Evitar la expulsión por arraigo

El artículo 89 del Código Penal dice que no procede sustituir la pena por la expulsión cuando esta resulte desproporcionada. Y ordena mirar las circunstancias del hecho y las personales del autor, «en particular su arraigo en España».

Esa frase es la puerta de entrada de toda la defensa. No es un favor: es un mandato de la ley. Si el tribunal no lo valora, la resolución es atacable.

En la vía administrativa pasa algo parecido. El Tribunal Supremo ha consolidado que la expulsión del artículo 57.2 de la ley de extranjería no es automática: una condena no obliga a expulsar. La Administración debe motivar, individualizar y ponderar tus circunstancias personales y familiares. Así lo recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de septiembre de 2023, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Si la resolución solo cita tu condena y no explica por qué tu situación familiar cede ante el interés público, esa falta de motivación es un motivo de recurso.

Cuando hay niños de por medio entra en juego un principio de máxima fuerza: el interés superior del menor. Está en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 39 de la Constitución y en la Ley Orgánica 1/1996.

No es un escudo automático: tener un hijo no impide por sí solo una expulsión. Pero obliga a valorar qué pasaría con ese niño. ¿Se quedaría sin uno de sus padres? ¿Tendría que salir del país donde nació y estudia?

Lo que decide el caso es la relación real: convivencia, cuidado diario, apoyo económico y presencia en el colegio y en el médico.

Si tienes residencia de larga duración, tu posición es más fuerte. El artículo 57.5 de la ley de extranjería limita la expulsión de este colectivo y obliga a valorar antes el tiempo de residencia, los vínculos creados, la edad, las consecuencias para la familia y los vínculos con el país de destino.

Esa exigencia viene del artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE, que solo permite expulsar a un residente de larga duración cuando represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, y prohíbe hacerlo por razones económicas.

Muchas resoluciones dicen que «se han valorado» esas circunstancias, sin explicar cómo. Los tribunales han anulado expulsiones por eso.

Que la expulsión esté acordada no significa que todo esté cerrado. Los plazos, eso sí, son cortos.

Cada expulsión es una historia distinta. No damos respuestas de manual: estudiamos tu caso, tus documentos y tus plazos.

Atendemos 24 horas y en varios idiomas: estos avisos no llegan en horario de oficina, y explicarse en la propia lengua evita errores. Estamos en la calle Aribau 205, 2º, de Barcelona, y trabajamos en toda España.

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