Prisiones sostenibles y la sostenibilidad penitenciaria

 

Prisiones sostenibles: eficiencia energética, reciclaje y huertos para la reinserción, frente a los retos económicos y culturales de un modelo justo, humano y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Mariam Bataller

 

El pasado 24 de junio de 2025, los grupos parlamentarios que forman el gobierno impulsaron una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Interior del Congreso para climatizar prisiones españolas mediante energías renovables y ampliar zonas verdes en su interior. Se alude directamente al cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030, señalando que los centros penitenciarios no cuentan actualmente con sistemas de climatización adecuados en la mayoría de zonas comunes e incluso en los módulos de internos. La cuestión no es un tema menor.

En las últimas décadas, la sostenibilidad ambiental ha dejado de ser una aspiración abstracta para convertirse en un imperativo transversal en las políticas públicas contemporáneas. En este marco, las instituciones penitenciarias, tradicionalmente concebidas como espacios de mera custodia, han comenzado a ser objeto de un escrutinio renovado a la luz de los compromisos internacionales en materia de cambio climático, justicia ambiental y derechos humanos. Las denominadas cárceles verdes representan una propuesta innovadora y necesaria para armonizar las funciones clásicas del sistema penal, seguridad, retribución y reinserción, con la responsabilidad ambiental que incumbe a toda la administración pública.

El modelo penitenciario convencional presenta notables impactos negativos sobre el entorno natural. Las prisiones suelen ser grandes consumidoras de energía, generadoras de residuos sólidos y contaminantes, y ocupan extensas superficies de suelo. En algunos países, se calcula que la huella de carbono per cápita de un recluso supera significativamente la media de la población general, debido a la baja eficiencia energética de las instalaciones, la sobrepoblación y la falta de programas de mitigación ambiental. Este escenario no solo compromete los objetivos de sostenibilidad nacionales e internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular los ODS 11, 12 y 13, sino que también contradice los principios de equidad intergeneracional y justicia climática.

Las iniciativas de sostenibilidad penitenciaria no son ajenas al espíritu reformador que anima las más recientes tendencias criminológicas y de política penal. Experiencias pioneras en Estados Unidos, países nórdicos y algunas jurisdicciones latinoamericanas han demostrado que las prisiones pueden transformarse en espacios ejemplares de gestión ambiental responsable. Proyectos como la instalación de paneles solares, sistemas de recolección de aguas pluviales, programas de reciclaje y compostaje, así como la creación de huertos y granjas ecológicas gestionadas por los propios internos, no solo reducen los costes operativos y la huella ecológica de los centros penitenciarios, sino que, además, cumplen una importante función educativa y rehabilitadora. Los internos que participan en estos proyectos adquieren competencias laborales, desarrollan una conciencia ambiental y mejoran su autoestima y capacidad de cooperación, facilitando su reintegración social una vez cumplida la pena.

Sin embargo, la implementación de estos programas plantea desafíos significativos: falta de financiación, resistencia cultural en algunos contextos, déficit normativo y la compleja interacción entre las finalidades tradicionales de la pena y las nuevas exigencias ambientales. Pese a ello, la tendencia global apunta a una integración cada vez más firme entre sostenibilidad y justicia penal, en línea con los principios de un Estado social y democrático de derecho comprometido con la protección del planeta y de las generaciones futuras.

El presente artículo tiene por objeto explorar en profundidad las cárceles verdes como paradigma emergente de la política penitenciaria contemporánea. A través de un análisis de su génesis, desarrollo y perspectivas, se pretende evidenciar su relevancia no solo como estrategia de mitigación ambiental, sino también como vector de dignificación de la vida penitenciaria y de realización efectiva de los derechos humanos en contextos de privación de libertad.

Sostenibilidad y justicia ambiental en las cárceles

 

El concepto de sostenibilidad penitenciaria surge de la confluencia entre dos corrientes de pensamiento relativamente recientes: la justicia ambiental y la reforma penitenciaria orientada a los derechos humanos. Si bien las instituciones penitenciarias modernas nacieron en el siglo XIX bajo el signo del castigo y el aislamiento, con el tiempo se han ido impregnando de valores sociales más amplios, como la reinserción y la humanización de las condiciones de vida. En este contexto, las preocupaciones por el impacto ambiental de las prisiones constituyen una evolución natural de estos valores en la era contemporánea.

Históricamente, las prisiones se construyeron sin contemplar su huella ecológica ni sus efectos sobre los ecosistemas locales. La elección de emplazamientos periurbanos o rurales obedeció a razones de aislamiento social o disponibilidad de suelo, sin una planificación que tuviera en cuenta la biodiversidad ni los recursos naturales. De igual modo, la infraestructura penitenciaria, frecuentemente anticuada e ineficiente, ha favorecido un consumo excesivo de agua y energía, así como la generación masiva de residuos no reciclados. Las escasas iniciativas ambientales en prisiones de mediados del siglo XX se limitaron, por lo general, a huertos internos para autoabastecimiento o talleres de mantenimiento básico, sin que existiera un planteamiento integral de sostenibilidad.

Fue a finales de la década de 1990 cuando algunas administraciones penitenciarias comenzaron a reflexionar sobre su papel en la sostenibilidad, alentadas por la creciente sensibilización social y los compromisos internacionales en materia climática. Las cárceles pasaron a ser vistas, no solo como espacios para el cumplimiento de penas, sino también como microcosmos donde se debía fomentar una cultura de respeto al medio ambiente. En este sentido, la noción de justicia ambiental que sostiene que los derechos medioambientales son parte de los derechos humanos fundamentales ha ido ganando presencia en el discurso penitenciario, subrayando que incluso las personas privadas de libertad conservan el derecho a vivir en un entorno saludable y digno.

El movimiento hacia las cárceles verdes bebe también de la llamada criminología verde, disciplina emergente que critica los daños ambientales ocasionados por las instituciones del Estado y aboga por políticas penales ecológicamente responsables. Así, la sostenibilidad en las prisiones se entiende no solo como un deber estatal frente a la ciudadanía y el planeta, sino también como un elemento de justicia social para los propios internos, contribuyendo a su formación, autoestima y sentido de pertenencia a una comunidad global comprometida con la sostenibilidad.

En la actualidad, las políticas públicas en materia penitenciaria comienzan a integrar, aunque de forma aún desigual, los principios de sostenibilidad ambiental. Organismos internacionales como las Naciones Unidas han subrayado la necesidad de que las instituciones penales participen activamente en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular, el ODS 12 (Producción y consumo responsables), el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y el ODS 13 (Acción por el clima) resultan especialmente pertinentes para el ámbito penitenciario. El Manual de Naciones Unidas para la Gestión Penitenciaria y el Desarrollo Sostenible (2021) recoge buenas prácticas y directrices para reducir la huella ambiental de los centros de detención, así como para utilizar estos espacios como plataformas educativas para la transición ecológica.

En Europa, la Carta Verde Europea para las Prisiones, impulsada en el marco del Consejo de Europa, propone medidas concretas para lograr centros más eficientes energéticamente, con gestión sostenible de residuos, espacios verdes integrados en los recintos y formación medioambiental para internos y personal. Aunque no vinculante, esta Carta ha servido como referencia para planes nacionales en países como Suecia, Noruega, Alemania y Reino Unido, donde se han desarrollado hojas de ruta específicas para la descarbonización del sistema penitenciario.

En España, el marco jurídico general en materia ambiental, Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética; Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, es plenamente aplicable a los centros penitenciarios en cuanto dependencias públicas. Sin embargo, no existe todavía una normativa penitenciaria específica que articule un plan integral de sostenibilidad. La reciente proposición no de ley aprobada en julio de 2025 en el Congreso de los Diputados constituye un primer paso en esta dirección, al instar al Gobierno a climatizar las prisiones con energías renovables y a incrementar las zonas verdes, alineándose con los compromisos climáticos nacionales e internacionales. Este tipo de medidas, más allá de su impacto ambiental, refuerzan la legitimidad del sistema penitenciario al ponerlo en sintonía con los valores sociales contemporáneos.

No obstante, la efectiva aplicación de estas políticas presenta desafíos importantes: falta de recursos presupuestarios, ausencia de planes estratégicos específicos y resistencias culturales tanto entre los gestores como entre el propio personal penitenciario. Superar estas barreras requerirá liderazgo institucional, colaboración interministerial y una sensibilización progresiva de todos los actores implicados en la gestión penitenciaria, con el horizonte de convertir las prisiones en espacios ejemplares en la transición ecológica global.

Prácticas sostenibles en prisiones

El despliegue de prácticas sostenibles en prisiones se ha concretado en una variedad de iniciativas innovadoras, que permiten materializar la sostenibilidad penitenciaria de forma tangible. Estas prácticas, además de mitigar el impacto ambiental de las instituciones carcelarias, cumplen una función rehabilitadora y educativa esencial para la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Las prisiones, al ser instalaciones de gran tamaño y elevada demanda energética, ofrecen un notable potencial para la optimización de recursos. Algunos países han implementado paneles solares fotovoltaicos para la producción de electricidad, calderas de biomasa para calefacción, y sistemas de ventilación mecánica con recuperación de calor. En España, varias prisiones han iniciado auditorías energéticas con vistas a instalar cubiertas solares y sustituir luminarias por LED de bajo consumo. En Australia, la Clarence Correctional Centre funciona parcialmente con energía solar, mientras que, en Noruega, la prisión de Halden, considerada modelo mundial, aplica estándares de eficiencia energética similares a los de la edificación sostenible civil.

La gestión inteligente del agua constituye otro aspecto clave: el uso de griferías con sensores, sistemas de recogida de aguas pluviales y depuración in situ para riego han demostrado ser eficaces tanto en la reducción del consumo como en la educación ambiental de los internos.

Los huertos y granjas penitenciarias no solo producen alimentos ecológicos para consumo interno o donación, sino que también proporcionan a los internos formación práctica, hábitos saludables y contacto con la naturaleza. En Cataluña, por ejemplo, varios centros han creado huertos sociales gestionados por internos bajo la supervisión de educadores ambientales. La granja penitenciaria del centro Macquarie, en Nueva Gales del Sur (Australia), incluye un invernadero controlado tecnológicamente que permite producir hortalizas de forma sostenible, generando además oportunidades de inserción laboral en el sector agroecológico. En los países nórdicos, los internos participan en programas de permacultura, gestión forestal sostenible y mantenimiento de espacios verdes.

La reducción de residuos y su adecuada gestión es fundamental para reducir la huella ecológica de las prisiones. Se han implantado programas de separación selectiva de residuos, compostaje de residuos orgánicos para uso en huertos, y talleres de reciclaje de materiales, como madera o textil, que a menudo se convierten en productos vendidos en mercados solidarios. Estas actividades fomentan el sentido de responsabilidad individual y colectiva de los internos.

Las prácticas anteriores, combinadas con planes de movilidad sostenible para personal y visitantes, campañas de sensibilización y programas de compensación de emisiones, contribuyen a que las prisiones reduzcan su huella de carbono. La prisión de Bastøy, en Noruega, reporta una huella per cápita inferior a la media nacional, gracias a su modelo integral de sostenibilidad.

Estas experiencias demuestran que, con voluntad política y una gestión adecuada, las prisiones pueden convertirse en espacios de referencia en la lucha contra el cambio climático y en laboratorios sociales de la transición ecológica.

La implementación de prácticas sostenibles en las instituciones penitenciarias genera beneficios significativos y multidimensionales, que trascienden ampliamente el mero ahorro económico.

La inversión inicial en eficiencia energética, energías renovables y gestión sostenible de recursos suele amortizarse a medio plazo gracias al ahorro en facturas energéticas y de agua. Por ejemplo, en las prisiones estadounidenses que han instalado paneles solares o sistemas de calefacción eficientes, se ha registrado una reducción del gasto operativo de hasta un 30 %. Además, la producción propia de alimentos ecológicos permite reducir el coste de la alimentación, e incluso generar ingresos adicionales mediante la venta de excedentes en mercados locales o a entidades benéficas.

Las prácticas sostenibles tienen una profunda dimensión social y educativa. Los internos adquieren competencias laborales transferibles al mercado de trabajo en sectores como la agricultura ecológica, las energías renovables o la gestión de residuos, aumentando sus posibilidades de reinserción. Además, la participación en estas actividades mejora la autoestima, las habilidades interpersonales y la salud mental de los internos, al ofrecerles un sentido de propósito y de conexión con la sociedad y la naturaleza. El personal penitenciario también se beneficia de un entorno laboral más saludable y motivador.

Desde el punto de vista ecológico, las prisiones verdes contribuyen significativamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al uso eficiente de recursos hídricos y energéticos, y a la protección de los ecosistemas locales. La incorporación de zonas verdes y huertos mejora la biodiversidad y ayuda a mitigar el efecto de isla de calor en zonas urbanas o periurbanas.

En suma, los proyectos de sostenibilidad penitenciaria constituyen una estrategia ganadora en todos los frentes: económica, social y ambiental. Al mismo tiempo, fortalecen la legitimidad del sistema penitenciario y lo alinean con los valores de un Estado moderno y comprometido con la justicia ambiental. La sostenibilidad, lejos de ser un lujo en el ámbito penitenciario, se revela como un elemento indispensable para una gestión justa, eficiente y acorde con las demandas contemporáneas.

Retos de los proyectos sostenibles en prisión

A pesar del amplio consenso sobre la necesidad de integrar criterios de sostenibilidad en la gestión penitenciaria, la implementación efectiva de estos proyectos enfrenta obstáculos relevantes, tanto estructurales como culturales.

En primer lugar, la falta de financiación específica constituye una de las principales barreras. La transformación de infraestructuras penitenciarias —a menudo obsoletas— para incorporar tecnologías de eficiencia energética, energías renovables o sistemas de tratamiento de aguas requiere inversiones iniciales significativas, que suelen competir con otras prioridades presupuestarias. Además, los marcos de contratación pública, con procedimientos rígidos y largos plazos de tramitación, dificultan la ejecución ágil de proyectos innovadores.

En segundo término, existen retos normativos y de gobernanza. En muchos países, no existe aún una normativa penitenciaria específica que articule objetivos concretos de sostenibilidad ni indicadores para su seguimiento. Esta laguna legal genera inseguridad jurídica y falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración. La ausencia de un plan estratégico integral a nivel nacional o regional limita la posibilidad de planificar a largo plazo y de alinear las prisiones con las políticas climáticas generales del Estado.

Por otra parte, se detecta una resistencia cultural entre ciertos sectores del personal penitenciario y de la administración, quienes perciben estas iniciativas como ajenas a las funciones tradicionales de custodia y seguridad. Este escepticismo puede derivar en falta de compromiso o incluso oposición abierta a los cambios organizativos y formativos que requieren los proyectos verdes.

Asimismo, las condiciones propias de la población penitenciaria plantean desafíos adicionales: niveles educativos desiguales, problemas de salud mental, sobrepoblación carcelaria y conflictos internos pueden complicar la participación activa de los internos en programas sostenibles y disminuir su efectividad rehabilitadora.

Finalmente, factores externos como la localización geográfica de los centros, las características climáticas o la disponibilidad de proveedores especializados pueden condicionar la viabilidad técnica y económica de las medidas propuestas. Superar estos retos exige voluntad política, liderazgo institucional, formación continua y una cultura organizativa orientada al cambio y la innovación.

 

Hacia un modelo penitenciario justo, humano y sostenible

Las experiencias internacionales y las tendencias políticas actuales apuntan a que la sostenibilidad se convertirá en un pilar fundamental de las políticas penitenciarias del futuro. La crisis climática y las demandas sociales de justicia ambiental obligan a los Estados a repensar todos sus espacios de gestión pública, incluida la administración penitenciaria.

En el corto plazo, la prioridad debe ser la adopción de planes estratégicos nacionales de sostenibilidad penitenciaria, con objetivos claros, cronogramas definidos e indicadores medibles. Estos planes deberían alinearse con los compromisos climáticos asumidos por los Estados, garantizando su integración transversal en todas las etapas del ciclo de vida de los centros penitenciarios, desde su diseño y construcción hasta su operación y eventual desmantelamiento.

En paralelo, resulta esencial fomentar la formación y sensibilización ambiental tanto del personal penitenciario como de los internos, para que comprendan la relevancia de las prácticas sostenibles y se impliquen activamente en su ejecución. La creación de equipos verdes internos y la incorporación de líderes ambientales entre los internos y el personal pueden ser estrategias eficaces para dinamizar estos procesos.

A medio y largo plazo, se vislumbra la necesidad de transitar hacia un modelo de prisión abierta a la comunidad, en el que los centros penitenciarios actúen como nodos de innovación social y ambiental, integrados en las políticas locales de sostenibilidad y economía circular. Esta visión requiere superar la visión aislacionista y punitiva de la prisión, para situarla en un marco más amplio de justicia social, climática y restaurativa.

En definitiva, las perspectivas de futuro son prometedoras, siempre que los Estados asuman la sostenibilidad no como un accesorio, sino como un elemento consustancial a la legitimidad y eficiencia de su sistema penal.

El presente trabajo ha evidenciado que la sostenibilidad penitenciaria constituye una dimensión esencial del sistema penal contemporáneo, tanto por razones éticas y legales como por su impacto positivo en la eficiencia económica, la rehabilitación social y la protección del medio ambiente. Las cárceles verdes, lejos de ser una utopía, son ya una realidad en múltiples jurisdicciones y representan una oportunidad para que los Estados alineen su política penitenciaria con los compromisos climáticos y sociales adquiridos a nivel internacional.

Las experiencias documentadas demuestran que es posible diseñar y gestionar centros penitenciarios más eficientes energéticamente, con menor huella de carbono, integrados en la economía circular y dotados de espacios verdes que dignifican la vida de los internos y el personal. Además, estos programas se revelan como herramientas eficaces de formación y reinserción, al proporcionar a los internos competencias útiles para su vida en libertad.

Sin embargo, los retos identificados: presupuestarios, normativos, culturales y técnicos, ponen de relieve la necesidad de un cambio estructural, basado en la planificación estratégica, la formación, la innovación tecnológica y el liderazgo institucional. Solo así se podrá consolidar un modelo penitenciario verdaderamente justo, humano y sostenible.

En conclusión, la sostenibilidad penitenciaria no es una opción, sino una obligación moral, jurídica y política, que refleja el compromiso de las sociedades democráticas con la dignidad humana, la equidad intergeneracional y la protección del planeta. En un mundo marcado por la emergencia climática, las prisiones verdes no solo son posibles, sino imprescindibles.

Referencias

 

• Bastøy Prison. (s. f.). The green prison island. Norwegian Correctional Service. Recuperado el 12 de julio de 2025, de https://www.kriminalomsorgen.no/bastoy-prison-island.5868393-237614.html

• Council of Europe. (2017). European Green Charter for Prisons. Estrasburgo: Council of Europe Publishing. Recuperado de https://rm.coe.int/european-green-charter-prisons

• El Confidencial. (2025, 11 de julio). PSOE y Sumar aprueban climatizar las cárceles con energías renovables y zonas verdes. El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/espana/2025-07-11/psoe-sumar-climatizar-prisiones-energias-renovables-zonas-verdes_4170273/

• Mundo Agropecuario. (2025, mayo). Cómo los reclusos y los funcionarios de una prisión de máxima seguridad trabajaron juntos para crear una granja tras las rejas. Mundo Agropecuario. https://mundoagropecuario.com/como-los-reclusos-y-los-funcionarios-de-una-prision-de-maxima-seguridad-trabajaron-juntos-para-crear-una-granja-tras-las-rejas/

• Naciones Unidas. (2021). Manual on Prison Management and Sustainable Development. Nueva York: United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UN_Manual_Prison_Sustainability.pdf

• Prison Insider. (2025, abril). Prison en transition: des initiatives écologiques derrière les barreaux. Prison Insider. https://www.prison-insider.com/fr/articles/prison-en-transition

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• United Nations General Assembly. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). Nueva York: United Nations. https://sdgs.un.org/2030agenda