Traslado de centro penitenciario

El artículo 31 del Reglamento Penitenciario es claro: el centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir la clasificación y el destino de los reclusos. Ordena los traslados a partir de las propuestas de las Juntas de Tratamiento o, en su caso, del Director o del Consejo de Dirección.

El mismo artículo añade una garantía: los traslados se notifican al Juez de Vigilancia Penitenciaria si se trata de penados, y a la autoridad judicial a cuya disposición estén si son detenidos o presos. La conducción material corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según el artículo 32 del Reglamento, con intervención de las policías autonómicas en su ámbito.

¿Con qué criterios se decide? La Administración pondera:

Ese último punto es el que se juega en el escrito: un arraigo alegado sin documentar pesa poco.

El artículo 79 de la Ley General Penitenciaria atribuye la dirección de las instituciones penitenciarias al Estado, salvo respecto de las Comunidades Autónomas que hayan asumido en sus Estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria. Eso ha ocurrido en dos territorios.

En Catalunya, la Generalitat las ejerce a través del Departament de Justícia: el centro directivo es autonómico. En el País Vasco, el traspaso se materializó por el Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, y desde entonces gestiona el Gobierno Vasco. En el resto del Estado, el centro directivo es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La consecuencia práctica importa. Un traslado dentro de Catalunya lo resuelve un único centro directivo. Un traslado entre administraciones exige la intervención de dos: el de origen debe darle salida y el de destino aceptar la plaza. Por eso tardan más y se atascan con facilidad.

Conviene presentar la solicitud donde toca y seguirla en ambos lados. Un escrito impecable dirigido al órgano equivocado es tiempo perdido.

Una denegación no cierra el asunto. Hay varias vías, y no son excluyentes.

Vía administrativa. La resolución del centro directivo es un acto administrativo y admite el recurso que corresponda ante el órgano superior, con posterior acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Queja ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria. El artículo 76.2.g de la Ley General Penitenciaria le permite acordar lo que proceda sobre las quejas relativas al régimen y al tratamiento penitenciario, cuando afecten a derechos fundamentales o a derechos y beneficios penitenciarios. Los juzgados son prudentes al revisar destinos, porque la competencia es del centro directivo, pero sí valoran la motivación.

Recursos frente al auto del Juez de Vigilancia. Aquí manda la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial: cabe reforma en el plazo de tres días ante el mismo juez y apelación en el plazo de cinco días, sin necesidad de haber interpuesto antes la reforma. En materia de régimen penitenciario, la apelación se sustancia ante la Audiencia Provincial.

Este es el punto que más se subestima. Los permisos, la progresión a tercer grado y la libertad condicional se valoran atendiendo, entre otros factores, al arraigo: si hay domicilio donde ir, familia que acoja y red de apoyo. Y eso se acredita con la vida mantenida durante el cumplimiento.

Quien recibe visitas con regularidad y tiene un domicilio familiar cercano llega a esas valoraciones con un expediente sólido. Quien lleva años aislado a seiscientos kilómetros llega con un vacío difícil de rellenar a última hora.

Por eso conviene no esperar. Pedir el traslado pronto es preparar el terreno para los permisos de salida y para el tercer grado.