La revolución tecnológica en cárceles Europeas

 

Las prisiones europeas han dejado de ser solo espacios de custodia para convertirse en nodos clave en la lucha contra el crimen organizado transnacional, gracias a revolución tecnológica en cárceles Europeas. La conferencia “Organised Crime in Prisons” de Roma ha marcado un hito en la incorporación de alta tecnología, inteligencia penitenciaria y cooperación transnacional para desmantelar redes criminales que operan desde el interior de los centros penitenciarios. La combinación de infraestructuras de alta seguridad, sistemas avanzados de vigilancia y programas innovadores de rehabilitación ha generado un paradigma estratégico que busca equilibrar control efectivo con respeto a los derechos humanos, enfrentando desafíos históricos como la corrupción, la radicalización y la sobrepoblación. Esto es posible gracias a la revolución tecnológica en cárceles Europeas.

Mariam Bataller

 

La actual configuración del crimen organizado, sustentado pora obliga a mirar las prisiones no solo como espacios de custodia, sino como partes activas de las cadenas de valor criminal, sustentado por la revolución tecnológica en cárceles Europeas. Diversos informes señalan que las redes de delincuencia grave y organizada aprovechan la cárcel para mantener la cohesión interna, gestionar conflictos, reclutar nuevos miembros y dirigir operaciones hacia el exterior, especialmente en mercados como el tráfico de drogas, el contrabando y ciertas formas de violencia de bandas. En este contexto, las prisiones europeas se convierten en nodos estratégicos donde confluyen las dinámicas de control territorial, las economías ilícitas y las interacciones con los sistemas de justicia penal y de seguridad interior.​

La conferencia “Organised Crime in Prisons” celebrada en Roma, bajo el paraguas de EuroPris y autoridades penitenciarias nacionales, se sitúa precisamente en esta nueva frontera. La elección de temas: infraestructuras de alta seguridad, tecnologías de detección de drones, bloqueo de comunicaciones ilícitas, fortalecimiento de unidades de inteligencia penitenciaria y protección del personal, refleja un desplazamiento desde un enfoque meramente custodial hacia una lógica de gestión de riesgos complejos y de articulación con las políticas europeas contra el crimen organizado, siempre gracias a la revolución tecnológica en cárceles Europeas.

Este punto de partida permite presentar al lector la paradoja central del reportaje: mientras las instituciones penitenciarias se concibieron históricamente como el último eslabón del sistema penal, hoy se ubican cada vez más cerca del centro de las estrategias de seguridad. La elaboración del EU‑SOCTA 2025 y las prioridades operativas que de él se derivan muestran que la capacidad de las prisiones para contener o facilitar el poder de las redes criminales es un factor clave en la definición de prioridades policiales y de cooperación transnacional en la Unión Europea. De ahí que la escena inicial del reportaje pueda apoyarse en la imagen de una celda de alta seguridad que, a pesar de todo, sigue funcionando como sala de mando de un grupo criminal, para introducir la pregunta de fondo: ¿hasta qué punto la cárcel está preparada para dejar de ser un “cuartel general” del crimen organizado y convertirse en un verdadero cortafuegos en la gobernanza de la seguridad europea?

EuroPris y la arquitectura de la cooperación penitenciaria europea

EuroPris, la Organización Europea de Prisiones y Servicios Correccionales, se configura como una red estratégica de administraciones penitenciarias nacionales que aglutina a más de treinta servicios europeos, incluyendo veintiséis de países de la Unión Europea, con el propósito de fomentar prácticas profesionales avanzadas en el ámbito penitenciario y contribuir con la revolución tecnológica en cárceles Europeas. Fundada en 2011 por dieciocho servicios iniciales, esta asociación sin ánimo de lucro opera como un espacio de colaboración horizontal, impulsando el intercambio de conocimientos, la innovación y el apoyo experto a sus miembros, así como a organismos socios y formuladores de políticas, todo ello alineado con principios éticos y basados en derechos humanos.​

Entre sus objetivos primordiales destaca la mejora de la seguridad pública mediante la elevación de estándares en el internamiento, la reducción de la reincidencia y la profesionalización del personal penitenciario, lo que posiciona a EuroPris como un actor clave en la armonización de respuestas europeas a desafíos transnacionales como el crimen organizado intramuros. La organización materializa estos fines a través de eventos como conferencias, talleres y reuniones de expertos, que facilitan un diálogo significativo entre profesionales, y mantiene colaboraciones estrechas con entidades como la Confederación Europea de Libertad Vigilada, la Asociación Europea para la Educación en Prisión o el Foro Europeo de Justicia Reparadora.​

Un pilar fundamental de su arquitectura operativa radica en herramientas digitales como el Sistema de Información Penitenciaria Europeo (EPIS), lanzado en 2014, que recopila datos sobre más de 550 centros penitenciarios, promoviendo la transparencia y el benchmarking entre administraciones, e incluso adoptado por el Consejo de la UE como instrumento oficial para monitorear infraestructuras carcelarias, contribuyendo con la revolución tecnológica en cárceles Europeas. Complementariamente, el Sistema de Gestión de Conocimientos (KMS) agrupa más de mil respuestas a consultas sobre políticas y operaciones penitenciarias, sirviendo como repositorio vivo de buenas prácticas, mientras que recursos como fichas informativas sobre condiciones carcelarias apoyan traslados informados bajo la Decisión Marco 2008/909/JAI. De este modo, EuroPris no solo articula la cooperación penitenciaria europea, sino que la dota de instrumentos concretos para enfrentar amenazas como las redes criminales, consolidándose como nexo entre prácticas nacionales y estrategias comunitarias de seguridad interior.

Cómo operan las redes dentro de prisión

Las redes de crimen organizado dentro de las prisiones europeas operan mediante estructuras jerárquicas que replican dinámicas externas, estableciendo jerarquías claras con líderes que mantienen el control a través de “emisarios” o lugartenientes que gestionan las operaciones cotidianas intramuros. Estas organizaciones aprovechan economías informales basadas en el tráfico de drogas, extorsión y deudas para dominar módulos enteros, imponiendo tributos a otros internos y utilizando la violencia selectiva como mecanismo de coerción y resolución de disputas. Paralelamente, las conexiones con el exterior se sostienen mediante comunicaciones ilícitas como teléfonos móviles introducidos por drones o visitas controladas y redes de familiares o abogados que actúan como correos, permitiendo la dirección remota de actividades como el blanqueo de capitales o el reclutamiento.

El impacto de estas dinámicas trasciende la mera seguridad interna, afectando el bienestar del personal penitenciario, que enfrenta presiones constantes, y de los internos vulnerables, expuestos a reclutamiento forzado o represalias. En términos de políticas penitenciarias, estas redes complican las decisiones sobre excarcelaciones condicionales y programas de reinserción, ya que la liberación de líderes puede reactivar operaciones externas con mayor virulencia. El informe EU-SOCTA 2025 de Europol evalúa específicamente el rol de las prisiones en las cadenas de valor criminal, destacando cómo facilitan la continuidad operativa de grupos dedicados a narcotráfico y ciberdelincuencia, lo que posiciona a los sistemas carcelarios como vectores clave en la resiliencia transnacional del crimen organizado.

Infraestructuras de alta seguridad: muros, módulos y “prison firm”

Las infraestructuras penitenciarias de alta seguridad en Europa constituyen una pieza clave en las estrategias para el control del crimen organizado intramuros. Estas instalaciones están diseñadas para aislar y controlar a los líderes y miembros clave de las redes criminales detenidos, aplicando modelos que combinan el confinamiento estricto, el monitoreo tecnológico avanzado y protocolos reforzados de seguridad en movimientos, visitas y comunicaciones. Los módulos de alta seguridad funcionan como entornos cerrados, donde la movilidad y el contacto externo están reducidos al mínimo para reducir la capacidad de coordinación y mando de las organizaciones criminales desde el interior. Todo esto forma parte de la revolución tecnológica en cárceles Europeas.

Este modelo persigue interrumpir las cadenas de intercambio ilícito y comunicación que permiten a estos grupos operar desde la cárcel, pero genera un debate sobre sus efectos colaterales. La restricción intensiva puede aumentar la tensión y la intolerancia dentro de la población reclusa, alimentando procesos de radicalización y generando un incremento en la litigiosidad y en las quejas formales, que obligan a las administraciones a equilibrar seguridad con respeto a derechos fundamentales. Además, investigaciones presentadas en la conferencia “Organised Crime in Prisons” destacan la resiliencia de las llamadas “prison firms”, que suelen adaptarse y reorganizarse, sorteando incluso estas condiciones de alta seguridad mediante redes internas sofisticadas y la corrupción selectiva de funcionarios.

Estos desafíos llevan a que las unidades especializadas de control en prisiones adopten estrategias combinadas donde la vigilancia tecnológica, controles aleatorios y protocolos operacionales se complementan con programas de intervención dirigidos a desmantelar la estructura organizativa interna y promover vías alternativas para los miembros menos comprometidos, buscando debilitarlas desde dentro. Este enfoque integral intenta no solo limitar la operatividad directa de las bandas, sino también reducir su influencia social y económica dentro del centro penitenciario, mediante la revolución tecnológica en cárceles Europeas Así, la alta seguridad no es un fin en sí misma, sino una herramienta combinada con inteligencia penitenciaria y políticas de reinserción supervisada que persiguen quebrar la continuidad delictiva desde la cárcel.

Tecnología en primera línea: drones, teléfonos y vigilancia inteligente

La conferencia “Organised Crime in Prisons” (OCP) de Roma dedicó bloques temáticos específicos a las “Security Technologies”, centrándose en soluciones innovadoras para contrarrestar las vías de infiltración del crimen organizado intramuros, siendo la revolución tecnológica en cárceles Europeas. Entre ellas destacan los sistemas de detección y neutralización de drones, que han proliferado como medio principal para introducir teléfonos móviles, drogas y armas en prisiones europeas, con ejemplos de despliegue en países como Países Bajos e Italia mediante radares de radiofrecuencia y redes de jamming selectivo. Paralelamente, el bloqueo de señales telefónicas ilícitas se aborda mediante inhibidores de espectro completo y analítica predictiva de comunicaciones, mientras que la videovigilancia avanzada, impulsada por IA, permite el reconocimiento de patrones de comportamiento y la detección temprana de actividades coordinadas en módulos de alto riesgo.

Países pioneros como el Reino Unido y Francia han implementado estas herramientas a gran escala, integrando plataformas de monitoreo en tiempo real con centros de control centralizados que fusionan datos de cámaras, sensores y registros operacionales, lo que ha reducido significativamente los incidentes de contrabando y órdenes externas desde la cárcel. No obstante, estas tecnologías plantean dilemas éticos y jurídicos profundos, particularmente en torno al respeto a la privacidad de internos y personal penitenciario, así como al riesgo de vigilancia masiva sin contrapesos judiciales adecuados. La dependencia de proveedores privados introduce vulnerabilidades cibernéticas, y los posibles sesgos algorítmicos en la inteligencia penitenciaria pueden exacerbar desigualdades, generando litigios ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación de derechos fundamentales.

Inteligencia penitenciaria: de la información fragmentada a redes europeas

La inteligencia penitenciaria europea se configura hoy como una pieza fundamental en la estrategia integral contra el crimen organizado intramuros, trascendiendo el mero ámbito de la seguridad interna para devenir en un instrumento preventivo y operativo crucial a nivel supranacional. En la conferencia “Organised Crime in Prisons” (OCP) se expuso cómo esta inteligencia se basa en la sistematización de la información recogida desde múltiples fuentes: las observaciones diarias del personal penitenciario, informes detallados de incidentes, aportes de internos colaboradores, rastreo de redes internas y externas, hasta análisis financieros que permiten desentrañar la compleja interconexión de actores implicados en actividades ilícitas. La consolidación de estos datos en plataformas analíticas facilita la anticipación de incidentes y la planificación de intervenciones quirúrgicas para desarticular estructuras de mando y minimizar riesgos asociados a la violencia y al narcotráfico.

Un rasgo definitorio de la inteligencia penitenciaria moderna es la superación de la tradicional compartimentación de datos a través del impulso de plataformas multidisciplinares y multiinstitucionales. Se fomentan redes de cooperación estrecha entre prisiones, fuerzas policiales, fiscalías, servicios de inteligencia y agencias europeas como Europol, lo que permite disponer de un flujo continuo de información fiable y en tiempo real. Un ejemplo destacado es el proyecto MARSOC, que integra fuentes de distintos sectores para reconstruir dinámicas criminales en la comunidad y en prisión, facilitando así no solo la vigilancia sino también la gestión estratégica de amenazas. Esta cooperación interinstitucional amplía el alcance de la inteligencia más allá de los muros, orientando técnicas investigativas y judiciales para la persecución penal de las organizaciones desmanteladas.

Esta integración refuerza la dimensión preventiva y desarticuladora de la inteligencia penitenciaria, que no solo protege la seguridad dentro de los centros sino que fortalece la seguridad pública general y la gobernanza democrática, al evitar que las prisiones funcionen como “cuarteles generales” del crimen organizado. La cooperación europea, liderada por EuroPris y coordinada con agencias comunitarias, apunta a crear un ecosistema de seguridad compleja que conecta justicia, vigilancia y rehabilitación, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos y con creciente uso de tecnologías avanzadas para análisis de datos y predicciones. Así, la inteligencia penitenciaria se posiciona como un eje estratégico que ejemplifica la convergencia entre políticas penitenciarias, de seguridad y justicia en el enfoque europeo frente a una amenaza transnacional en constante evolución, siendo la revolución tecnológica en cárceles Europeas.

Cooperación transnacional: de Roma a Bruselas

Las tecnologías avanzadas de vigilancia y control en las prisiones europeas están en el centro de la respuesta contra el crimen organizado intramuros, incorporando un conjunto sofisticado de sistemas integrados que van desde la detección de drones hasta la analítica avanzada de comunicaciones y la videovigilancia inteligente. La proliferación de drones como medio para introducir contrabando, incluidos teléfonos móviles, drogas y armas, ha impulsado la adopción de sistemas antidrones que funcionan con tecnologías de radiofrecuencia, detección en tiempo real, seguimiento y localización de operadores. Un ejemplo notable es la tecnología Sentrycs, que permite identificar y neutralizar amenazas de drones de manera autónoma y en 24/7, integrándose con los sistemas de seguridad existentes sin generar interferencias en las comunicaciones autorizadas. Este tipo de sistemas, son la revolución tecnológica en cárceles Europeas y ya se usa en países como Escocia, Italia y Países Bajos y marca un avance crucial para impedir la entrada de objetos ilícitos por esta vía.

Además, las prisiones han implementado sistemas biométricos para el control de acceso y visitas que utilizan huellas dactilares y escáneres de paquetes, minimizando el riesgo de fraude e impidiendo el ingreso de objetos prohibidos mediante tecnologías como rayos X y detectores de metales. Es la revolución tecnológica en cárceles Europeas. La videovigilancia se ha modernizado con sistemas CCTV integrados en plataformas centralizadas que permiten la supervisión integral en tiempo real de patios, módulos y perímetros, reforzando la capacidad de respuesta del personal. El empleo de inteligencia artificial para analizar patrones de comportamiento y detectar movimientos sospechosos representa una evolución en la gestión penitenciaria, posibilitando anticipar incidentes y coordinando acciones inmediatas para mitigar riesgos.

No obstante, el despliegue de estas tecnologías plantea la revolución tecnológica en cárceles Europeas pero también importantes debates éticos y legales relativos a la privacidad de internos y empleados, la transparencia en el uso de datos y la dependencia de proveedores tecnológicos externos. Estos retos requieren marcos regulatorios robustos que garanticen un equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales. En suma, la incorporación de tecnologías avanzadas en las prisiones europeas constituye un pilar esencial en la lucha contra el crimen organizado dentro de los centros penitenciarios, representando un avance significativo en la capacidad de monitorización y control que complementa las medidas de alta seguridad física y la inteligencia penitenciaria integrada.

La revolución tecnológica en cárceles Europeas

La conferencia “Organised Crime in Prisons” (OCP) de Roma dedicó un eje temático específico a la protección de profesionales penitenciarios, abogados y otros actores vulnerables frente a las presiones ejercidas por internos de alto riesgo vinculados al crimen organizado, reconociendo estas amenazas como un factor crítico para la integridad operativa de los sistemas carcelarios europeos. Estas presiones se manifiestan en formas variadas y sofisticadas: desde coacciones directas como amenazas físicas o psicológicas a funcionarios y juristas, pasando por intentos de corrupción mediante incentivos económicos o familiares, hasta campañas de intimidación indirecta que involucran a redes externas para presionar a través de allegados. El personal penitenciario, en particular, enfrenta un riesgo elevado en módulos de alta seguridad, donde líderes de mafias o bandas internacionalizadas buscan infiltrarse en rutinas operativas para facilitar contrabando o evasiones, mientras que los abogados defensores son blanco prioritario para reclutamiento como correos involuntarios o para comprometer la confidencialidad de comunicaciones privilegiadas.​

Para contrarrestar estas dinámicas, los protocolos de seguridad presentados en el OCP enfatizan un enfoque multicapa que combina medidas preventivas, reactivas y de apoyo psicosocial. En el plano preventivo, se promueven rotaciones sistemáticas de personal en unidades sensibles, formación obligatoria en reconocimiento de tácticas de manipulación incluyendo simulacros de “grooming” criminal y sistemas de monitoreo anónimo para reportar presiones tempranas sin represalias. Países como Italia y Países Bajos han implementado “equipos de protección especial” para funcionarios expuestos, que incluyen escoltas discretas durante turnos y evaluaciones periódicas de vulnerabilidad basadas en inteligencia penitenciaria. Para abogados, se han desarrollado guías europeas de EuroPris que detallan salvaguardas como comunicaciones grabadas con consentimiento, verificación cruzada de identidades en visitas y plataformas digitales seguras para intercambio de documentos, preservando el derecho de defensa sin comprometer la seguridad institucional.​

La casuística expuesta en Roma ilustra la gravedad de estas amenazas: casos documentados de abogados italianos coaccionados por la ‘Ndrangheta para transmitir mensajes codificados, o incidentes en Francia donde funcionarios neerlandeses recibieron amenazas transfronterizas vía redes sociales vinculadas a internos. Estos ejemplos subrayan la necesidad de apoyo psicosocial integral, con programas de asistencia psicológica confidencial, rotación geográfica para personal afectado y mecanismos de denuncia independientes supervisados por el Consejo de Europa. La tendencia europea apunta a una “cultura de resiliencia” que integra la protección de estos actores en la gobernanza penitenciaria cotidiana, evitando que el miedo o la corrupción erosionen la independencia profesional y la eficacia del control sobre redes criminales intramuros.

De la alta seguridad a la reinserción: proyectos y “exit programmes”

La contraposición entre lógicas securitarias estrictas y enfoques rehabilitadores representa un eje estratégico en la agenda europea contra el crimen organizado intramuros, donde proyectos como WAYOUT emergen como iniciativas pioneras para desarticular la lealtad de internos a redes criminales y facilitar su desvinculación efectiva durante y después del internamiento. Financiado por programas europeos de innovación penitenciaria, WAYOUT desarrollado por redes como IPS Innovative Prison Systems en colaboración con administraciones nacionales se centra en “exit programmes” personalizados que combinan terapia cognitivo-conductual intensiva, mentorías por exmiembros rehabilitados y entrenamiento en competencias socio-laborales, todo ello adaptado a perfiles de alto riesgo como lugartenientes de mafias o bandas de narcotráfico. Estos programas operan en fases secuenciales: evaluación inicial mediante inteligencia penitenciaria para identificar candidatos viables (excluyendo líderes irreductibles), intervención intramuros con aislamiento progresivo de dinámicas criminales, y continuidad post-penitenciaria vía probación supervisada con apoyo comunitario, logrando tasas de desenganche superiores al 60% en pilotos neerlandeses e italianos.

La articulación de estos “exit programmes” con la inteligencia penitenciaria genera un ciclo virtuoso de prevención y rehabilitación: los datos recopilados en módulos de alta seguridad —patrones de lealtad, vulnerabilidades emocionales y redes de apoyo externas— orientan intervenciones quirúrgicas que debilitan jerarquías internas sin generar vacuums de poder que favorezcan radicalizaciones. En paralelo, la probación europea se integra mediante modelos de “throughcare” promovidos por EuroPris, donde supervisores comunitarios reciben briefings detallados sobre riesgos residuales, asegurando un continuum desde la celda hasta la reinserción social plena. Proyectos complementarios como HOPE (contra radicalización) o CEDAR extienden este enfoque a extremismos vinculados al crimen organizado, incorporando herramientas digitales como plataformas de e-learning para que internos desarrollen habilidades en ciberseguridad o análisis de datos, sectores demandados que rompen ciclos delictivos tradicionales.

Esta perspectiva holística evita que las medidas de alta seguridad se conviertan en meros contenedores reactivos, transformando las prisiones en laboratorios de desradicalización donde la información de inteligencia no solo securiza, sino que habilita trayectorias de salida sostenibles. Casos exitosos en Dinamarca y Alemania demuestran cómo exintegrantes de bandas motoras, tras WAYOUT, contribuyen como informantes controlados o formadores pares, erosionando la resiliencia de las organizaciones desde dentro. No obstante, desafíos persisten: la estigmatización social postliberación, la tentación de recaídas por redes externas persistentes y la necesidad de financiación estable para escalar estos programas a nivel UE. La tendencia europea, alineada con las Reglas Mandela y estándares del Consejo de Europa, consolida así un paradigma dual donde alta seguridad y reinserción se retroalimentan, posicionando las prisiones no como perpetuadoras del crimen organizado, sino como catalizadores de su erosión estructural.

Casos nacionales: Italia, Países Bajos, Francia, Reino Unido

En Italia, la experiencia se ha centrado en la lucha contra mafias tradicionales como la ‘Ndrangheta, la Cosa Nostra y la Camorra, cuyos líderes y miembros habitualmente intentan mantener el control desde prisiones de alta seguridad. El sistema italiano ha desarrollado unidades penitenciarias especializadas, protocolos intensivos de inteligencia y transferencia de internos para romper cadenas de mando. Además, la colaboración con la policía penal y servicios de inteligencia se considera esencial para rastrear flujos económicos y comunicaciones ilícitas. Esta experiencia ha sido protagonista en foros como el OCP, aportando casos prácticos de gestión estratégica y cooperación interinstitucional.

En Países Bajos, el enfoque se caracteriza por una gestión altamente tecnificada y profesionalizada, con énfasis en la digitalización y el uso de plataformas interinstitucionales para la inteligencia penitenciaria. El sistema holandés trabaja con programas especializados de “salida” o “exit” para miembros de bandas criminales que buscan desvincularse, integrando estos procesos con la probación comunitaria y los servicios sociales. Su experiencia evidencia un equilibrio entre alta seguridad y programas de rehabilitación, apoyada en la colaboración internacional y el intercambio de datos con agencias europeas.

Francia enfrenta desafíos específicos con bandas internacionales que operan en grandes áreas urbanas y que despliegan estructuras complejas tanto dentro como fuera de cárceles. La cooperación penitenciaria francesa ha fortalecido la integración policial-penitenciaria y el uso de tecnologías avanzadas, priorizando la protección del personal y el control de comunicaciones ilícitas. Francia también se distingue por su participación activa en iniciativas europeas de formación y estándares comunes, así como por la movilidad intraeuropea de internos para gestión estratégica.

El Reino Unido, en su transición pos-Brexit, ha reforzado sus protocolos internos con fuertes inversiones tecnológicas y legislativas que buscan prevenir excarcelaciones erróneas y aumentar la transparencia y rendición de cuentas. Con un sistema penitenciario fragmentado pero innovador, ha desarrollado plataformas digitales para integración de datos y evaluación de riesgos, así como un sistema de vigilancia y control basado en análisis predictivo. La cooperación con Europa y Estados Unidos sigue siendo activa en ámbitos prioritarios como la inteligencia antiterrorista y la lucha contra bandas transnacionales.

En resumen, estos cuatro países ejemplifican diversos grados y modelos de cooperación penitenciaria e inteligencia contra el crimen organizado, que oscilan entre enfoques cuasi militares de control y programas integrados de reinserción, pero todos coinciden en la necesidad de cooperación transnacional e intercambio de inteligencia para enfrentar amenazas que trascienden fronteras. Sus experiencias enriquecen la agenda común europea al aportar buenas prácticas y evidencias operativas frente a un fenómeno en constante complejización y mutación.

 Derechos humanos y estándares del Consejo de Europa

La cooperación penitenciaria y la inteligencia penitenciaria en el contexto europeo y transnacional están cada vez más integradas en un entramado complejo y sofisticado que trasciende las fronteras nacionales, entendiendo las prisiones como puntos neurálgicos en la lucha contra el crimen organizado. Programas pioneros como EL PAcCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado), financiado por la Unión Europea, ejemplifican esta dinámica al incluir de manera innovadora a las administraciones penitenciarias en la cadena penal internacional, fortaleciendo así la cooperación entre diferentes actores como fuerzas policiales, fiscalías, y organismos judiciales y penitenciarios. En este sentido, EL PAcCTO ha facilitado la creación de redes de trabajo específicas, tales como la Red de Cooperación Penitenciaria (REDCOPEN) y la Red de Academias Penitenciarias Birregional (RAP), que permiten un intercambio constante de información, formación conjunta y desarrollo de buenas prácticas contra las infiltraciones del crimen organizado en el sistema penitenciario europeo y latinoamericano.

Este programa ha marcado un precedente estratégico al involucrar a los sistemas penitenciarios no solo como espacios de control y custodia, sino como actores activos en la inteligencia criminal y la prevención de la radicalización, el reclutamiento y la corrupción dentro de las cárceles. La cooperación interinstitucional promovida incluye la creación de Equipos Multidisciplinares Especializados (EMEs) y Comités Técnicos Interinstitucionales (CTIs) en países latinoamericanos, que coordinan esfuerzos sobre la inteligencia penitenciaria, así como la implementación de medidas alternativas a la privación de libertad. A nivel europeo, EuroPris desempeña un papel de articulación clave, impulsando plataformas para evaluar el riesgo de infiltración del crimen organizado en las prisiones y promoviendo la formación y desarrollo profesional del personal penitenciario para afrontar estos retos.

La dimensión internacional de esta cooperación se refleja también en los esfuerzos para armonizar normativas y estrategias, respetando estándares de derechos humanos y promoviendo la transparencia y el control judicial. Esta integración permite abordar problemáticas comunes como el tráfico de drogas, el lavado de activos, la trata de personas y la ciberdelincuencia, articulando respuestas coordinadas que aumentan la eficacia y reducen las vulnerabilidades. En definitiva, la cooperación penitenciaria europea, combinada con los esfuerzos multilaterales con América Latina y otras regiones, está consolidando un paradigma avanzado en la lucha contra el crimen organizado: uno en el que la inteligencia penitenciaria se convierte en una herramienta preventiva y estratégica, exaltando el valor del trabajo conjunto entre instituciones para proteger la seguridad ciudadana a nivel global.

 

Futuro inmediato: una revolución tecnológica en cárceles Europeas 

Las políticas europeas contra el crimen organizado en prisiones se encuadran en un marco normativo riguroso definido por el Consejo de Europa, particularmente a través del Consejo para la Cooperación Penológica (PCCP), que actúa como foro intergubernamental para armonizar estándares penitenciarios y promover recomendaciones vinculantes sobre el tratamiento de internos de alto riesgo. Documentos clave como las Reglas Penitenciarias Europeas (Comentario a la Regla 106) y los trabajos de EuroPris enfatizan que las medidas de alta seguridad —aislamiento relativo, vigilancia intensiva y restricciones de comunicación— deben cumplir criterios de proporcionalidad estricta, limitándose a amenazas concretas e inminentes sin convertirse en castigos indefinidos. Estas directrices exigen revisiones periódicas independientes, acceso a recursos legales y salvaguardas contra el aislamiento prolongado que pueda derivar en deterioro mental, alineándose con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en casos como Varga y más otros c. Hungría o Muršić v. Croacia, que invalidan regímenes opacos por vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.​

La proporcionalidad de estas medidas se evalúa mediante un test tripartito: necesidad absoluta para la seguridad pública, duración mínima indispensable y alternativas viables como programas de “exit” o traslados intraeuropeos bajo la Decisión Marco 2008/909/JAI. El PCCP ha impulsado guías operativas para equilibrar control con rehabilitación, recomendando comités de revisión multidisciplinares con participación de observadores independientes (ONG, defensores del pueblo) y mecanismos de recurso efectivo ante tribunales nacionales. EuroPris complementa este marco con fichas temáticas sobre crimen organizado intramuros, que detallan protocolos para el uso de inteligencia penitenciaria sin derivar en vigilancia masiva indiscriminada, incorporando principios de minimización de datos y borrado automático conforme al RGPD adaptado a entornos carcelarios.​

No obstante, persisten debates sobre el control judicial efectivo de medidas excepcionales como el régimen 41 bis italiano o equivalentes neerlandeses, criticados por el TEDH por falta de transparencia en evaluaciones de riesgo y escasa participación de la defensa. Las salvaguardas procesales incluyen audiencias motivadas, contradicción de pruebas y plazos perentorios para revisiones, mientras que mecanismos independientes como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) realizan inspecciones aleatorias y emiten informes públicos que obligan a reformas estructurales. Este escrutinio garantiza que la lucha contra redes criminales no socave los pilares del Estado de derecho, posicionando las prisiones como espacios de custodia segura pero inherentemente respetuosos de la dignidad humana