Novedadesfebrero 3, 20250 comentarios

Delitos contra la Administración Pública

Cuando oímos hablar de “delitos contra la administración pública”, probablemente pensemos en corrupción, abuso de poder o en esos casos de funcionarios que aparecen en las noticias por desviar fondos públicos. Pero, ¿qué significa realmente este concepto? ¿A quién afecta y por qué debería importarnos como ciudadanos? A continuación, te explicamos de manera clara y accesible en qué consisten estas conductas ilícitas, cuál es su impacto en la comunidad y qué medidas pueden adoptarse para prevenirlas y combatirlas.

La Administración Pública: el brazo ejecutor del Estado

Antes de hablar de delitos, es importante entender qué es la Administración Pública. Básicamente, se trata del conjunto de instituciones, organismos y personas que trabajan para garantizar que los servicios públicos funcionen. Esto incluye desde el personal de salud, las fuerzas del orden, los maestros en las escuelas públicas, hasta los funcionarios que gestionan recursos para construir carreteras, hospitales o escuelas.

La Administración es el brazo ejecutor de los fines del Estado; el propio Estado en acción. Consecuentemente, la Administración entabla relaciones con otras personas, fundamentalmente con los ciudadanos, y por este motivo necesita estar dotada de personalidad jurídica. Por eso su actividad se conoce como “actos administrativos”, y estos actos deben producirse siempre siguiendo un procedimiento para garantizar que los mismos se realicen en ejecución de la ley y para proteger los derechos de los ciudadanos.

Así, el Derecho Administrativo será la regulación de los privilegios, prerrogativas y potestades de la Administración, así como el control de su uso por parte de la jurisdicción para evitar el uso irregular, excesivo, o sencillamente ilegal de estas potestades. El artículo 106 de la CE atribuye el control de la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican a los Tribunales de Justicia.

En pocas palabras, la Administración Pública es el motor que mantiene funcionando a una sociedad organizada. Ahora bien, si alguien que forma parte de este sistema comete un acto ilegal, como aprovecharse de su posición para su beneficio personal, está cometiendo un delito contra la Administración Pública.

Delitos contra la administración pública: perjuicio al Gobierno y a los ciudadanos

Los delitos contra la Administración Pública están regulados en las leyes penales de cada país y se refieren a las conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos (o, en algunos casos, por particulares que interactúan con ellos) que afectan el correcto funcionamiento de las instituciones públicas.

El artículo 103.1 de la Constitución Española establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Estos delitos se encuentran tipificados en el Título XIX del Código Penal, formado por los artículos 404 a 445 de esta ley. Se caracterizan por ser delitos especiales, ya que no pueden ser cometidos por cualquier persona, sino que el sujeto activo debe tener la condición de autoridad o funcionario público, si bien existen algunos tipos penales puntuales dentro del Título XIX que pueden cometer otras personas (incluso los particulares en general).

Lo importante aquí es que estos delitos no solo perjudican al gobierno, sino también a todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando un funcionario público abusa de su cargo o malversa recursos, no solo vulnera la confianza depositada en él, sino que también priva a la ciudadanía de bienes y servicios esenciales. Los fondos desviados o indebidamente utilizados podrían haberse destinado a mejorar la calidad de los hospitales, fortalecer el sistema educativo o garantizar una mayor seguridad en nuestras comunidades. En consecuencia, la lucha contra la corrupción no es solo una cuestión de legalidad, sino un compromiso ineludible con el bienestar colectivo.

Principales delitos contra la administración pública

Aunque los delitos pueden variar según el país, hay algunos que son comunes en casi todas las legislaciones. Aquí te los explicamos de manera sencilla:

Prevaricación

Se castiga a la autoridad o funcionario público:

Que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, proponga, nombre o dé posesión de un determinado cargo público a cualquier persona sin que reúna los requisitos legalmente exigidos. En este delito también se castiga a la persona que acepte dicho cargo.

Cohecho

Se castigan las siguientes acciones realizadas por autoridad o funcionario público, o por jurados, árbitros, mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales y otras personas que participen en el ejercicio de la función pública:

Recibir o solicitar, en provecho propio o de un tercero, un regalo, favor o retribuciónde cualquier clase, o aceptar ofrecimiento o promesa para realizar, en el ejercicio de su cargo, un acto contrario a los deberes inherentes al mismo, o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. También si acepta esos regalos para realizar un acto propio de su cargo, e igualmente si el regalo se entrega como recompensa por el acto realizado.
Admitir, en provecho propio o de un tercero, cualquier regalo que le sea ofrecido en consideración a su cargo o función.

Fraudes y exacciones ilegales

Se castiga a la autoridad o funcionario público:

Que, interviniendo por razón de su cargo en actos de contratación pública o liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierte con los interesados para defraudar a cualquier ente público. También se castiga al particular que participe en la acción.
Que exija derechos, tarifas o minutas no debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada.
Que, abusando de su cargo, cometa algún delito de estafa o fraude de prestaciones de la Seguridad Social.
Que, durante el desempeño de su cargo y hasta 5 años después de cesar en él, haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de deudas por más de 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, y se niegue a su justificación.

Tráfico de influencias

Se castiga a la autoridad o funcionario público, al particular o cualquiera que esté implicado en los hechos realizados por aquellos, cuando consistan en:

Influir en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de su cargo, o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este u otro funcionario o autoridad, para conseguir una resolución que le genere de algún modo un beneficio económico para sí o para un tercero.
Solicitar regalos o cualquier retribución, o aceptar ofrecimiento o promesa de recibirlos, para realizar las conductas anteriores.

Malversación de fondos

Consiste en sustraer caudales públicos, por parte de autoridad o funcionario público, para provecho propio o para darle un destino diferente al planificado.

Se castiga a la autoridad o funcionario público que se apropie, o consienta que un tercero lo haga, de patrimonio público que tenga a su cargo. La pena se agrava en función del daño causado al servicio público, el valor del perjuicio o el especial valor o características de las cosas malversadas.

Igualmente, se castiga a la autoridad o funcionario público que, aun sin ánimo de apropiárselo, destine a usos privados el patrimonio público que tenga a su cargo, o que dé al patrimonio público que administra por su cargo una aplicación pública diferente a la asignada.

¿Por qué son tan graves estos delitos?

Asimismo, estos delitos erosionan la confianza en las instituciones públicas. Cuando la ciudadanía percibe que sus gobernantes actúan de manera deshonesta, disminuye su participación en procesos democráticos, como el voto, y se debilita el cumplimiento de sus deberes cívicos, incluidos los tributarios. En los casos más graves, esta pérdida de credibilidad puede derivar en inestabilidad social y económica, afectando el desarrollo y bienestar colectivo.

¿Cómo podemos combatir estos delitos?

La lucha contra los delitos que afectan a la administración pública no es una responsabilidad exclusiva del gobierno; como ciudadanos, también podemos contribuir de manera activa a su prevención y sanción. A continuación, se destacan algunas acciones clave:

Exigir transparencia y acceso a la información pública

El derecho a conocer el destino y la gestión de los recursos públicos es fundamental para garantizar una administración honesta y eficiente. Apoyar y promover iniciativas de transparencia y acceso a la información permite ejercer un control ciudadano efectivo y prevenir posibles irregularidades.

Denunciar irregularidades

Cuando se tenga conocimiento de conductas que constituyan corrupción, malversación de fondos o cualquier otra infracción contra la administración pública, es fundamental acudir a las autoridades competentes y formular la denuncia correspondiente. Actualmente, muchos países han implementado canales de denuncia anónima para proteger a quienes reportan estos hechos, garantizando su seguridad y confidencialidad.

Fomentar una cultura de ética e integridad

Una sociedad que promueve valores como la honestidad y la responsabilidad ética es menos propensa a tolerar o participar en actos de corrupción. Por ello, es esencial fortalecer la educación en materia de ética y responsabilidad ciudadana desde edades tempranas, consolidando una cultura de respeto por los bienes y recursos públicos.

Participar activamente en la vida pública

La lucha contra la corrupción y los delitos administrativos no se limita al ejercicio del derecho al voto. Es necesario involucrarse en las decisiones que afectan a la comunidad, asistiendo a reuniones ciudadanas, supervisando la gestión de los funcionarios públicos y exigiendo rendición de cuentas. Una ciudadanía informada y comprometida es una de las herramientas más efectivas para prevenir y combatir estos delitos.

Un cambio que comienza contigo

Si bien los delitos contra la administración pública pueden percibirse como una problemática distante o restringida a los niveles más altos del gobierno, lo cierto es que su impacto repercute directamente en la vida de todos los ciudadanos, afectando la calidad de los servicios públicos y minando la confianza en las instituciones.

Esto es la teoría, sin embargo, en la práctica poco o nada puede hacer el ciudadano de a pie ya que la política está diseñada solo y exclusivamente para y por los gobernantes y, con los años de democracia que llevamos, claramente hemos visto que todos, sean del color que sean, acaban cediendo a una forma u otra de corrupción.

Enfrentar estas conductas ilícitas exige un compromiso colectivo, pero también una responsabilidad individual. Tomar conciencia de su gravedad y adoptar una actitud activa en su prevención y denuncia es fundamental para construir una sociedad más justa y transparente, en la que los recursos públicos sean gestionados en beneficio del interés general.

El conocimiento es la primera herramienta para la acción. Ahora que comprendes la relevancia de estos delitos, ¿estás dispuesto a contribuir al cambio?

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