Permisos de salida penitenciarios

Los permisos de salida son autorizaciones temporales para abandonar el centro penitenciario sin que ello suponga el cese de la condena. Están regulados en los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LO 1/1979) y desarrollados en los artículos 154 a 162 del Reglamento Penitenciario (RD 190/1996).

Su finalidad no es premiar la buena conducta, aunque a menudo se perciba así. La ley los configura como preparación para la vida en libertad: sirven para mantener y reconstruir vínculos familiares, gestionar trámites, buscar trabajo y comprobar, de forma gradual y controlada, cómo responde la persona fuera del entorno penitenciario. Cada permiso disfrutado sin incidencias es, además, un elemento objetivo que sostiene solicitudes posteriores de tercer grado y de libertad condicional.

El Reglamento distingue tres figuras que conviene no confundir: los permisos ordinarios (art. 154 RP), de preparación para la reinserción y con límite de días al año; los permisos extraordinarios (art. 155 RP), que responden a causas humanitarias o sanitarias sobrevenidas; y las salidas programadas (art. 114 RP), actividades específicas de tratamiento que no computan dentro del cupo anual.

Los permisos extraordinarios (arts. 47.1 LOGP y 155 RP) responden a situaciones sobrevenidas y no exigen haber cumplido la cuarta parte de la condena ni estar clasificado en un grado determinado.

La ley contempla expresamente el fallecimiento o enfermedad grave de padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con el interno; el alumbramiento de la esposa o pareja; otros importantes y comprobados motivos, cláusula abierta que ha permitido amparar comparecencias inaplazables o crisis familiares graves debidamente acreditadas; las consultas médicas ambulatorias extrahospitalarias, con una duración máxima de 12 horas; y los ingresos hospitalarios, hasta 2 días, prorrogables.

Se conceden con las medidas de seguridad adecuadas, que pueden incluir custodia. En primer grado, el permiso extraordinario requiere autorización expresa del Juez de Vigilancia Penitenciaria. En casos de urgencia, el Director del centro puede autorizarlo previa consulta al Centro Directivo (art. 161 RP), una vía que permite reaccionar en cuestión de horas.

El artículo 158 RP añade dos reglas: la concesión de un permiso extraordinario no excluye los ordinarios en segundo o tercer grado, y no se concederá un extraordinario cuando el supuesto permita tramitarse como ordinario. Plantear mal la vía es uno de los errores que con más frecuencia acaba en denegación.

Muchos de estos motivos son reversibles con trabajo previo: acreditar un domicilio, aportar contrato o compromiso laboral, documentar la asistencia a un programa, o justificar pagos parciales de la responsabilidad civil cambia el sustrato fáctico sobre el que se resuelve.

La no reincorporación puede constituir delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.1 CP, castigado con prisión de seis meses a un año cuando el sujeto estuviera privado de libertad. El Tribunal Supremo unificó criterio en su sentencia 50/2020, de 14 de febrero. Un retraso breve y justificado no equivale automáticamente a quebrantamiento penal, pero sí puede acarrear consecuencias disciplinarias y de tratamiento. Si ha ocurrido, lo prioritario es contactar con un abogado antes de dar cualquier paso.