Libertad condicional

El artículo 90.1 exige tres requisitos que deben concurrir de forma acumulativa:

Además, el juez valora la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito, su conducta durante el cumplimiento y su situación familiar y social.

Hay un punto que sorprende a muchas familias: la responsabilidad civil. El artículo 90.1 dispone que no se concederá la suspensión si el penado no la ha satisfecho, conforme a los criterios del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. No se exige siempre el pago íntegro, pero sí un esfuerzo reparador acreditado. El artículo 90.4 permite además denegarla cuando se facilite información inexacta sobre el patrimonio.

El mismo artículo 90.2 contempla un adelantamiento adicional. Una vez extinguida la mitad de la condena, permite adelantar la concesión respecto del plazo de las dos terceras partes hasta un máximo de noventa días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo.

No es automático. La ley exige acreditar, además de los requisitos anteriores, la participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o en programas de tratamiento o desintoxicación, según los casos.

Existe además un supuesto distinto en el artículo 90.3: quienes estén cumpliendo su primera condena de prisión, cuando esta no supere los tres años, pueden acceder al extinguir la mitad de la condena, si concurren los demás requisitos. Se excluyen los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

Es la duda que más nos plantean por teléfono. Son dos cosas distintas y consecutivas.

El tercer grado es un grado de clasificación penitenciaria. El interno sigue cumpliendo condena y vinculado a un centro: normalmente pernocta en un Centro de Inserción Social o acude con la periodicidad que se le fije, y depende de la Administración penitenciaria, con control judicial posterior.

La libertad condicional es una suspensión de la ejecución del resto de la pena, que decide un órgano judicial. El penado vive en su domicilio, sujeto al plazo de suspensión y a las condiciones impuestas, con seguimiento de los servicios sociales penitenciarios.

La relación entre ambas es directa: el artículo 192 del Reglamento Penitenciario establece que los penados clasificados en tercer grado que reúnan los demás requisitos del Código Penal cumplirán el resto de su condena en libertad condicional. El tercer grado es la puerta de entrada.

La libertad condicional puede revocarse. El artículo 90.5 remite al régimen general de la suspensión, en particular a los artículos 83, 86 y 87, de modo que cabe la revocación cuando el penado comete un nuevo delito durante el plazo, incumple de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes impuestos o elude el control de los servicios de gestión de penas.

La consecuencia es dura: se ejecuta la parte de pena pendiente y el tiempo transcurrido en libertad condicional no se computa como cumplimiento. Por eso insistimos en que las condiciones se entiendan bien desde el primer día.

Frente a una propuesta de revocación hay margen de defensa: acreditar la causa real del incumplimiento, aportar informes de continuidad en tratamiento o de estabilidad laboral y proponer la modificación de las reglas de conducta como alternativa.