Expedientes disciplinarios en prisión

El máximo por una sola falta es de catorce días, conforme al artículo 42 de la LOGP y al artículo 111 del RD 1201/1981. Cuando concurren varias sanciones, el artículo 236 del Reglamento fija un tope de cuarenta y dos días consecutivos y nunca más del triple de la sanción más grave. Todo aislamiento superior a catorce días necesita aprobación judicial para ser ejecutivo; si no consta, la ejecución es impugnable.

Lo primero es anotar la fecha exacta de la notificación. El plazo para presentar descargos es de tres días desde la recepción, por escrito o verbalmente ante el instructor. En esa fase también se propone la prueba, y lo que no se pide entonces es mucho más difícil de recuperar.

Sí. El artículo 242 del Reglamento Penitenciario reconoce el derecho del interno a asesorarse en el trámite de descargos, y ese asesoramiento puede prestarlo un abogado, un funcionario o el interno que designe. Si no conoce el castellano, puede solicitar intérprete. La asistencia letrada es especialmente relevante al discutir la calificación jurídica, al proponer prueba y en la fase de recurso.

No lo impide automáticamente, pero es un factor de peso. La clasificación se decide valorando la evolución del interno, y una sanción reciente sin cancelar suele traducirse en informes desfavorables y en el mantenimiento en segundo grado. Cuanto más grave y más próxima en el tiempo, mayor será su influencia. Por eso conviene defenderse en el expediente y controlar los plazos del artículo 260.

El artículo 154 del Reglamento exige, entre otros requisitos, no observar mala conducta y contar con informe del Equipo Técnico. Una sanción viva en el expediente es el argumento habitual para sostener que ese requisito no se cumple. Un parte por falta grave o muy grave puede bloquear los permisos durante meses, aunque el resto de requisitos objetivos estén cubiertos.

Sí. El artículo 248 del Reglamento permite recurrir verbalmente en el acto de la notificación o por escrito en los cinco días hábiles siguientes. Se dirige al órgano judicial de vigilancia penitenciaria, hoy Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia. Con carácter general la sanción no se ejecuta mientras el recurso está pendiente.

Según el artículo 260 del Reglamento, las anotaciones se cancelan a los seis meses en las faltas muy graves, a los tres meses en las graves y al mes en las leves, desde el cumplimiento de la sanción. La condición es no incurrir en nueva falta grave o muy grave en ese periodo. Conviene comprobar que la cancelación se ha practicado antes de pedir un permiso.

El artículo 246 del Reglamento establece un plazo máximo de tres meses desde la iniciación para dictar el acuerdo sancionador. Transcurrido sin resolución, opera la caducidad del procedimiento. Es una cuestión que revisamos siempre: los retrasos no son infrecuentes y pueden invalidar el expediente completo.