Global Prison Trends 2025: diagnóstico

El informe de Global Prison Trends 2025 revela el crecimiento desproporcionado de la población penitenciaria mundial y el agotamiento del modelo punitivo, denuncia vulneraciones sistemáticas de derechos en colectivos especialmente vulnerables como mujeres, menores, personas LGBTIQ+ y migrantes, y plantea la necesidad de una transformación estructural en la gestión carcelaria que priorice la salud mental, el acceso equitativo a la tecnología y la expansión de alternativas al encarcelamiento.

Mariam Bataller

 

El informe Global Prison Trends 2025, elaborado por Penal Reform International (PRI) en colaboración con el Thailand Institute of Justice (TIJ), constituye la undécima edición de una serie anual de análisis global sobre tendencias penitenciarias y justicia penal. Su publicación en mayo de 2025 marca un momento significativo, al contextualizar los desafíos del sistema penitenciario global en un período de transformaciones políticas y sociales sustanciales, especialmente tras los procesos electorales desarrollados en numerosos países durante 2024.

Este informe de Global Prison Trends 2025 se sitúa en un momento pospandemia, en el que las consecuencias sanitarias, económicas y sociales del COVID-19 continúan afectando a las poblaciones penitenciarias y al funcionamiento de las instituciones de justicia. Además, recoge los impactos acumulativos de décadas de políticas punitivas que han resultado en el crecimiento sostenido de la población penitenciaria mundial, que en 2025 supera los 11,5 millones de personas privadas de libertad. Este incremento ha intensificado los problemas estructurales como el hacinamiento, la escasez de recursos, la desigualdad en el acceso a derechos básicos y la precariedad de las infraestructuras penitenciarias.

El documento de Global Prison Trends 2025 pone especial énfasis en los actores que impulsan el cambio que no solo monitorizan el cumplimiento de los derechos humanos, sino que también promueven estándares normativos y buenas prácticas, como las Reglas de Bangkok (para el tratamiento de las mujeres reclusas) y las Reglas Mandela(para el tratamiento de todas las personas privadas de libertad). Asimismo, el informe reconoce el papel emergente de las personas con experiencia carcelaria como agentes de cambio, visibilizando sus voces en la reforma penitenciaria.

En este contexto, Global Prison Trends 2025 no solo presenta una fotografía crítica del estado actual de las prisiones a nivel mundial, sino que también plantea una agenda transformadora, guiada por principios de dignidad, reintegración y justicia restaurativa. El informe es, por tanto, un instrumento técnico y político orientado a la incidencia, dirigido tanto a responsables públicos como a la sociedad civil internacional, con el propósito de avanzar hacia sistemas penitenciarios más humanos, sostenibles y justos

El enfoque general del informe Global Prison Trends 2025 se caracteriza por su visión integral, crítica y orientada a la transformación sistémica de los entornos penitenciarios y de justicia penal a nivel global.

Desde su estructura, el informe adopta una perspectiva multinivel y transversal. Por un lado, examina indicadores cuantitativos como el crecimiento de la población carcelaria, el uso de la prisión preventiva, la aplicación de penas alternativas y el acceso a servicios básicos. Por otro, incorpora enfoques cualitativos que consideran el impacto diferencial que la reclusión tiene en grupos vulnerables, tales como mujeres, personas LGBTIQ+, población migrante, personas mayores y menores en conflicto con la ley. Esta mirada interseccional revela cómo múltiples formas de discriminación y exclusión convergen en los contextos penitenciarios, reforzando la necesidad de políticas penitenciarias sensibles a las diversidades.

Un elemento distintivo del enfoque de Global Prison Trends 2025 es la incorporación de una sección especial titulada “Spotlight on…”, que cambia cada año para abordar temas de relevancia coyuntural. En esta edición, se destacan cuestiones como el derecho al voto de las personas privadas de libertad tras los procesos electorales de 2024, la crisis de salud mental en las prisiones, la violencia estructural, los desafíos éticos del uso de tecnologías en contextos carcelarios y el papel de las “prisiones verdes” como respuesta a los desafíos ecológicos.

Además, el informe subraya la importancia de los procesos participativos y del liderazgo con experiencia vivida, reconociendo que las personas que han estado en prisión pueden y deben tener un rol activo en la reforma del sistema. De este modo, Global Prison Trends 2025 se posiciona no solo como un instrumento de diagnóstico, sino también como una herramienta de incidencia política y social, orientada a construir un nuevo paradigma penitenciario más justo, humano, resiliente y sostenible.

El encarcelamiento como norma en Global Prison Trends 2025: el uso excesivo de la prisión revela el fracaso de las políticas penales restrictivas

 

La primera sección del informe analiza el uso de la prisión como herramienta de control penal en los distintos contextos regionales, destacando su persistente sobrerrepresentación frente a las medidas alternativas. A través de un enfoque comparativo e interdisciplinar, se abordan los factores estructurales que explican el continuo crecimiento de la población penitenciaria mundial, que alcanza cifras récord con más de 11,5 millones de personas privadas de libertad, así como las tendencias específicas relacionadas con el encarcelamiento preventivo, las condenas a cadena perpetua y la aplicación de la pena de muerte.

El informe subraya que la privación de libertad sigue siendo la respuesta predominante en la mayoría de los sistemas de justicia penal, incluso ante delitos de baja gravedad o no violentos. Esta sobreutilización de la prisión es especialmente evidente en el uso abusivo de la prisión preventiva, que afecta a más de un tercio de la población penitenciaria global, en muchos casos sin juicio previo ni condena firme. Esta situación refleja no solo un problema de congestión judicial, sino también de falta de garantías procesales y desigualdad estructural, dado que quienes permanecen en detención provisional suelen ser personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Asimismo, se advierte una expansión preocupante de las condenas de cadena perpetua, incluso en contextos donde formalmente no se aplica la pena de muerte. Estas condenas, al igual que las penas muy largas, suelen implicar una exclusión de facto del ciclo vital, con escasas perspectivas de reintegración social. A ello se suma la persistencia de la pena capital en más de 50 países, contraviniendo la tendencia global hacia su abolición.

En cuanto a las políticas de drogas, el informe denuncia su fuerte impacto en el encarcelamiento masivo, señalando que los delitos relacionados con drogas constituyen una de las principales causas de ingreso en prisión, en muchos casos bajo marcos legales punitivos que criminalizan el consumo y la pobreza en lugar de abordar el fenómeno desde un enfoque de salud pública y reducción de daños.

Las cárceles del mundo reflejan la desigualdad: mujeres, pobres y grupos vulnerables en el centro del castigo

 

La segunda parte del informe se dedica a analizar la composición y las características diferenciadas de la población penitenciaria a nivel global, haciendo especial énfasis en los grupos que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad dentro del sistema penal. El enfoque adoptado por Penal Reform International parte del reconocimiento de que la prisión no es un entorno neutro, sino un espacio atravesado por desigualdades sociales, económicas, de género, edad, orientación sexual, identidad de género, etnicidad y estatus migratorio. Esta sección, por tanto, se propone visibilizar la forma en que estas variables estructuran el acceso a derechos, el tipo de condenas y las condiciones de cumplimiento de pena.

Uno de los hallazgos más destacados es el crecimiento acelerado de la población femenina encarcelada. Desde el año 2000, el número de mujeres privadas de libertad ha aumentado en un 57 %, frente a un 22 % en el caso de los hombres. Este incremento se vincula a la criminalización de la pobreza, los roles de género tradicionales y la sanción penal de conductas relacionadas con la supervivencia, como el hurto menor, el endeudamiento y el consumo de drogas. El informe subraya, además, que en numerosos países las mujeres son condenadas por leyes que refuerzan la desigualdad estructural, como las que penalizan el aborto, la tentativa de suicidio o el incumplimiento de normas culturales patriarcales. Esta situación evidencia la urgente necesidad de políticas penitenciarias con enfoque de género y de reformas legales que despenalicen conductas no violentas.

El análisis también aborda la situación de otros grupos especialmente expuestos a la violencia institucional y la exclusión, como las personas LGBTIQ+, los menores, los adultos mayores, los migrantes y las minorías étnicas. Estos colectivos enfrentan múltiples formas de discriminación, incluyendo el aislamiento, la negación de servicios médicos específicos, la falta de acceso a programas educativos y el uso abusivo del régimen de aislamiento. En el caso de los menores, el informe denuncia la falta de políticas diferenciadas que garanticen su protección frente a prácticas punitivas desproporcionadas, mientras que para las personas mayores se señala el deterioro de la salud física y mental en instalaciones no adaptadas para la vejez.

La criminalización de la pobreza emerge como hilo conductor transversal a todos los grupos analizados. Las cárceles, en muchas partes del mundo, continúan funcionando como dispositivos de gestión de la exclusión social, concentrando a personas sin recursos para pagar fianzas, sin defensa legal efectiva o perseguidas por actividades económicas informales. El informe insiste en que esta lógica punitiva reproduce desigualdades estructurales, además de ser ineficaz en términos de prevención del delito o reinserción.

 

Grupo	Crecimiento (%) desde 2000	Riesgos y desafíos
Mujeres	+57 % frente al +22 % hombres	Discriminación legal; encarcelamiento por pobreza
LGBTIQ+	No cuantificado, alta vulnerabilidad	Violencia, exclusión y falta de cuidados adaptados
Menores	Variable según región	Riesgo de traumatización y falta de políticas diferenciadas
Mayores	Aumento global	Falta de cuidados y envejecimiento en prisiones no adaptadas

En conclusión, esta sección plantea que es imprescindible adoptar un enfoque interseccional en la formulación de políticas penitenciarias, reconociendo que la prisión acentúa las vulnerabilidades preexistentes. Para ello, se requiere avanzar hacia modelos de justicia con perspectiva de género, culturalmente sensibles y centrados en los derechos humanos, que incorporen alternativas al encarcelamiento y programas específicos de atención y reintegración para las poblaciones más afectadas.

Prisión y abandono en Global Prison Trends 2025: la crisis sanitaria y de salud mental amenaza la vida y la dignidad de millones

 

La tercera parte del informe examina la situación de la salud en los centros penitenciarios a nivel mundial, con un enfoque particular en la salud mental, las enfermedades transmisibles y las carencias estructurales de los sistemas sanitarios intramuros. Penal Reform International denuncia en esta sección el incumplimiento generalizado del principio de equivalencia, según el cual las personas privadas de libertad deben recibir una atención médica de calidad comparable a la disponible fuera de la prisión. La constatación empírica, sin embargo, revela un panorama marcado por la negligencia institucional, el colapso de los servicios sanitarios penitenciarios y la inadecuada formación del personal encargado de la atención.

Uno de los aspectos más alarmantes abordados en esta sección es el incremento de los trastornos de salud mental en contextos penitenciarios, vinculado al aislamiento prolongado, el hacinamiento, la violencia y la falta de acceso a programas terapéuticos. El informe documenta un aumento sostenido de los casos de ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios, especialmente entre personas jóvenes, mujeres y colectivos LGBTIQ+. Esta tendencia se ve agravada por el uso excesivo de medidas de aislamiento como herramienta disciplinaria, que, lejos de reducir los conflictos, deteriora significativamente la salud psicológica de las personas reclusas. El informe alerta sobre el hecho de que, en muchos países, las prisiones se han convertido de facto en instituciones psiquiátricas de último recurso, sin los recursos ni el enfoque necesarios para tratar adecuadamente los trastornos mentales.

Otro foco de atención lo constituye la propagación de enfermedades transmisibles como el VIH, la tuberculosis, las hepatitis víricas y, en menor medida, la COVID-19. La combinación de hacinamiento crónico, condiciones insalubres, escasa ventilación y falta de acceso a diagnósticos y tratamientos efectivos convierte a las prisiones en focos de riesgo epidemiológico, tanto para las personas privadas de libertad como para el personal penitenciario y la comunidad en general. El informe resalta la ausencia de programas de prevención dentro de los centros, como campañas de vacunación, distribución de preservativos o servicios de reducción de daños relacionados con el consumo de drogas inyectables.

Además, el documento evidencia la falta de continuidad en la atención médica tras la excarcelación, lo que tiene un efecto directo sobre la reincidencia y la vulnerabilidad de las personas liberadas. La desconexión entre los servicios penitenciarios de salud y los sistemas públicos agrava esta situación, dificultando el seguimiento de tratamientos, la adherencia terapéutica y la recuperación integral. Especial preocupación genera la situación de las mujeres encarceladas, cuyas necesidades específicas de salud —como la atención ginecológica, el seguimiento del embarazo o el acceso a productos de higiene menstrual— son sistemáticamente desatendidas.

En términos normativos, el informe denuncia el incumplimiento de las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok, que establecen estándares mínimos para la atención sanitaria en prisión. Se hace un llamado a los Estados para que reconozcan que el derecho a la salud es un derecho humano indivisible, que no se suspende por el hecho de estar en prisión, y que su cumplimiento es condición necesaria para garantizar la dignidad de las personas privadas de libertad.

En definitiva, el informe propone una transformación urgente de los servicios sanitarios en contextos penitenciarios, orientada por principios de equidad, continuidad de cuidados y sensibilidad a las condiciones particulares de la población reclusa. Solo mediante una reforma integral de los sistemas de salud en prisión se podrá garantizar una justicia penal verdaderamente humana, inclusiva y restaurativa.

Transformar desde dentro con Global Prison Trends 2025: hacia una gestión penitenciaria centrada en derechos, sostenibilidad y reintegración

 

La cuarta parte del informe Global Prison Trends 2025 aborda la gestión de las instituciones penitenciarias desde una perspectiva sistémica, centrada en los principios de dignidad humana, transparencia, prevención de la violencia y rehabilitación. Penal Reform International plantea en esta sección que la gestión penitenciaria no debe limitarse al mantenimiento del orden interno o la seguridad, sino que ha de orientarse a la garantía de derechos fundamentales, la reintegración social y la sostenibilidad institucional. Esta visión contrasta con las prácticas prevalentes en muchas jurisdicciones, donde la gestión carcelaria se rige aún por esquemas punitivos, autoritarios y poco profesionalizados.

Uno de los ejes centrales de la sección es el análisis de la violencia institucional, tanto en su dimensión estructural como interpersonal. El informe destaca el uso excesivo de la fuerza, la aplicación rutinaria del aislamiento prolongado, la presencia de tratos degradantes y la existencia de dinámicas de poder informales que generan inseguridad tanto para los internos como para el personal penitenciario. Se subraya que estas prácticas, lejos de contribuir a la estabilidad, fomentan la reproducción de conflictos, afectaciones psicosociales y altos niveles de reincidencia. Asimismo, el informe examina el impacto de los entornos penitenciarios en contextos posconflicto o en situaciones de colapso institucional, donde las prisiones operan como espacios de control político y castigo colectivo.

Otro aspecto relevante abordado es el ejercicio del derecho al voto de las personas privadas de libertad. A raíz de los ciclos electorales de 2024 en múltiples países, el informe documenta avances y retrocesos en el reconocimiento de este derecho, fundamental para la ciudadanía activa y la inclusión democrática. Aunque algunos países han ampliado las posibilidades de voto para reclusos, muchos otros mantienen restricciones arbitrarias que refuerzan la estigmatización y la exclusión política de esta población.

La sección también ofrece una reflexión sobre los modelos de reinserción social, cuestionando la eficacia de enfoques meramente disciplinarios o punitivos. En su lugar, se propone una gestión basada en la justicia restaurativa, la construcción de relaciones respetuosas, la participación de la comunidad y la articulación con programas sociales. En este sentido, el informe destaca experiencias innovadoras que incorporan a personas con experiencia previa en prisión como agentes de cambio dentro de los propios centros penitenciarios, promoviendo una cultura organizativa más humana, horizontal y centrada en la recuperación.

Asimismo, se introduce el concepto de “prisiones verdes”, que alude a prácticas penitenciarias sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Estas incluyen desde la eficiencia energética y el reciclaje hasta el diseño arquitectónico bioclimático y la integración de programas de formación y empleo en sectores vinculados a la transición ecológica. El informe señala que estas iniciativas, además de reducir la huella ambiental del sistema penitenciario, contribuyen a generar entornos más saludables, participativos y orientados a la resiliencia.

Por último, se examina la gestión penitenciaria en territorios de ultramar, donde la distancia geográfica, la falta de supervisión efectiva y las condiciones socioeconómicas locales agravan las vulneraciones de derechos. Se documentan casos de abandono institucional, aislamiento extremo y exclusión cultural de personas reclusas originarias de comunidades indígenas o migrantes.

En conclusión, esta parte del informe subraya que la gestión penitenciaria es una herramienta clave para transformar el sistema penal y convertirlo en un espacio de oportunidad, reparación y justicia social. Para ello, es necesario profesionalizar el personal, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, garantizar la participación activa de las personas privadas de libertad y adoptar marcos normativos que promuevan la transparencia, la equidad y la sostenibilidad.

Tecnología entre el control y la inclusión: retos éticos del uso digital en contextos de encierro

 

La quinta y última parte del informe examina el creciente papel de la tecnología en el ámbito penitenciario, abordando sus potenciales beneficios pero también los profundos desafíos éticos, legales y sociales que su implementación conlleva. Penal Reform International adopta un enfoque crítico que reconoce la capacidad transformadora de determinadas herramientas tecnológicas como la digitalización de servicios, el acceso remoto a la justicia o la formación a distancia, al tiempo que alerta sobre los riesgos de deshumanización, vigilancia masiva, sesgos algorítmicos y ampliación de las desigualdades existentes.

En primer lugar, el informe analiza el uso de tecnologías de vigilancia y control en los centros penitenciarios, incluyendo sistemas de videovigilancia inteligente, escáneres corporales, dispositivos biométricos y software de reconocimiento facial. Aunque estas tecnologías se presentan a menudo como soluciones de seguridad y eficiencia, el informe advierte que su uso sin una regulación adecuada puede vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, la dignidad o el principio de presunción de inocencia. En muchos contextos, estas herramientas son implementadas sin transparencia, sin consulta previa a las personas afectadas y sin mecanismos de rendición de cuentas, generando un entorno de vigilancia permanente que erosiona la confianza institucional.

Otro eje temático relevante es el de los algoritmos de evaluación de riesgo y gestión penitenciaria. Se han desarrollado herramientas de inteligencia artificial que clasifican a las personas privadas de libertad según su supuesta peligrosidad o probabilidad de reincidencia, y que influyen en decisiones clave como la concesión de beneficios penitenciarios, el régimen de vida o la asignación de programas. Sin embargo, el informe muestra que estos sistemas reproducen y amplifican sesgos estructurales, al basarse en datos históricos marcados por discriminaciones raciales, de clase o de género. La opacidad de los modelos y la ausencia de mecanismos de supervisión externa convierten estas prácticas en un campo de riesgo para los derechos humanos.

Asimismo, el documento aborda el acceso desigual a las tecnologías por parte de las personas reclusas. En muchos países, el uso de internet está restringido o prohibido en prisión, lo que limita el ejercicio de derechos como la educación, la comunicación familiar, la participación en procesos judiciales o la preparación para la vida en libertad. El informe insiste en que el acceso controlado, seguro y supervisado a herramientas digitales debe considerarse un derecho instrumental para la reinserción y la reducción de la reincidencia, más aún en un mundo digitalmente interconectado.

Finalmente, se destacan experiencias de innovación positiva, como plataformas digitales para la formación profesional, espacios virtuales de mediación y resolución de conflictos, y programas de capacitación digital que permiten adquirir competencias clave para la reintegración. El informe remarca que, cuando se diseñan con participación de las personas reclusas y con enfoque de derechos, las tecnologías pueden constituir una vía real de empoderamiento y autonomía.

En conclusión, Global Prison Trends 2025 advierte que la incorporación de tecnología en el ámbito penitenciario no es neutral, y que su uso debe ser cuidadosamente regulado para evitar nuevas formas de exclusión y control. Es urgente establecer marcos normativos claros, mecanismos de supervisión independientes y principios éticos orientadores que garanticen que la digitalización penitenciaria esté al servicio de la justicia restaurativa, la dignidad humana y la igualdad de derechos.

En conjunto, las propuestas de Global Prison Trends 2025 constituyen una hoja de ruta ambiciosa pero fundamentada para reorientar el sistema penitenciario internacional hacia un modelo más justo, humano y sostenible. Este marco no sólo interpela a los gobiernos, sino también a organismos multilaterales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, llamados a asumir un papel activo en la transformación de la justicia penal contemporánea.