de instrumentos de mayor intensidad. Sin esta diferenciación, cualquier intento de vincular el aumento global de “medidas coercitivas” con un supuesto deterioro del clima penitenciario resulta metodológicamente débil y jurídicamente impreciso.

En consecuencia, un análisis serio y honesto de la evolución de estas medidas debe partir de la diversidad interna de la categoría, atendiendo tanto a la naturaleza del medio utilizado como a su duración, finalidad y resultado. Solo desde esta perspectiva es posible evaluar si el sistema penitenciario se enfrenta a un aumento de la conflictividad o, por el contrario, a una mayor formalización garantista de intervenciones preventivas, coherente con los principios del Estado de Derecho.

Estadísticas y evolución reciente de medidas coercitivas

El dato estadístico difundido en prensa, un volumen anual elevado de “medidas coercitivas” y un incremento interanual, tiene, sin duda, interés público. No obstante, desde una perspectiva jurídico-penitenciaria y metodológica, su valor explicativo depende por completo de cómo se define, registra y desagrega aquello que se está contabilizando. En términos estrictos, una cifra agregada de “medidas coercitivas” no es, por sí sola, un indicador directo de conflictividad, sino un indicador bruto de intervenciones formalmente registradas bajo una etiqueta amplia y heterogénea. Por ello, su interpretación requiere un análisis de calidad del dato, un marco de comparación adecuado y la identificación de variables de confusión.

El primer problema es conceptual. La expresión “medidas coercitivas” suele incluir prácticas de muy distinta intensidad y afectación de derechos: desde aislamientos provisionales breves tras incidentes puntuales hasta intervenciones que implican fuerza física o uso de instrumentos (defensas o esposas). Una subida del total agregado puede deberse a que aumente cualquiera de esas categorías, o a una combinación, y cada escenario tiene una lectura institucional radicalmente diferente.

• Si crece sobre todo el aislamiento provisional de corta duración, podría sugerir intervención temprana y contención preventiva de conflictos antes de que escalen.
• Si crece la fuerza física o el uso de instrumentos, podría indicar episodios más intensos o cambios operativos de mayor impacto.
• Si crecen esposamientos en traslados internos o situaciones de riesgo percibido, la lectura podría estar más cerca de la gestión del riesgo y de protocolos de seguridad que de una conflictividad “real” en sentido fuerte.

Sin desglose tipológico, el dato agregado se presta a inferencias que no están justificadas: sube el número no equivale a sube la violencia.

En instituciones complejas, el número de eventos registrados puede aumentar por razones que son jurídicamente garantistas y operativamente deseables. En particular, la cifra puede crecer por:

1. Mejor trazabilidad y documentación: se registra aquello que antes se resolvía informalmente.
2. Formación y profesionalización: el personal identifica antes situaciones de riesgo y aplica medidas de baja intensidad con mayor criterio técnico.
3. Cultura de cumplimiento: mayor exigencia de comunicación, partes, control interno y control judicial.
4. Cambios en el umbral de intervención: se actúa antes (y se registra), reduciendo probabilidades de escalada.

Por tanto, una subida del indicador puede reflejar un sistema más transparente y más controlable, no necesariamente más duro.

En análisis institucional, los números absolutos solo adquieren sentido si se normalizan. Un aumento de medidas puede estar explicado, al menos en parte, por:

• Más población penitenciaria (o más entradas/salidas).
• Mayor concentración en determinados centros o módulos.
• Cambios en perfiles (por ejemplo, más internos preventivos, más población con necesidades clínicas complejas, etc.).

Sin una tasa (por ejemplo, medidas por 100 internos/año), se corre el riesgo de comparar años con contextos operativos diferentes. Incluso cuando la población total sea estable, también conviene mirar denominadores alternativos:

• medidas por 1.000 ingresos,
• medidas por 1.000 traslados internos,
• medidas por número de incidentes regimentales (para ver si hay “más medidas por incidente”, que sería un indicador relevante).

Otro aspecto básico es la estabilidad de la serie estadística. Para interpretar una tendencia hay que verificar si se han mantenido constantes:

• la definición de cada tipo de medida,
• el criterio de registro (cuándo se abre un parte, qué se contabiliza como un evento),
• el nivel de granularidad (si un mismo episodio se contabiliza como uno o varios eventos),
• el sistema de información (cambio de aplicación, cambios de campos obligatorios, auditorías internas sobre registro).

En estadística institucional, estos cambios pueden inflar o reducir series sin que exista variación real en el fenómeno subyacente. 

Analicemos las cifras anuales a partir de estos parámetros;

Según IDESCAT (población media aproximada a 31/12):

Año	Internos
2023	8.042
2024	8.594
Variación	+552 (+6,9 %)

Ratio de medios coercitivos por interno de medidas coercitivas

Año	Medios coercitivos	Ratio por interno
2023	7.229	0,90
2024	8.289	0,96

El número absoluto de medidas crece +14,6 %, pero la ratio por interno solo crece +6,7 %, lo que indica que casi la mitad del aumento absoluto se explica por el crecimiento de la población penitenciaria.

Ratio de medidas regimentales por interno de medidas coercitivas

Año	Medidas regimentales	Ratio por interno
2023	3.145	0,39
2024	2.816	0,33

No solo bajan en términos absolutos (−10,5 %), sino que bajan aún más en términos relativos por interno.

Comparación directa de tendencias (ratio)

Indicador	Variación ratio
Medios coercitivos / interno	+6,7 %
Medidas regimentales / interno	−15,4 %
Población penitenciaria	+6,9 %

El total agregado no incorpora información sobre severidad. Dos sistemas penitenciarios pueden tener el mismo número de medidas coercitivas, pero uno puede estar aplicando mayoritariamente esposas puntuales y aislamientos breves, y el otro puede concentrar medidas de mayor intensidad, duración o riesgo. Para aproximarse a la severidad, un sistema de indicadores razonable debería incluir:

• duración media del aislamiento provisional,
• número de episodios con lesiones (interno o personal),
• número de episodios con intervención sanitaria,
• frecuencia de medidas de mayor intensidad (fuerza física, defensas, aerosoles),
• número de episodios con reiteración (mismas personas/mismos módulos) como indicador de fallos de gestión o necesidades no cubiertas.

Sin ese “peso” o “intensidad”, la cifra es descriptiva pero insuficiente para evaluar calidad institucional.

En investigación aplicada, esa inferencia sería un salto causal injustificado. Para aproximarse a la conflictividad hay que correlacionar el uso de medidas con indicadores independientes, por ejemplo:

• agresiones a funcionarios (totales y graves),
• agresiones entre internos,
• autolesiones y tentativas suicidas,
• incidentes regimentales (riñas, amenazas, destrucción de mobiliario),
• uso de enfermería/urgencias por eventos violentos,
• sanciones disciplinarias y sus tipologías,
• variables de contexto: ratios de personal, ocupación, rotación, perfil de salud mental.

Solo si el incremento del uso de medidas viene acompañado de incrementos robustos en esos indicadores, y no hay cambios en registro o denominadores, podríamos hablar con mayor base de un aumento de conflictividad.

Las comparaciones con otras comunidades autónomas (o con el Estado) son muy atractivas para el relato divulgativo, pero exigen cautelas:

• armonización de definiciones (qué incluye “medida coercitiva” en cada administración),
• sistemas de registro distintos,
• distinta estructura de centros, tipología de módulos y regímenes,
• diferencias en población (preventivos/penados), tasas de rotación y recursos disponibles.

Sin armonización, la comparación puede ser más retórica que científica. En un reportaje jurídico, lo correcto es presentar estas comparativas como hipótesis (“podría ser más alto por X”) y no como conclusiones cerradas, salvo que exista una fuente estadística homologada que garantice equivalencia.

Aun con sus límites, el dato agregado permite algunas conclusiones prudentes:

1. Existe un volumen relevante de intervenciones coercitivas formalmente registradas, lo que justifica interés público y debate.
2. La evolución al alza obliga a reclamar transparencia: desglose, criterios, duración y resultados, porque sin ello el control democrático y judicial es incompleto.
3. La cifra, por sí sola, no prueba ni abuso ni aumento de conflictividad: abre preguntas que deben responderse con series desagregadas.

Para que la estadística sea útil (institucionalmente y para un reportaje serio), lo mínimo sería publicar anualmente:

• Total de medidas coercitivas, y desglose por tipo.
• Tasas normalizadas: por 100 internos/año y por 1.000 ingresos/año.
• Motivo principal: agresión, autolesión, resistencia, alteración colectiva, etc.
• Duración (en particular para aislamiento provisional).
• Centro/módulo (con prudencia de seguridad, pero al menos por centro).
• Resultados: retorno a régimen ordinario, expediente disciplinario, derivación sanitaria.
• Impacto: lesiones, intervención sanitaria, bajas laborales.
• Control y garantías: comunicación al JVP, revisiones, incidencias/quejas.

Este tipo de cuadro no solo mejoraría la calidad del debate público; también permitiría identificar qué parte del fenómeno puede deberse a mejoras garantistas (más registro y control) y qué parte podría reflejar problemas operativos (incremento real de incidentes o de intensidad).

La lectura jurídicamente responsable de la estadística penitenciaria exige un principio sencillo: en coerción, tan importante como el número es el “cómo”. Sin tipología, duración, motivo y contexto, el dato agregado es una señal de alerta informativa, pero no un diagnóstico. Y precisamente por ello, el incremento divulgado debe entenderse como una oportunidad para exigir más transparencia, mejores indicadores y un debate público que no confunda “más garantías y registro” con “más violencia”, ni tampoco invisibilice los riesgos de un uso desproporcionado cuando las garantías fallan.

La posición institucional: control, prevención y legalidad

Desde la administración penitenciaria, el uso de medios coercitivos se presenta como una herramienta legítima y necesaria para garantizar la seguridad de las personas internas, del personal y de las instalaciones. El discurso oficial subraya varios elementos clave:

• las medidas coercitivas se aplican como último recurso,
• están regladas normativamente,
• se someten a control judicial por parte de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria,
• y su finalidad es prevenir daños mayores, no castigar.

Desde esta óptica, el aumento del número de medidas registradas puede interpretarse como el resultado de una gestión más preventiva del conflicto, de procedimientos más garantistas y de una mayor trazabilidad de las intervenciones. La administración insiste, además, en que la evolución de otros indicadores, como las agresiones graves con baja laboral, no muestra un empeoramiento paralelo, lo que reforzaría la hipótesis de una intervención más temprana y controlada.

El papel del juez de vigilancia penitenciaria y la trazabilidad de la coerción

El uso de medios coercitivos en el ámbito penitenciario se encuentra sometido a un sistema de control externo que constituye una de las garantías esenciales del Estado de Derecho en la ejecución de las penas privativas de libertad. Este control se articula, de manera principal, a través de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, órganos jurisdiccionales especializados encargados de supervisar la legalidad de la actuación administrativa penitenciaria y la protección de los derechos fundamentales de las personas internas.

Desde un punto de vista jurídico, la exigencia de comunicación judicial de la aplicación de determinados medios coercitivos no es un mero requisito formal, sino un elemento estructural del sistema de garantías. La intervención coercitiva, por su propia naturaleza, supone una restricción intensa y excepcional de derechos, y solo resulta legítima si se encuentra debidamente motivada, limitada en el tiempo y sometida a revisión por una autoridad independiente. La comunicación al juez permite verificar, a posteriori, que concurrían las circunstancias de necesidad y proporcionalidad exigidas por la normativa penitenciaria.

El control judicial cumple, además, una función preventiva. La previsión de revisión externa incentiva una aplicación más cuidadosa y técnicamente fundamentada de las medidas, al tiempo que disuade usos arbitrarios o excesivos. En este sentido, la trazabilidad de la actuación: partes, informes, identificación de los medios utilizados, duración y resultado, se convierte en una garantía tanto para la persona interna como para el personal penitenciario, que ve respaldada jurídicamente su intervención cuando ha actuado conforme a la normativa.

Junto al control judicial, existen mecanismos administrativos internos de garantía que refuerzan este sistema. Entre ellos se encuentran la obligación de documentar cada intervención, la intervención de los servicios sanitarios cuando procede, y la revisión jerárquica dentro de la propia administración penitenciaria. Estos instrumentos permiten detectar patrones anómalos, concentraciones excesivas de medidas en determinados módulos o centros, y posibles desviaciones respecto de los criterios establecidos en los protocolos.

Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, el control judicial y administrativo de los medios coercitivos responde a una exigencia clara: evitar que la coerción se transforme en castigo encubierto. La frontera entre intervención legítima y sanción informal puede difuminarse en contextos de alta tensión institucional, y precisamente por ello el ordenamiento jurídico impone controles reforzados. La coerción solo es legítima cuando es instrumental, temporal y orientada a restablecer el orden o prevenir daños, nunca cuando persigue finalidades disciplinarias o ejemplarizantes al margen del procedimiento sancionador.

La existencia de estos mecanismos no implica, sin embargo, que el sistema esté exento de desafíos. La eficacia del control judicial depende en gran medida de la calidad de la información transmitida, de la homogeneidad en los criterios de registro y de la capacidad real de análisis de los órganos de supervisión. Cuando los datos se presentan de forma excesivamente agregada o poco desglosada, el control se vuelve más formal que sustantivo, dificultando la detección de posibles problemas estructurales.

En este sentido, la mejora de la transparencia y de la calidad de los registros no debe entenderse como una carga adicional para la administración penitenciaria, sino como una condición de legitimidad del uso de medios coercitivos. Un sistema que documenta adecuadamente sus intervenciones, que facilita el control judicial efectivo y que permite el escrutinio institucional es, por definición, un sistema más garantista y más alineado con los principios constitucionales que rigen la ejecución penal.

En conclusión, el control judicial de los medios coercitivos constituye uno de los pilares que permiten conciliar seguridad y derechos en el ámbito penitenciario. Lejos de ser un obstáculo para la gestión del orden interno, estos mecanismos actúan como garantía de legalidad, protección de derechos y respaldo institucional para todas las partes implicadas. Su fortalecimiento y perfeccionamiento resulta indispensable para un debate público informado y para una política penitenciaria coherente con los valores del Estado de Derecho.

Estándares internacionales y derechos humanos

El análisis del uso de medios coercitivos en prisión no puede circunscribirse exclusivamente al marco normativo interno. La ejecución de las penas privativas de libertad se encuentra también condicionada por estándares internacionales de derechos humanos, que actúan como parámetros interpretativos obligados para los Estados y como referencia para la evaluación de las prácticas penitenciarias. En el contexto europeo, estos estándares han adquirido una especial densidad normativa y jurisprudencial.

Un actor central en este ámbito es el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), órgano del Consejo de Europa encargado de supervisar las condiciones de privación de libertad y prevenir tratos inhumanos o degradantes. A través de visitas periódicas y de informes públicos, el CPT ha desarrollado una doctrina técnica consistente sobre el uso de medios coercitivos en prisiones, insistiendo de forma reiterada en su carácter estrictamente excepcional, en la necesidad de alternativas de desescalada y en la prohibición de cualquier uso con finalidad punitiva.

Desde la perspectiva del CPT, la legitimidad de una medida coercitiva depende no solo de su base legal, sino también de su necesidad real, su proporcionalidad, su duración limitada y la existencia de controles efectivos, incluidos controles médicos y judiciales. En particular, el Comité ha subrayado que determinadas prácticas —especialmente cuando se prolongan en el tiempo o se aplican de manera automática— pueden derivar en trato inhumano o degradante, incluso cuando se encuentren formalmente previstas en la normativa interna.

Estos principios encuentran un reflejo más amplio en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, que constituyen el estándar internacional de referencia en materia penitenciaria. Las Reglas Mandela establecen que los instrumentos de coerción solo podrán utilizarse cuando otros medios menos restrictivos hayan resultado ineficaces, y siempre por el tiempo estrictamente necesario, con prohibición expresa de su empleo como sanción disciplinaria.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reforzado este marco normativo al interpretar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe de forma absoluta la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. El Tribunal ha afirmado de manera constante que el uso de la fuerza o de medidas coercitivas en contextos de privación de libertad solo es compatible con el Convenio cuando resulta estrictamente necesario y no excede de lo exigido por la conducta de la persona afectada. Cualquier exceso, falta de justificación o ausencia de control puede dar lugar a una vulneración del Convenio, incluso en ausencia de lesiones físicas graves.

Desde este prisma, los estándares internacionales no niegan la necesidad de disponer de medios coercitivos en contextos penitenciarios, pero redefinen su sentido. La coerción no se concibe como un instrumento ordinario de gestión del orden, sino como un recurso de último nivel, subordinado a políticas activas de prevención, diálogo y desescalada. Asimismo, se enfatiza la importancia de la formación especializada del personal, no solo en técnicas de intervención física, sino también en gestión de conflictos, salud mental y comunicación en situaciones de crisis.

La relevancia de estos estándares para el debate actual es clara. En primer lugar, refuerzan la idea de que el mero incremento numérico de medidas coercitivas no constituye por sí mismo una infracción, pero sí activa un deber reforzado de justificación, transparencia y control. En segundo lugar, ofrecen un marco objetivo para evaluar si las prácticas observadas se alinean con una lógica de prevención garantista o si, por el contrario, presentan riesgos de normalización de la coerción.

En definitiva, los estándares internacionales de derechos humanos actúan como un criterio de contraste imprescindible frente a lecturas simplistas del fenómeno. Lejos de alimentar una dicotomía entre seguridad y derechos, estos estándares sostienen que la legitimidad del sistema penitenciario depende precisamente de su capacidad para gestionar el conflicto con medios proporcionados, controlados y respetuosos con la dignidad humana. Cualquier análisis serio sobre el uso de medios coercitivos en prisión debe, por tanto, situarse en este marco supranacional, que no solo fija límites, sino que orienta hacia modelos de intervención más eficaces y respetuosos con los valores del Estado de Derecho.

Claves para una interpretación jurídicamente responsable

El incremento de las denominadas “medidas coercitivas” en el ámbito penitenciario plantea una cuestión central que atraviesa todo el debate público: si dicho aumento constituye un indicador de mayor conflictividad interna o, por el contrario, el reflejo de un sistema más garantista, preventivo y controlado. A la luz del análisis jurídico, estadístico e institucional realizado, la respuesta no puede ser unívoca ni simplificadora.

Desde una perspectiva estrictamente metodológica, no es posible deducir automáticamente un aumento de la conflictividad a partir de una cifra agregada de medidas coercitivas. Como se ha expuesto, esta categoría engloba actuaciones de muy distinta naturaleza, intensidad y duración, cuya mera suma aritmética oculta realidades operativas heterogéneas. Sin un desglose tipológico, temporal y contextual, el dato carece de la precisión necesaria para sostener inferencias causales robustas sobre el clima penitenciario.

Por el contrario, existe una hipótesis alternativa plenamente consistente con el marco jurídico vigente y con los estándares internacionales: que el aumento de medidas registradas responda a procedimientos más garantistas, caracterizados por una mayor formalización de las intervenciones, un registro más exhaustivo, una comunicación sistemática a la autoridad judicial y una intervención más temprana ante situaciones de riesgo. En este escenario, el crecimiento estadístico no sería expresión de mayor violencia, sino de mayor control institucional de la coerción, reduciendo los márgenes de arbitrariedad y las prácticas informales.

Este enfoque resulta especialmente plausible cuando se observa que el incremento de medidas no se acompaña necesariamente de un aumento paralelo de indicadores independientes de violencia grave, como las agresiones con baja laboral al personal. La coexistencia de más intervenciones registradas con menos episodios graves sugiere un modelo de gestión del conflicto orientado a la prevención y a la desescalada, más que a la reacción tardía ante situaciones ya desbordadas.

No obstante, reconocer la plausibilidad de esta hipótesis garantista no implica ignorar las alertas legítimas planteadas desde otros ámbitos, en particular desde la representación sindical y desde organismos de control externo. El riesgo de normalización de la coerción existe siempre que una herramienta excepcional se convierte en una práctica frecuente, y precisamente por ello el aumento de cifras debe activar mecanismos reforzados de transparencia, evaluación y rendición de cuentas. Un sistema garantista no es aquel que aplica muchas medidas, sino aquel que puede explicar, justificar y revisar cada una de ellas.

El núcleo del debate, por tanto, no reside en decidir entre dos relatos excluyentes “más violencia” frente a “más garantías”, sino en mejorar la calidad de la información disponible para discriminar entre ambos escenarios. Ello exige avanzar hacia indicadores más sofisticados, que permitan distinguir entre tipos de medidas, medir su duración e intensidad, analizar su distribución por centros y módulos, y correlacionarlas con otros indicadores de conflictividad y clima laboral.

Desde una perspectiva de política penitenciaria, la pregunta relevante no es cuántas medidas coercitivas se aplican, sino cómo se insertan en una estrategia global de gestión del conflicto. Un uso proporcionado, controlado y documentado puede ser compatible con un sistema orientado a la reinserción y respetuoso con los derechos fundamentales; un uso opaco, rutinario o insuficientemente justificado, incluso con cifras más bajas, puede resultar incompatible con esos mismos principios.

En conclusión, el aumento de medidas coercitivas no debe interpretarse ni como una prueba automática de deterioro institucional ni como una evidencia irrefutable de mejora garantista. Constituye, más bien, un indicador ambivalente, que obliga a profundizar en el análisis y a reforzar los mecanismos de control. Solo desde esta aproximación matizada es posible sostener un debate público informado, alejado tanto del alarmismo como de la complacencia, y coherente con las exigencias del Estado de Derecho en el ámbito penitenciario.

El aumento de medios coercitivos en las prisiones catalanas pierde buena parte de su impacto cuando se analiza en términos de ratio por interno. Mientras la población penitenciaria crece cerca de un 7 %, la ratio de intervenciones coercitivas apenas se incrementa en la misma proporción. En cambio, las medidas regimentales descienden de forma significativa incluso tras corregir por población. El resultado no apunta a un endurecimiento general del sistema, sino a una reconfiguración de las respuestas: más intervenciones puntuales y menos restricciones prolongadas.