Sistemas penitenciarios y la crisis migratoria

Mientras la Unión Europea defiende la dignidad, la igualdad y los derechos humanos, sus políticas migratorias, el auge del nacionalismo y las tensiones geopolíticas ponen en jaque estos principios, así como los sistemas penitenciarios. Un análisis de los desafíos actuales y la crisis de identidad que enfrenta el bloque comunitario.

Mariam Bataller

Los flujos migratorios han cambiado significativamente en los últimos años, con un aumento en la llegada de refugiados desde Afganistán y Siria debido a la inestabilidad en la región. Este fenómeno ha intensificado la presión sobre los sistemas penitenciarios de asilo y ha provocado un auge en discursos políticos polarizados sobre seguridad y migración.

También se observa un cambio demográfico dentro de las poblaciones refugiadas, con una mayor proporción de mujeres y niños, lo que exige respuestas adaptadas en áreas como la educación, la salud y la protección social.

La fragmentación en la toma de decisiones dentro de la UE como una barrera clave para la implementación de políticas coherentes. Mientras que instituciones como la Comisión Europea y el Parlamento promueven un enfoque humanitario, los gobiernos nacionales suelen actuar en función de sus intereses internos, lo que genera desigualdades en la acogida de refugiados.

Los refugiados enfrentan obstáculos significativos en la integración debido a barreras lingüísticas, diferencias culturales y la presencia de discursos de rechazo en algunas sociedades europeas. El documento destaca la necesidad de programas de integración efectivos que fomenten la interacción con las comunidades locales y reduzcan la desinformación.

En términos económicos, aunque la llegada de refugiados genera costos iniciales en vivienda, educación y asistencia sanitaria, los estudios analizados demuestran que a largo plazo los refugiados pueden contribuir positivamente a la economía mediante la reducción de déficits demográficos y la dinamización del mercado laboral, de hecho el crecimiento económico líder de España en la UE se debe a este factor.

Los desafíos migratorios de España

España ha adoptado diversas posturas y políticas en relación con la gestión migratoria, lo que ha generado debates sobre su impacto en el sistemas penitenciarios. Las políticas migratorias de España, incluyendo la delegación de competencias a comunidades autónomas, la externalización del control migratorio y la criminalización de la migración irregular, han tenido un impacto significativo en los sistemas penitenciarios y penales. Estas medidas han generado debates sobre la eficacia y la ética de las políticas migratorias, así como sobre el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes.​

Recientemente, el Gobierno central alcanzó un acuerdo con Junts para transferir a la Generalitat competencias en materia de inmigración. Este pacto permite a Cataluña gestionar la devolución de inmigrantes, la emisión de permisos de residencia y el control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil en puestos fronterizos.

España ha seguido la tendencia europea de externalizar el control migratorio, estableciendo acuerdos con terceros países para gestionar los flujos migratorios antes de que lleguen a las fronteras europeas. Esta estrategia busca impedir que los migrantes alcancen territorio español, convirtiendo a estos países en puestos de avanzada fronterizos.

Las políticas migratorias españolas han sido calificadas como férreas, lo que ha llevado a la criminalización de los migrantes y a la vulneración de sus derechos fundamentales. Estas políticas incluyen controles exhaustivos y acuerdos de repatriación con países africanos, afectando directamente al los sistemas penitenciarios y penales al aumentar la población migrante en situación irregular.

Los CIE en España están supervisados por el Ministerio del Interior y gestionados por la Dirección General de Policía. Estos centros han sido objeto de críticas por las condiciones de detención y la falta de servicios adecuados, lo que refleja desafíos en la gestión penitenciaria de la población migrante.

 

Los desafíos de Europa

Las recientes políticas migratorias en Europa también han tenido efectos directos en los sistemas penales y penitenciarios, exacerbando tensiones entre gobiernos, tribunales y organismos internacionales. Los procesos judiciales contra políticos, el aumento de la población penitenciaria extranjera y las disputas sobre la externalización de fronteras reflejan la creciente politización del fenómeno migratorio.

El desafío para Europa radica en encontrar un equilibrio entre seguridad, gestión migratoria y derechos humanos, sin comprometer los valores fundamentales de la UE.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de la judicialización de las políticas migratorias en Europa es el proceso legal contra Matteo Salvini, exministro del Interior de Italia y líder del partido de derecha. En 2019, Salvini bloqueó el desembarco de 147 migrantes a bordo del barco Open Arms, una ONG española que rescata migrantes en el Mediterráneo. La Fiscalía de Palermo lo acusó de secuestro de personas y abuso de poder, solicitando seis años de prisión en 2024. En paralelo, en otro caso, el Tribunal Supremo de Italia ordenó que el gobierno indemnizara a migrantes eritreos que fueron retenidos ilegalmente en 2018 bajo órdenes de Salvini.

Este caso demuestra cómo las decisiones políticas sobre migración pueden derivar en responsabilidades penales para los altos funcionarios si se considera que violan derechos humanos o tratados internacionales. También pone de relieve el conflicto entre la soberanía nacional y el derecho internacional, ya que el gobierno italiano alegó que estaba protegiendo las fronteras, mientras que los tribunales fallaron en favor del derecho de asilo.

Por otra parte, en un intento de reducir el flujo migratorio, el gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, firmó en 2023 un acuerdo con Albania para establecer centros de detención para migrantes fuera de territorio italiano. El acuerdo permitía que los migrantes interceptados en el mar Mediterráneo fueran enviados a centros de retención en Albania, en lugar de ser procesados en Italia. Sin embargo, en 2024, la medida enfrentó fuertes reveses judiciales y críticas de organismos de derechos humanos, lo que llevó a su suspensión temporal.

Este intento de externalización de fronteras, similar al acuerdo entre la UE y Turquía de 2016, pone en cuestión el respeto a los principios fundamentales del derecho de asilo y plantea problemas jurídicos sobre la responsabilidad de los países europeos en la protección de los derechos humanos de los migrantes.

En Polonia, el gobierno de derecha ha impulsado leyes para restringir el derecho de asilo, lo que ha provocado enfrentamientos con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la Comisión Europea. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán ha implementado leyes que criminalizan la ayuda a migrantes, lo que ha sido denunciado por la ONU y el Parlamento Europeo. En Francia y España, los tribunales han bloqueado en algunos casos intentos de deportaciones masivas por considerarlas contrarias a los tratados internacionales

El endurecimiento de las políticas migratorias ha llevado a un aumento de la población penitenciaria extranjera en varios países europeos. Por ejemplo, en Dinamarca, en 2017, el 30% de los reclusos eran extranjeros y en Italia, alrededor del 34% de la población penitenciaria está compuesta por ciudadanos no italianos. En Francia y España, la sobrepoblación en las cárceles también está vinculada al aumento de la criminalización de la inmigración irregular.

Este fenómeno genera varios desafíos para los sistemas penitenciarios:

1. Barreras lingüísticas y culturales: Dificultan la comunicación entre internos y personal penitenciario.
2. Falta de programas de rehabilitación específicos: Muchos países no cuentan con estrategias adecuadas para la reinserción social de migrantes en prisión.
3. Tensiones entre reclusos: En algunos casos, la falta de integración genera conflictos entre internos de diferentes orígenes.
4. Criminalización de la inmigración: En ciertos países, las políticas han endurecido las sanciones contra la inmigración irregular, lo que ha llevado a un aumento de arrestos y encarcelamientos de migrantes por delitos menores.

Sistemas penitenciarios y crisis migratorias

La UE enfrenta desafíos significativos para alinear sus políticas con sus valores fundamentales. El resurgimiento de movimientos nacionalistas, las divergencias en política exterior y las preocupaciones sobre la igualdad de género ponen a prueba la cohesión y los principios de la Unión. Es esencial que la UE aborde estos desafíos de manera coherente, reforzando su compromiso con los valores que la sustentan, para garantizar su integridad y legitimidad en el escenario global.

La creciente criminalización de la migración ha llevado a un aumento de litigios en tribunales nacionales e internacionales que evidencian la colisión entre las decisiones políticas y el derecho internacional de asilo. Asimismo, la fragmentación legislativa dentro de la UE ha dado lugar a conflictos entre los gobiernos nacionales y las instituciones comunitarias.

La UE ha intensificado la externalización del control migratorio mediante acuerdos con terceros países como Turquía, Libia y recientemente Albania, delegando la gestión de migrantes a países fuera del bloque. Este modelo ha generado graves denuncias de abuso y represión en centros de detención gestionados fuera del territorio europeo, poniendo en duda el compromiso de la UE con el derecho humanitario.

En el ámbito penitenciario, la aplicación de políticas de seguridad restrictivas ha generado un debate sobre el uso desproporcionado de la detención de migrantes y el impacto en la equidad del sistema judicial europeo. A su vez, la creciente presión sobre las fuerzas del orden y las autoridades judiciales ha evidenciado la falta de coordinación entre los Estados miembros y la necesidad de una reforma estructural en la política migratoria y de seguridad. El impacto en los sistemas penales y penitenciarios pone en evidencia una contradicción entre los principios fundacionales de la UE y la realidad de su aplicación práctica. Para preservar su legitimidad y liderazgo global en derechos humanos, la Unión debe buscar un enfoque más humanitario y sostenible, basado en la integración efectiva de los migrantes, el respeto a los tratados internacionales y una gestión penitenciaria acorde con los estándares europeos.